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Política

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Acuerdan reparación del daño para dos indígenas

La Segob informó que el Estado mexicano dio a conocer en la sede de la CIDH un acuerdo de solución amistosa en el caso Santiago Sánchez Silvestre y Juan García Cruz, indígenas acusados de delincuencia y vínculos con grupos subversivos que fueron torturados durante su proceso judicial.

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que el Estado mexicano dio a conocer en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un acuerdo de solución amistosa en el caso Santiago Sánchez Silvestre y Juan García Cruz, indígenas acusados de delincuencia y vínculos con grupos subversivos que fueron torturados durante su proceso judicial.

La subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, manifestó que la celebración del acuerdo de solución amistosa en ese caso es un acto inédito, porque es la primera vez que el Estado mexicano firma un convenio de este tipo ante la Corte Interamericana.

Santiago Sánchez Silvestre, mixteco originario de Oaxaca, y Juan García Cruz, nahua oriundo de Puebla, fueron detenidos en 1997 por supuestamente estar vinculados con el Ejército Popular Revolucionario. Fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas durante su detención y a un juicio plagado de irregularidades. Actualmente, cumplen una sentencia de 40 años, acusados de homicidio y delincuencia organizada.

Lía Limón afirmó que este acuerdo demuestra la importancia que para México tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Especificó que el acuerdo tiene el objetivo de reparar integralmente a las víctimas del mismo, quienes sufrieron diversas violaciones a sus derechos humanos en 1997.

Lía Limón consideró que ello refleja el compromiso que ha asumido el país para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, el cual se ha convertido en una política de Estado, a pesar de que algunos de los hechos del caso ocurrieron con anterioridad al reconocimiento que hizo el Estado mexicano de la competencia contenciosa de la CIDH.

jmonroy@eleconomista.com.mx

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