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Advierte grupo de la ONU por abuso en prisión de oficio
Las detenciones arbitrarias es otra de las situaciones calificada por los expertos como preocupante en el país.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria reveló que más de 90,000 personas, en 2022, se encontraban en prisión sin haber recibido una sentencia definitiva, y alrededor del 50% de estos presos estaban bajo detención preventiva oficiosa, una medida que ha sido calificada como excesivamente prolongada.
En el informe realizado a partir de su visita a México, el grupo subrayó que la prisión preventiva oficiosa ha llevado a que algunas personas permanezcan en reclusión por más de cinco años sin un juicio. Esta figura legal, que permite la detención sin sentencia mientras se resuelve el caso, ha contribuido, según su análisis, a que exista una población penitenciaria cercana a los 230,000 reclusos en julio de 2023, en la República.
También se calificó de “preocupante” esta situación y se destacó que la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en el país. Además, se detalló que la falta de una adecuada regulación y control ha permitido que el arraigo y la prisión preventiva oficiosa violen el derecho a la libertad, según el reporte.
El Grupo de Trabajo es consciente de que la detención preventiva oficiosa ha sido identificada como una violación del derecho a la libertad personal y puede potencialmente socavar otros derechos, como la presunción de inocencia, la integridad personal, la independencia judicial y la igualdad ante la ley. La prisión preventiva oficiosa ha sido considerada una violación de los derechos humanos en varias opiniones del Grupo de Trabajo, incluido en el contexto mexicano”, denunció el organismo.
Fuerzas Armadas
Por otro lado, habló de que el hecho de que 100,000 soldados estén involucrados en tareas policiales y de control migratorio ha estado estrechamente vinculado con el aumento de la violencia contra las personas detenidas, así como con reportes de desapariciones y homicidios.
“A menudo se infligen palizas y torturas para obtener confesiones. Las personas detenidas a veces se ven obligadas a dar información sobre otros presuntos sospechosos o posibles pruebas, y los malos tratos también se utilizan como forma de humillación y castigo”, explicó el Grupo.
Un sistema punitivo
Otro aspecto que destacó el informe es la brecha entre las normativas y su aplicación. Se indicó que, a pesar de las reformas, persisten prácticas que vulneran el derecho a un juicio justo. Un ejemplo claro es la extensión del concepto de flagrancia y la flagrancia por señalamiento, lo que permite detenciones arbitrarias sin suficientes garantías legales.
Además, se destacó que, según datos de la Encuesta Nacional de Personas Privadas de la Libertad 2021, el 23% de los arrestos en México se realizaron sin una orden judicial y más del 40% de los encuestados afirmaron haber sido acusados falsamente de cometer delitos.
El Grupo de Trabajo también hizo un llamado urgente a las autoridades mexicanas para mejorar las condiciones de las personas más vulnerables.
La discriminación y violencia contra pueblos indígenas, que a menudo son detenidos por ejercer sus derechos, es una preocupación más, al igual que la detención de migrantes más allá de los límites legales, con casos documentados de extorsión y sobornos por parte de las autoridades, se refirió en el reporte.
