Advierten alza en violencia por tala ilegal

La organización internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas (Indigenous Peoples Rights International) advirtió sobre el incremento de la violencia contra las comunidades indígenas y personas defensoras de tierra y territorio en la sierra de Tarahumara, en el estado de Chihuahua, debido a la creciente tala ilegal que se realiza en la zona. 

Al presentar la campaña “Lucha Resistencia y Bosque”, que exige al gobierno federal la aplicación de un plan de acción integral que ponga fin a la tala ilegal en la Sierra Tarahumara, la organización internacional subrayó que los pueblos originarios de la región han denunciado que la tala ilegal se intensificó desde 2015 y en los últimos 8 meses se ha agravado.

“Actualmente no existe un plan de acción integral que evite la tala ilegal en los bosques de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, las acciones que han realizado los gobiernos municipales, estatales y federales no son suficientes ya que se encuentran implicados múltiples intereses económicos y políticos de los que las autoridades no tienen un control adecuado”, advirtieron.

Por ello, también llamaron al gobierno de Chihuahua a que adopte acciones urgentes para frenar inmediatamente la extracción ilegal de madera y garantizar medidas de seguridad idóneas para las personas que viven desplazamiento forzado.

“Redes de complicidad”

En este contexto, Citlalli Hernández Saad, Coordinadora Nacional de IPR, denunció que la tala ilegal no sólo se realiza por un grupo criminal, sino que se efectuá de la mano de redes de complicidad de funcionarios de distintos niveles de gobierno, lo que se da por omisiones o violencia

“Es urgente frenar la tala ilegal en la Sierra Tarahumara debido al daño ambiental, el desplazamiento forzado interno, los asesinatos y las múltiples e irreparables violaciones a derechos humanos como la autonomía, la libre determinación, la consulta libre, previa e informada, los derechos a vivir en comunidad”, añadió la organización.

Asimismo, se recordó que desde 1966 al menos 22 personas fueron asesinadas por defender el bosque y el territorio de la zona, mientra que la devastación no sólo afecta a las comunidades indígenas, sino también a las personas habitantes locales, a la agricultura, las ciudades y a quienes se benefician del agua de las partes bajas de las cuencas del Río Grande y del Pacífico.

maritza.perez@eleconomista.mx