Casi la mitad del país, con riesgo alto por intromisión del crimen en votaciones

Integralia Consultores alertó sobre la creciente intervención del crimen organizado en las elecciones locales de 2024 en México. Mediante su primer reporte de violencia política, se identificaron 15 entidades con un riesgo muy alto y alto de intervención.

De acuerdo con el reporte, el crimen organizado que opera en el país ya emplea diversas estrategias para tratar de influir en el proceso electoral, las cuales van desde agresiones, financiamiento de campañas, imposición de candidaturas, hasta el asesinato.

Sin embargo, el análisis también reveló que, en este proceso del 2024, la intervención se intensificará, lo anterior, debido a cinco factores: el primero de ellos es la presencia de mercados ilícitos, además del narcotráfico.

Un segundo factor es el de los grupos criminales en conflicto armado, el Estado de Derecho débil es otro motivo; y la celebración de elecciones para renovar las presidencias municipales y municipios estratégicos para el crimen organizado, con alta competitividad electoral terminan el listado.

“Cada uno de los factores de riesgo enlistados anteriormente implica cierta probabilidad de intervención del crimen en las elecciones locales, por lo que ninguna entidad está a salvo, pero la posibilidad incrementa cuando coinciden varios factores en el territorio”, consideró Integralia.

La consultora indicó que seis estados: Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos, tienen un nivel muy alto.

En la categoría de alto se encontraron nueve: Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Veracruz.

En nivel medio estuvieron tres: la Ciudad de México, Quintana Roo y Puebla. Con un nivel bajo se ubicaron seis: Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí, Tlaxcala, Campeche y Oaxaca. Mientras que, con el menor riesgo de intromisión de la delincuencia se posicionaron ocho: Baja California Sur, Nayarit, Durango, Aguascalientes, Coahuila, Querétaro, Hidalgo y Yucatán.

Cambios de gobierno

Según el reporte, los grupos criminales buscan controlar principalmente los gobiernos municipales para obtener recursos valiosos y operar con impunidad. La captura de estos gobiernos puede ocurrir en cualquier momento, pero los procesos electorales representan una oportunidad para consolidar su autoridad desde el inicio de las nuevas administraciones.

Según sus cifras, a lo largo del año se han contabilizado 10 homicidios; cuatro secuestros, tres atentados, seis acciones de violencia de género y tres destrucciones de patrimonio contra funcionarios o aspirantes a un puesto de elección popular.

Proceso ensangrentado

Armando Vargas, consultor de Integralia, destacó que el proceso electoral de este año puede llegar a ser el “más ensangrentado” en la historia de la democracia mexicana, por lo que hizo un llamado a una acción más enérgica por parte del Estado mexicano, instando a reconocer la magnitud del problema y tomar medidas efectivas para enfrentarlo.

Una de las preocupaciones centrales que mencionó es la falta de capacidad por parte tanto de las autoridades federales como las electorales y los partidos políticos para hacer frente a esta problemática.

Al día de hoy, en este momento las autoridades electorales, los partidos políticos, las instituciones de seguridad y los tribunales judiciales no tienen capacidades para evitar este problema. (La incidencia del crimen organizado) ha sido consecuencia de un abandono político e institucional de hace décadas (...) que se va a corregir si se comienzan a realizar acciones en este momento a muy largo plazo”, señaló el especialista.

Por otro lado, Armando Vargas dijo que las medidas propuestas por el INE son insuficientes y carecen de una comprensión profunda de la dinámica del crimen organizado en el contexto electoral.

Además, criticó la concentración del plan de seguridad en la violencia política, ignorando otras formas de intervención del crimen en las elecciones y la falta de consideración hacia los candidatos locales, que son los más vulnerables.

“(Al plan de seguridad propuesto por el INE) le vemos dos grandes fallas: una falla técnica y una falla de concepción. A nivel técnico (…) priorizando niveles de riesgo, estos niveles de riesgo se van a definir con base en el comportamiento de la incidencia delictiva, ese es un indicador muy, muy engañoso, no solamente por los problemas de subregistro y de inconsistencia que tienen los indicadores delictivos, sino porque, aunque fueran muy sólidos y muy confiables, no necesariamente reflejan la dinámica del crimen organizado.

“El segundo problema, que es de concepción, creo que es todavía más grave (...) se está concentrando en la violencia política, eso está bien, pero el problema de fondo no es la violencia política, sino la intervención del crimen en las elecciones”, opinó.

Mientras que, en cuanto a la influencia del crimen organizado a nivel nacional, Vargas identifica al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa como los principales actores con presencia en múltiples estados. Sin embargo, destaca que la dinámica del crimen varía según la región.

arturo.rojas@eleconomista.mx