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Alertan por violencia y simulación en proceso electoral
Organizaciones advirtieron que las crisis internas que se han hecho evidentes en el INE y el TEPJF son un foco rojo para el actual proceso electoral.
Organizaciones civiles alertaron sobre cuatro riesgos en el actual proceso electoral: las precampañas fueron una simulación; las autoridades electorales (TEPJF e INE) enfrentan crisis internas que minan su legitimidad; los partidos políticos están dispuestos a pagar sanciones monetarias por el rédito electoral; y diversos tipos de violencia amenazan a políticos y el ejercicio de derechos político-electorales.
En el informe “Integridad Electoral para el Proceso Electoral 2023-2024”, más de 30 organizaciones integrantes del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE), entre las que están Causa en Común, Voto Informado y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, entre otras, señalaron que es preocupante que no se hayan tomado medidas para atender la inequidad ocasionada por el arranque anticipado del proceso electoral.
Y es que recordaron que, aunque se llevaron a cabo precampañas, en ninguno de los partidos hubo una competencia interna.
Sobre las autoridades electorales, se indicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha logrado alcanzar los consensos necesarios para designar a los titulares de las Direcciones Ejecutivas y de la Junta General Ejecutiva y su designación por parte de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, supone un amplio margen de discrecionalidad que contraviene la naturaleza colegiada del Consejo General.
Mientras que el cambio de presidencia, en medio del proceso electoral, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), es una situación que atenta contra la estabilidad y legitimidad de la institución y, en este sentido, contra la certidumbre del proceso electoral.
Multas y violencia
Por otro lado, las organizaciones también advirtieron que los partidos políticos están dispuestos a pagar sanciones monetarias por el rédito electoral que obtienen en relación con el posicionamiento de sus coaliciones, es decir, para aumentar las probabilidades de reconocimiento y de ganar terreno en la contienda electoral.
“A pesar de que las multas suman más de 87 millones de pesos, los partidos políticos están dispuestos a pagar dichos montos por la exposición pública que significa para sus candidaturas. Este fenómeno, si bien no es nuevo en el sistema electoral mexicano, pone en evidencia la incapacidad de nuestro marco legal de controlar el comportamiento de los actores políticos, y pone en peligro la legalidad y equidad de los comicios”, subraya el informe.
Finalmente, sobre el cuarto foco rojo se destacó que los diversos tipos de violencia que ponen en riesgo directo a actores políticos y amenazan el ejercicio de derechos político-electorales “confirman que la violencia e inseguridad es una de las mayores amenazas a la integridad electoral. Su alcance, en términos de definir candidatos y condiciones de competencia, es cada día más alarmante”.
