Avanza la audiencia de altos funcionarios del sistema penitenciario federal imputados por la FGR

Avanzó este martes la audiencia de imputación ante un juez de control contra 15 altos funcionarios y exfuncionarios del sistema penitenciario federal, entre ellos tres directores, por presunto uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa

Lo anterior por supuestas irregularidades en la contratación, adjudicación y construcción de ocho Centros Federales de Readaptación Social, que costaron alrededor de 270,000 millones de pesos.

En una audiencia de continuación este martes, la defensa respectiva de cada uno de los imputados argumentó la prescripción de los delitos, pero el juez de control lo declaró improcedente en todos los casos. El juzgador también ordenó continuar este miércoles 19 de enero la audiencia en donde se determinará si esas 15 personas son vinculadas a proceso. 

A los 15, la FGR les atribuye pagar sobreprecio en los contratos de construcción y prestación del servicio de prisiones en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) de Morelos, Michoacán, Durango, Sonora, Oaxaca, Guanajuato, Chiapas y Coahuila.

La Fiscalía hizo siete intentos de judicializar este asunto dentro de la causa penal 45/2021, referente a los contratos otorgados entre 2010 y 2011 a las empresas ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco por alrededor de 270,000 millones de pesos.

Fue el 13 de enero del 2021 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que había una investigación en la Fiscalía General de la República por siete convenios suscritos en diciembre de 2010 y uno en 2011 por autoridades de los centros penales federales, espacios que actualmente tienen una ocupación de entre el 32 y el 78% con una población total de 12,284 personas privadas de la libertad (PPL).

Argumentó que el monto pagado durante los últimos 9 años es de 75,661 millones de pesos, que corresponde al 36% del monto total, quedando pendientes por pagar 190,638 millones, tomando en cuenta que los contratos tienen vigencia por 20 años. De este modo, el total proyectado en ese periodo es de 266,300 millones de pesos.

Indicó que sólo en 2020, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) pagó 15,562 millones de pesos equivalentes al 68.3% de su presupuesto anual, lo que significa que el monto promedio anual por una persona privada de su libertad asciende a 1.3 millones de pesos; 144,588 pesos mensuales y por día, 3,819 pesos.

Sergio Alberto Martínez Castuera, Salvador Camacho Aguirre y Celina Oseguera Parra, excoordinadores nacionales de penales federales, son tres de los 15 imputados por la FGR en este caso. En el caso de Celina Oseguera Parra fue imputada en 2015 por la segunda fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, aunque fue absuelta por un juez en junio del 2020.

Fueron imputados por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades: Jannet Miriam Martínez Sánchez; Antonio Corona Rodríguez; Javier de Haro Alva; María Lidia Alcantar Vargas; Celina Oseguera Parra; Sergio Alberto Martínez Castuera; José Ariel Morales López; Miguel Vial Hernández; Salvador Camacho Aguirre; Francisco Raúl Rincón Gallardo Díaz; Saúl Castro Castro; Alma Delia Sánchez Ocampo; Gonzalo Villarreal Guerra; Marco Antonio Villarreal Gutiérrez y Arturo Sosa Viderique.

En tanto, por el delito de asociación delictuosa fueron imputados también Marco Antonio Villarreal Gutiérrez; Gonzalo Villarreal Guerra y Arturo Sosa Viderique.