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Alertan de barreras en acceso a datos por violaciones graves
El organismo internacional precisó que las dependencias no entregan información de manera recurrente bajo el argumento de que pertenece al área de Seguridad Nacional.
Soldiers assigned to the National Guard are seen while giving protection for the caravan of relatives on their journey to bury Miller-Lebaron, Langford and their children in Bavispe
En el marco del Día Internacional del Acceso a la Información Pública, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que en México persisten obstáculos para acceder a información relacionada con graves violaciones de derechos, además del uso arbitrario de la protección de datos personales en archivos históricos y la interposición de excepciones referidas a la seguridad nacional que han dificultado el acceso a la información.
Al publicar su informe temático: “Derecho a la Información y Seguridad Nacional”, que aborda los obstáculos legales existentes en la región (América) para armonizar la circulación de información de interés público, la CIDH expresó que ante este escenario, garantizar el acceso a los archivos militares o de agencias de seguridad, referidas a violaciones a los derechos humanos, así como establecer políticas archivísticas especiales para la defensa de los derechos humanos, sigue como un asunto crítico pendiente en México.
El estudio de la Comisión recordó que durante la visita conjunta realizada al país en 2017, los relatores especiales sobre libertad de expresión de la ONU y la CIDH documentaron la determinación de confidencialidad —hasta por 70 años— de documentos que no han sido catalogados como documentos históricos.
Se puntualizó que hay desafíos derivados del marco jurídico y la regulación de las excepciones basadas en razones de Seguridad Nacional, las cuales tienen una falta de claridad y precisión en el marco legal.
Y es que aunque el concepto de Seguridad Nacional se encuentra definido en la Ley de Seguridad Nacional, se dijo que de acuerdo con la información recibida, la ambigüedad de la definición ha derivado en “justificaciones muy amplias para no entregar información” relacionada con el presupuesto militar, personas desaparecidas, cifras sobre víctimas de delitos y las acciones del Estado en el marco de las políticas contra el narcotráfico, entre otras.
“En consecuencia, se confiere un amplio margen de discrecionalidad a la administración para incluir información de interés público en este tipo de categorías y, de ese modo, impedir su divulgación”, enfatizó el organismo internacional.
En últimos cuatro años, se añadió, las ONG han denunciado de forma recurrente a la CIDH conflictos entre las leyes de acceso a la información y las de Seguridad Nacional, inteligencia o de archivos.
