Acuerdo por la democracia, una forma de incidir en comicios: expertos

Expertos coincidieron en que es necesario reforzar la vigilancia sobre las leyes electorales, en especial la no intervención de funcionarios públicos en el proceso electoral en marcha, no obstante, el convenio convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador hacia los gobernadores, para no intervenir en los comicios, puede ser también redituable en materia electoral para el partido del mandatario.

“Es absurdo” el convenio denominado como “acuerdo nacional en favor de la democracia” ya que existe la ley electoral y lo que los gobernantes tienen que hacer es “cumplirla, aplicarla, no transgredirla”, afirmó el analista político e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Crespo.

“Ahí está la ley. Ahí está lo que permite, lo que no permite (...) con que cumplan la ley, ya. No se requiere de un pacto distinto, ahí está la ley".

“Lo que nos dicen con los acuerdos y pactos de civilidad es que el cumplimiento de la ley, por lo menos electoral y que tiene que ver con las elecciones, es discrecional por parte de los gobernantes. Es discrecional. ‘Si queremos la cumplimos y si no, no y no pasa nada, pero bueno vamos a hacer el compromiso de sí cumplirla’. Ese es el mensaje: la ley electoral en México es discrecional, no es obligatoria”, añadió.

Para José Fernández Santillán, académico del Tecnológico de Monterrey, sí se requiere que el presidente de la República y los gobernadores suscriban el referido acuerdo para evitar enfrentamientos entre los actores políticos rumbo a los comicios más grandes en la historia del país para renovar la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas, entre otros más de 21,000 cargos de elección popular en disputa.

“En condiciones normales bastaría con la aplicación de la ley para que no hubiera necesidad de acuerdo, pero en vista del comportamiento belicoso, de confrontación del presidente, sí es necesario para no ir a elecciones en las cuales el enfrentamiento sea la norma”, opinó.

Marcar la agenda

Por su parte, Salvador Mora Velázquez, especialista en procesos electorales de la UNAM, recordó que gran parte de las peticiones realizadas por el presidente en su acuerdo ya son tutelados por la ley por lo que, dijo, se podrían entender que con dichas peticiones el mandatario trata de marcar su agenda y posicionarse en las próximas elecciones.

“El señalamiento es más una amenaza. En su momento el presidente dijo que se iba a convertir en un vigilante (del proceso electoral) para que no hubiera fraudes, ¿qué está esperando como fraudes? ¿Está esperando a que el resultado electoral no le favorezca? Porque creo que es la tendencia que hemos visto en los últimos meses: lo que no le favorece representa una férrea oposición”, consideró el experto.

El analista agregó que focalizar el tema electoral con los gobernadores es un claro discurso político para “incidir nuevamente, indirectamente, en el proceso electoral, señalando que si el resultado no le favorece automáticamente para él será un signo de que probablemente hubo fraude”.

Además, consideró que existe una “falsa neutralidad”, pues “ahora tenemos un presidente que juega con el discurso de denunciar la violencia, la corrupción y el desvío de recursos (...) esto es un fraseo que en nada tiene que ver en los gobiernos estatales, puesto que muchos de estos elementos ya forman parte de la competencia de la autoridad federal, en cuanto a perseguirlos por la justicia. Ya incluso están en la Constitución”, destacó.

Llamado a la unidad

Por otro lado, María Marván, exconsejera del IFE, opinó que debido a los antecedentes del presidente con los mandatarios locales, es difícil pensar que en estos momentos le interese llamar a una unidad.

“El presidente nunca ha llamado a la unión; ahora habla de relación horizontal con los gobernadores en un pretendido respeto a que la autoridad, autónoma de él, que tienen los gobernadores para convocarlos a tener una actitud democrática en las elecciones, pero realmente es difícil pensar a que este presidente le interesa la unida”, enfatizó.

Y luego de calificar el llamado como un acto político, la académica también consideró que se debe analizar si el compromiso a no interferir en las elecciones también vendrá del propio presidente o si simplemente quiere controlar a los gobernadores para que él pueda actuar de una manera mucho más libre.

La mañana del 23 de febrero pasado, López Obrador propuso a los mandatarios de las 32 entidades federativas del país el acuerdo nacional en favor de la democracia.

A la fecha, las y los 32 mandatarios locales ya han dado su aval al acuerdo promovido por el presidente López Obrador.

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