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Activistas exigen salida de Facundo Rosas
Un conglomerado de organizaciones acusó irregularidades en la investigación sobre la muerte del menor, imparcialidad de la CNDH y la CDH de Puebla, y edición de los videos presentados.
Un grupo de Organizaciones civiles de la Sociedad demandaron la destitución del secretario de Seguridad Pública Facundo Rosas Rosas por los hechos ocurridos el 9 de julio en la carretera Puebla-Atlixco durante una manifestación y en la que murió un menor de edad.
En conferencia de prensa conjunta, activistas como Daniel Gershenson de Al Consumidor; Simón Hernández, abogado del Centro de Derechos Humanos; Miguel Agustín de Pro Juárez; Leopoldo Maldonado de Artículo 19; Misraim Hernández del Contingente Puebla, entre otros, solicitaron también una comisión de expertos en el caso Chalchihuapan y una inmediata abrogación de la llamada Ley Bala.
En la última semana, el Gobierno del Estado de Puebla cayó en contradicciones al informar lo ocurrido durante la manifestación de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, donde fueron lesionados varios manifestantes y produjo la muerte días después de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, argumentaron.
Asimismo, el contingente de organizaciones exhibió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla ya había reportado con anterioridad el uso de balas de goma, esto en la Recomendación 60/2011 durante el desalojo de un predio ubicado en la ex Hacienda de Atlamaxac, en el municipio de Chignahuapan, en diciembre del 2011. Sin embargo, mediante un comunicado circulado por la propia dependencia, intentó cambiar los hechos demostrados por sus propios peritos. También hubo reportes del uso de balas de goma en el expediente 5574/2009-C, recomendación 29/2010.
A su vez, los activistas denunciaron que existe un conflicto de interés por parte de Juan Carlos Piña Kurczyn, quien ahora funge como Sexto Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya que trabajó como secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública estatal. A ello cabría agregar que la CNDH es corresponsable de las consecuencias fatales ocasionadas por la aplicación de la llamada Ley Bala, toda vez que ha brindado públicamente su aval señalando que ésta es constitucional y convencional sin fundar de manera clara y detallada su posición.
Los activistas aseguraron que el procurador de Puebla, en un afán por defender al gobierno de Rafael Moreno Valle, ha esgrimido versiones contradictorias sobre las causas de la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo; pues en un principio el propio gobernador dijo que habían utilizado al menor como escudo humano . Posteriormente, el procurador afirmó que la muerte no se debió a disparos de balas de goma sino a un explosivo que traían los manifestantes.
Cuando cuestionaron al procurador sobre la inexistencia de pólvora en la herida mortal, documentada en el primer certificado médico, respondió que el traumatismo craneoencefálico lo produjo la ola expansiva del cohetón.
La falta de seriedad en las investigaciones se profundiza ante el afán del gobierno poblano de realizar un litigio en los medios... Con videos editados, versiones contradictorias y parciales, e imputaciones a las víctimas , acusaron.
Exigieron que, ante la falta de garantías de imparcialidad, de independencia en las investigaciones tanto de la Procuraduría local como la Comisión Estatal y la Nacional de Derechos Humanos, sean expertos independientes quienes realicen las investigaciones y peritajes a fin de llegar a la verdad de los hechos.