Balance negativo del sexenio, advierte Fundar

La organización Fundar, centro de análisis e investigación, calificó como desfavorable y negativo el balance del sexenio de Enrique Peña Nieto, el cual está a días de concluir.

Haydeé Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar, indicó que la administración de Peña Nieto se vio marcada por escándalos de corrupción, violencia, impunidad y violaciones a los derechos humanos, temas que se volverán retos para el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador.

“Queda claro que nuestro balance del sexenio es desfavorable y negativo. Nos hubiera gustado dar notas optimistas y positivas, pero francamente no las encontramos”, declaró Pérez Garrido durante la presentación de un balance sexenal.

Añadió que, durante estos últimos seis años, la narrativa oficialista del gobierno se contradecía e incluso parecía surrealista en comparación con los hechos y datos duros, por lo cual se mermó la credibilidad de éste.

El balance de Fundar expone que la estrategia que implementó Peña Nieto para combatir la corrupción fue fallida.

Pusieron como muestra de ello los 29 lugares que cayó dentro del Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparencia Internacional entre el 2012 y el 2017, así como el aumento de la preocupación de los ciudadanos sobre el tema y los escándalos de presuntos desvíos de recursos por parte de gobernadores o el más conocido, la Casa Blanca, sobre la vinculación de un contratista de gobierno y la adquisición de dicha vivienda.

Crisis de violencia e impunidad

Los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya y Nochixtlán no sólo marcaron el sexenio de Peña Nieto, sino que también dejaron en evidencia las violaciones que se cometen contra los derechos humanos, refirió el informe de la ONG.

“La administración de Peña Nieto recibió un país lacerado por la violencia generada a partir de la estrategia de combate frontal al crimen organizado que iniciara la administración de Felipe Calderón (...) El 2012, inicio del gobierno de Peña Nieto, cerró con un ligero decremento en la cifra de homicidios dolosos (21,459), tendencia que se mantuvo entre el 2013 y el 2015, pero que cambió a partir del 2016 hasta llegar al nuevo año más violento: el 2017, que cerró con la cifra de 25,340 homicidios dolosos”, expuso Fundar.

Agregó que la política de seguridad nacional se sobreponía a la política de derechos humanos, lo cual permeaba en todo el actuar del gobierno bajo la premisa de que “la protección de las instituciones prevalecía sobre la protección de las personas”.

Por ello, el objetivo de la institucionalidad de los derechos humanos se limitó, en gran medida, a la contención y administración de demandas durante el sexenio, con lo cual se dejó de lado la construcción de una agenda de transformación estructural en aras del ejercicio efectivo de los derechos, se precisó en el documento.