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Avalan proceso penal vs Efraín Cázares por Michoacanazo
Efraín Cázares López, quien fuera juez primero de Distrito en Michoacán, otorgó un amparo a Julio César Godoy Toscano, hermano del exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, para que pudiera tomar protesta como diputado federal.
La Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación avaló el proceso penal iniciado en 2013 por un juez contra el juzgador Efraín Cázares López, quien fue destituido de su cargo acusado de incurrir en faltas graves durante su función judicial por fallos irregulares en el denominado Michoacanazo.
En junio del 2012 este juez federal fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) debido a irregularidades al dictar sentencia en el caso conocido como el Michoacanazo, mediante el cual ordenó liberar a una treintena de funcionarios con presunta participación en el crimen organizado de Michoacán y que habrían sido detenidos en el 2009.
Presuntamente los liberados protegían al líder del cártel de La Familia Michoacana y fundador de Los Caballeros Templarios, Nazario Moreno González conocido como El Chayo, y su sucesor, Servando Gómez Martínez, La Tuta, entre otros.
Cázares López, quien fuera juez primero de Distrito en Michoacán, otorgó un amparo a Julio César Godoy Toscano, hermano del exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, para que pudiera tomar protesta como diputado federal. Éste fue desaforado diciembre de 2010 y ahora se encuentra prófugo. Vale recordar que Efraín Cázares fue acusado por un testigo protegido de lavado de dinero para el cártel de Joaquín Guzmán, conocido como El Chapo.
El enjuiciador es acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito contra la Administración de Justicia debido a que no giró una orden de aprehensión en contra de Manuel Fernández Valencia y Pedro Navarro Fernández, presuntos operadores del Cártel de Sinaloa.
Unos días más tarde de este incidente, el entonces presidente de la Suprema corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, afirmó que no vacilarían en defender a los jueces que sean perseguidos o presionados por hacer su trabajo con apego a la ley.
ana.langner@eleconomista.mx
mfh