Lectura 4:00 min
Alianza Federalista ve desafuero de Cabeza de Vaca como uso autoritario de las instituciones
La Alianza Federalista conformada por 10 Gobernadores de oposición consideró que la aprobación en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, del desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, muestra el “uso autoritario, faccioso y arbitrario de las instituciones democráticas de nuestro país”.
Foto: Cuartoscuro
La Alianza Federalista conformada por 10 Gobernadores de oposición consideró que la aprobación en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, del desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, muestra el “uso autoritario, faccioso y arbitrario de las instituciones democráticas de nuestro país”.
Mediante un comunicado, la Alianza opositora cuestionó que la mayoría de Morena en la Sección Instructora haya aplicado la presunción de inocencia para el senador de su partido, Cruz Pérez Cuellar, requerido por la Fiscalía de Chihuahua por hechos de corrupción, pero no así para el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, contra quien aprobaron su desafuero.
La Alianza también criticó que Morena y sus aliados legislativos en San Lázaro hayan reemplazado a los miembros de la Comisión Instructora para “votar bajo consigna de los intereses electorales y autoritarios del partido oficial”.
La Alianza Federalista también cuestionó “la sospechosa presencia del Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, minutos previos a la discusión del dictamen”.
“El día de ayer quedó demostrado el uso autoritario, faccioso y arbitrario de las instituciones democráticas de nuestro país, distorsionadas por el partido en el poder para servirse de ellas en forma sectaria y hegemónica, y con propósitos manifiestamente electorales, sin importar el costo a la sociedad, a la democracia y al Estado de Derecho”, dijo la Alianza Federalista.
La alianza está conformada por los gobernadores de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca; de Nuevo León, Jaime Rodríguez; de Jalisco, Enrique Alfaro; de Michoacán, Silvano Aureoles; de Coahuila, Miguel Riquelme; de Aguascalientes, Martín Orozco; de Colima, Ignacio Peralta; de Durango, José Rosas Aispuro; de Chihuahua, Javier Corral, y de Guanajuato, Diego Sinhue.
Afirmó que mediante procedimientos plagados de irregularidades técnico–jurídicas, la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados encabezada por los diputados oficialistas Pablo Gómez Álvarez, Martha Patricia Ramírez Lucero y Mary Carmen Bernal Martínez, dictaminaron proceder en contra del gobernador García Cabeza de Vaca, pero proteger con inmunidad constitucional al senador Cruz Pérez Cuellar, rechazando su desafuero.
“Reprobable y vergonzosa la actuación de la Comisión Instructora cooptada por Morena, pues la simple lectura de los dictámenes aprobados revela que al día de hoy existen dos raseros (varas) para impartir justicia en nuestro país: la de los opositores políticos y la de los congraciados con el régimen morenista”, sentenció.
Argumentó que en el caso del gobernador tamaulipeco, la Sección Instructora permitió e incitó el desahogo de pruebas de cargo en un espectáculo público trasmitido por el Canal del Congreso y las cuentas de la Cámara de Diputados en YouTube, Facebook y Twitter, pero a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua le negó el desahogo de pruebas en contra del senador Cruz Pérez Cuellar aduciendo que resultaban notablemente impertinentes e innecesarias.
“Según el dictamen que rechazó el desafuero del Senador morenista por delitos de corrupción, su decisión se justifica en el pleno respeto a la presunción de inocencia; y enfatizó que no podía presumirse un actuar ilegal, sin violentar dicha garantía constitucional, únicamente por el hecho de recibir millones de pesos de funcionarios de gobierno en forma clandestina y sin sustento legal.
“Sin embargo, para los integrantes de la Sección Instructora, dicho derecho fundamental, no guardó la misma dimensión y relevancia tratándose del Gobernador García Cabeza de Vaca, a quien en múltiples ocasiones exhibió de forma pública como responsable de delitos, le limitó derechos procesales durante la instrucción, y prejuzgó con suposiciones subjetivas como consta en los argumentos del dictamen, pues aquí sí fue válido presumir un actuar ilegal a partir de conjeturas en el manejo de su contabilidad financiera”, expuso.
