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Cambio de GN al Ejército afecta derechos ciudadanos
Se prevé que hoy, jueves 19 de septiembre, la Cámara de Diputados analice la reforma por la que la Guardia Nacional queda adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional en vez de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La Guardia Nacional inició operaciones en 2019. Sus elementos son adiestrados por el Ejército mexicano. Foto: Cuartoscuro
Organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la reforma constitucional para adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), atenta contra los derechos de la ciudadanía debido a que la principal institución de seguridad, a nivel federal, quedará a cargo de la milicia.
En una serie de publicaciones en X, el Centro Prodh señaló que esta propuesta busca modificar el Artículo 21 de la Constitución, eliminando la “garantía orgánica” que exige que las instituciones de seguridad pública sean de carácter civil.
Según la ONG, esta garantía fue respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en una resolución anterior (AI 137/22), la cual declaró inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena.
Justicia militar
También, advirtió que la reforma propone una modificación al Artículo 13, que permitiría a los órganos de justicia militar intervenir en casos en los que participen elementos de la Guardia Nacional.
Según la organización, esto contraviene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado en varios fallos contra México que el fuero militar no debe aplicarse en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares contra civiles.
“El aumento del poder militar que generará esta reforma es innegable. Va más allá de la Guardia Nacional sin que se estén diseñando controles civiles externos y extraordinarios como dispone la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Llamamos a que esta reforma no sea aprobada”, expresó el Centro ProDH.
Disfraz de civil
Por su parte, Causa en Común denunció que la Guardia Nacional, desde su creación, ha sido una entidad militar disfrazada de civil, lo que ha debilitado a las policías locales y destruido la Policía Federal.
“Se debe insistir en lo evidente: la obsesión militarista de los últimos años consiste en profundizar la asociación de, al menos, parte de la cúpula militar con un proyecto partidista. No se trata de la inseguridad, ni de la violencia. No se trata de la tropa, ni del pueblo, ni del país. Se trata del poder, de acrecentarlo, de concentrarlo, de pervertirlo”, aseguró en un boletín.
Amnistía Internacional México, por su parte, recordó que una reforma aprobada en 2023 extendió el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028, y advirtió que la militarización de la seguridad no ha resuelto los problemas de violencia e inseguridad.
