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Política

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Artículo 19 denuncia acoso judicial contra periodista en Quintana Roo

Artículo 19 exigió al Juzgado Segundo Civil de Playa del Carmen que desestime la demanda contra la periodista y activista Fabiola Cortés Miranda promovida por la empresa Four Cardinals Development México S.A..

Foto: Especial

Foto: EspecialShutterstock

Artículo 19 denunció que la periodista y activista Fabiola Cortés Miranda, del medio independiente Periodismo en Colectivo y de la organización de derechos humanos Somos tus Ojos, fue demandada por la empresa Four Cardinals Development México S.A. como un acto de acoso judicial destinado a silenciar a la comunicadora y obstaculizar su labor informativa.

Según la organización, el 13 de mayo, Cortés Miranda fue notificada por el Juzgado Segundo Civil de Playa del Carmen, Quintana Roo, sobre la demanda que reclama 3.6 millones de dólares (aproximadamente 65 millones de pesos) por "daños materiales" y 5 millones de pesos adicionales por "daño moral gravísimo".

Además, se indicó que se ha solicitado al Juzgado que investigue las cuentas bancarias de Cortés Miranda y que la prevenga de ausentarse del lugar del juicio, con el objetivo de embargar sus bienes como medida precautoria.

En un comunicado se explicó que la empresa internacional busca compensación por la cobertura y el apoyo jurídico que la periodista ha brindado a Roberto Chan Puc y María Guadalupe Canul Cab, indígenas mayas que alegan despojo de su terreno, "El Pocito", a manos del mencionado proyecto inmobiliario.

La ONG detalló que la activista indicó que “no hay ninguna razón por la que haya sido demandada de esta forma, ya que las publicaciones de este asunto las ha hecho en su medio Periodismo en Colectivo y están demandando a su organización ‘sólo porque sí’”.

Artículo 19 manifestó su rechazo a esta demanda, calificándola como una "demanda estratégica contra la participación pública" (SLAPP), diseñada para intimidar y silenciar a periodistas y activistas.

También, se exigió al Juzgado Segundo Civil de Playa del Carmen que desestime la demanda, apelando a los más altos estándares internacionales y nacionales en materia de libertad de expresión. La organización enfatizó la necesidad de evaluar estos casos considerando el contexto de agresiones y violencia contra la prensa en México.

 

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