CNDH interpone acción de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto por el cual se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de mayo.

Ello, al considerar que, con la reforma, se vulneran los derechos a la seguridad jurídica, de igualdad y no discriminación, libertad de trabajo, de acceso a un empleo público; así como los principios de legalidad y presunción de inocencia.

La acción fue producto de un vasto trabajo de diálogo, tanto con organizaciones de la sociedad civil como con autoridades involucradas en el tema", señaló la CNDH en un comunicado.

El recurso también se interpuso contra diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Además de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, al considerar que se vulneran los derechos a la seguridad jurídica, de igualdad y no discriminación, libertad de trabajo, de acceso a un empleo público; así como los principios de legalidad y presunción de inocencia.

La CNDH explicó que tras realizar un estudio, identificó de que las normas impugnadas condicionan o limitan la participación y coordinación de la Fiscalía General de la República en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; entre otros organismos que, en estricto apego a su autonomía constitucional, vulneran el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad.

“Esta situación se debe a la forma en que se encuentra formulada la participación, actuación e integración de la Fiscalía General de la República en diversas instituciones, pues sujeta su colaboración a un estricto respeto de su autonomía constitucional, es decir, constriñe su intervención y cooperación al margen de dicha característica constitucional, mismo que interfiere con un pleno y óptimo desempeño de sus funciones en el marco de los respectivos ordenamientos que rigen cada sistema, mecanismo y/o comisión del que se trate”, resaltó la CNDH.

kg