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Buscan que TEPJF analice si el INE ha tomado medidas vs violencia política
Marko Cortés Mendoza, presentó ante la Sala Superior del TEPJF un recurso de apelación en contra de la “omisión del Consejo General del INE de emitir las medidas suficientes para garantizar un proceso electoral libre de violencia e intervención del crimen organizado”.
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION . FOTO :HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA .
El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un recurso de apelación en contra de la “omisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de emitir las medidas suficientes para garantizar un proceso electoral libre de violencia e intervención del crimen organizado”.
Desde la óptica del dirigente panista, los consejeros electorales no han cumplido, o lo han hecho de manera “muy deficiente”, con las sentencias del máximo tribunal electoral del país relativas a generar mapas de riesgo, convenios de coordinación con autoridades de seguridad pública y electorales y crear filtros de investigación, entre otras acciones necesarias para blindar los comicios del próximo 2 de junio de los criminales.
A la fecha y desde que se emitió el protocolo correspondiente en diciembre de 2022, precisó, sólo se han realizado dos mesas de trabajo y dos informes, uno en diciembre de 2023 y otro en enero de 2024, y de ahí que el esquema de seguridad de candidaturas resulta deficiente al proponer un análisis de riesgos posterior a los hechos de violencia y amenazas, lo que implica una actuación reactiva y no preventiva.
El citado protocolo, agregó, sólo prevé la protección de algunas candidaturas sin tomar en cuenta que en el proceso electoral del presente año se renovarán más de 20,000 cargos públicos, y que son las candidaturas a nivel local las que tienen mayor riesgo, incluyendo las personas que fungen como encuestadores, funcionarios y representantes de casilla, que no están contemplados en el esquema de seguridad.
Cortés Mendoza reclamó también que la protección propuesta en el esquema de seguridad referido no atiende a la realidad fáctica del país, ni a los aprendizajes históricos de anteriores procesos electorales al tratarse de una medida instrumentada en otros comicios que no ha funcionado.
Hacemos un llamado urgente a que se tomen en consideración todas estas observaciones porque nos encontramos ante uno de los procesos electorales más grandes de la historia de México, el cual se encuentra en riesgo por la creciente violencia que vive el país”, afirmó.
Las sentencias SUP-JRC-166/2021, SUP-JRC-167/2021, SUP-JRC-180/2021 y acumulados, así como la SUP-JRC-101/2022, del TEPJF que según el dirigente panista no han sido cumplidas por el INE, se refieren a los comicios de gobernador de Michoacán y Tamaulipas, respectivamente.
En ambos casos, la máxima autoridad del país en materia electoral confirmó los triunfos de los candidatos de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla y Américo Villarreal, gobernadores michoacano y tamaulipeco, porque el PAN no acreditó, tal como denunció, la intervención de grupos del crimen organizado en esos procesos electorales.
