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CIDH exige sancionar a asesinos de Marisela
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al Estado mexicano a adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que fueran necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de la activista Marisela Escobedo Ortiz, ocurrido el jueves 16 de diciembre prácticamente a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua.
En un comunicado, la Comisión urgió al Estado mexicano a investigar el asesinato de Escobedo Ortiz, para llevar ante la justicia y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del crimen.
También pidió todas las medidas a su alcance para ejecutar la sentencia dictada contra el responsable del asesinato, en el 2008, de la hija de la activista Rubí Marisol Frayre de 16 años, cuya pareja Sergio Rafael Barraza habría confesado la autoría del crimen.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al Estado mexicano a adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que fueran necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
Ello en cumplimiento de los deberes de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se indicó en el comunicado emitido en Washington, D.C.
La CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), recordó que Barraza Bocanegra fue absuelto en primera instancia y puesto en libertad, un mes después fue condenado a 50 años de cárcel por un tribunal de segunda instancia, sin embargo, permanece prófugo.
En su informe Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas (2007), la CIDH destaca que la mayoría de los actos de violencia contra las mujeres quedan en la impunidad, perpetuando su repetición y la aceptación social de este fenómeno.
Recomienda a los estados garantizar la debida diligencia para que todos los casos de violencia por razón de género sean objeto de investigación, que sus responsables sean sancionados y que las víctimas tengan adecuada protección.
La adopción de medidas legales para evitar hechos como el de Escobedo, incluye la necesidad de implementar una política integral y coordinada para garantizar que los casos de violencia contra las mujeres sean prevenidos, puntualiza.
