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Política

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Cárceles estatales, con autogobiernos: CNDH

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciario 2016 elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reveló que las cárceles municipales fueron las que más baja calificación obtuvieron con 3.90 puntos en promedio.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciario 2016 elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reveló que las cárceles municipales fueron las que más baja calificación obtuvieron con 3.90 puntos en promedio.

En contraste, los Centros de Readaptación Social (Ceresos) en los estados se ubicaron con 6.27, los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) con 7.21 y las prisiones militares con una calificación de 7.95.

En lo que respecta a centros municipales, las deficiencias detectadas con mayor incidencia se refieren a insuficientes actividades laborales y de capacitación para el trabajo, no existe separación entre procesados y sentenciados, falta de reglamentos y manuales , señaló el documento.

La Tercera Visitadora de la CNDH, Ruth Villanueva Castilleja, expuso que, por sus deficiencias, destacan las cárceles de Nayarit con 1.40 puntos, la de Hidalgo con 2.78, en Jalisco obtuvieron 3.57, Tabasco con 3.94, Chiapas con 4.12, Puebla con 5.24 y Quintana Roo con 5.69 puntos.

Para la elaboración del diagnóstico, la CNDH visitó 131 cárceles estatales, 42 municipales, 19 Ceferesos y tres prisiones militares, de los 392 centros de detención existentes.

En relación a las cárceles estatales el organismo nacional dio cuenta de sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno o cogobierno y la falta de prevención y atención de incidentes violentos.

Además de anomalías en la separación entre procesados y sentenciados, condiciones materiales, equipamiento e higiene en áreas de dormitorios, sancionados, sujetos a protección, cocina y comedores y la falta de personal de seguridad y custodia.

Mientras que las correspondientes en el fuero federal las principales deficiencias se concentraron en la ausencia de programas preventivos de adicciones y desintoxicación voluntaria, falta de personal médico, medicamentos y poca atención para adultos mayores.

leopoldo.hernandez@eleconomista.mx

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