Autodefensas, años sin una regulación efectiva

Tras poco más de seis años desde su aparición pública, las autodefensas mantienen su presencia en Michoacán en donde actúan sin una regulación firme.

Han sido, de hecho, el mismo Ejército y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las instituciones que dotaron a las autodefensas de insumos para su operación, tras un acuerdo signado entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y las autodefensas en el 2014.

Hoy en día, el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador analiza negociar que depongan armas las autodefensas, según ha informado la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Un acuerdo para el control de las denominadas autodefensas se firmó el 26 de enero de dicho año, tras el estallido de los grupos armados.

Alfredo Castillo Cervantes, quien fue designado entonces como comisionado para la seguridad y el desarrollo de Michoacán, firmó el documento con los entonces líderes de las autodefensas: Hipólito Mora, José Arturo Barragán, José Alvarado Robledo, entre otros, quienes comandaban los grupos armados de municipios como La Ruana, Tepalcatepec y Buenavista, en Michoacán.

El acuerdo —del cual tiene una copia El Economista— incluyó ocho puntos que especifican, en general, que las autodefensas debían entregar información sobre el nombre de cada uno de sus integrantes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además de que se indica que dichos grupos armados tendrían carácter temporal y estarían bajo el mando de las autoridades correspondientes.

En el acuerdo destacan dos puntos, especialmente el número tres y siete.

En el punto tres se precisa que las autodefensas estarán obligadas a registrar las armas que portan ante la Sedena; a cambio de ello, el Secretariado Ejecutivo y el mismo Ejército se “comprometen a dotarlos de las herramientas necesarias para su comunicación, traslado y operación”.

Mientras tanto, en el punto número siete se expone que sobre las personas que fueron detenidas por portación de armas de fuego con anterioridad y que fueron liberadas bajo caución “se harán las gestiones pertinentes para que puedan firmar en el estado de Michoacán, sin tener que trasladarse a otras entidades federativas”.

Según información de la misma Sedena divulgada vía transparencia en julio del 2014, se habían registrado 4,573 armas pertenecientes a los integrantes de los grupos armados.

Acusaciones de Aureoles

Este miércoles, el gobernador michoacano, Silvano Aureoles, afirmó que la estrategia del gobierno de López Obrador contempla entregar recursos monetarios a las autodefensas.

“Yo difiero absolutamente pero, lo respeto, respeto la determinación del gobierno federal de implementar su estrategia, sólo que a mí me preocupa que andemos premiando a delincuentes porque eso no va a cambiar.

“Cuando en el 2014 Castillo se trajo a muchos para legalizarlos, institucionalizarlos para que dejaran de ser delincuentes, al revés: aprovecharon dicha condición para delinquir más (...) hoy viene el subsecretario (de Gobernación Ricardo) Peralta a darle dinero a los delincuentes, es que dice: ‘es que son ejidos’, ‘es que es el doctor (José Manuel) Mireles’”, enfatizó.

El gobernador sostuvo que la estrategia sólo empoderará a las autodefensas: “Eso dice la secretaria de Gobernación, que así va a pacificar al país, bueno, démosle el beneficio de la duda, todo es con mucho respeto a la estrategia federal, yo difiero y estoy en mi derecho de discernir de esa estrategia”.

La causa principal de la aparición de las autodefensas en Michoacán es que la violencia se mantiene al alza.

Según los datos del mismo SESNSP, entre enero y julio del 2018, se registraron 877 víctimas de asesinatos; para el mismo periodo de este 2019 la cifra asciende a 990; un aumento de 12.8 por ciento.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que su gobierno no tiene diálogo ni relación con bandas del crimen organizado.

Refrió que no promoverán nada que signifique autodefensas, porque la seguridad pública, paz y protección la tiene que dar el Estado. (Con información de Jorge Monroy)