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Caso Ayotzinapa: dichos de testigos contra militares son inconsistentes, afirman abogados
Piden a juez que declare auto de libertad ante segunda acusación presentada por la FGR, días después de que obtuvieron el beneficio de seguir juicio en libertad al proceso que se les sigue por su presunta participación en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero
César Omar González y Alejandro Robledo, abogados defensores de los ocho militares reaprehendidos por el caso Ayotzinapa. Foto EE: Fernando Villa del Ángel
Abogados de ocho militares acusados de participar en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa solicitaron a la jueza segunda de distrito de procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, que determine su libertad, ante la inconsistencia de las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República (FGR) para inculparlos.
Se trata de los mismos militares que fueron liberados el pasado 24 de enero, por la misma jueza, quien decidió que siguieran en libertad otro proceso que se les sigue, relacionado con los mismos hechos de Ayotzinapa en septiembre de 2014 y que ocasionó severas críticas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.
El abogado César Omar González dijo que “misteriosamente” luego de que Alcalde Luján, amenazó con conseguir una nueva orden de aprehensión para volver a meter a la cárcel a esos militares, dos testigos protegidos declararon que los identifican como personas a quienes el cártel Guerreros Unidos les entregaba dinero y con ello se inició una nueva investigación.
Afirmó que sus representados son perseguidos de Estado y perseguidos políticos y que es preocupante que la FGR fabrique culpables, pues se trata de un “coletazo con fines electoreros”.
El abogado Alejandro Robledo, explicó que originalmente, los militares Roberto de los Santos Eduviges, Uri Yashiel Reyes Lasos, Ramiro Manzanares Sanabria, Juan Andrés Flores Lagunas, Omar Torres Marquillo, Eloy Estrada Diaz, Gustavo Rodríguez de la Cruz y Juan Sotelo Díaz, fueron detenidos el 12 de junio de 2023 por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada, según la causa penal 1/2023.
En ese caso, la juez solamente otorgó las órdenes de aprehensión por el delito de desaparición forzada y negó por delincuencia organizada.
El 20 de enero de 2024, en cumplimiento a un incidente de revisión (238/2023) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, la jueza modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y determinó que siguieran el proceso en libertad.
Sin embargo, cuando cuatro de ellos se presentaron a firmar, fueron detenidos por la FGR por una nueva orden de aprehensión, ahora por el delito de delincuencia organizada y con la causa penal 1/2024.
Los otros cuatro militares, al saber que había órdenes de aprehensión en su contra, se entregaron voluntariamente.
Durante la primera audiencia por la segunda causa penal, ocurrida el 2 de febrero pasado, se les informó que dos testigos protegidos identificados como “Carla” y “Neto” (quienes en otra parte de los procesos judiciales relacionados con la desaparición de los normalistas confesaron haber participado en la muerte de los estudiantes), los identificaron como personas a quienes Guerreros Unidos les entregaba dinero para realizar “actividades en favor del grupo”.
Los abogados llamaron la atención en que, a más de 14 años de los hechos, el testigo protegido “Neto” manifiesta recordar con nombres, apellidos y apodos, al menos 15 personas pertenecientes a diversas dependencias (secretarías de Finanzas del gobierno de Guerrero, de corporaciones policiacas y personal militar).
Resaltaron que el 24 de enero se consignó la averiguación previa FGR/FEMDH/UEILCA/2/2022 con esas declaraciones citadas como hechos novedosos para solicitar el libramiento de órdenes de aprehensión contra esos militares y un día después, la juez, “de forma inexplicable y casi inmediata, analizó el pliego de consignación, el cual incluye averiguaciones previas, resoluciones judiciales de otros procesos y al menos tres causas penales, valoró debidamente las constancias que el ministerio público agregó a su petición y otorgó las ocho órdenes de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, contra el personal militar haciendo un pobre y deficiente valoración de las pruebas, aun cuando fue ella quien, en junio de 2023 negó la misma petición por el mismo delito”.
La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para determinar su situación jurídica la cual se vence este miércoles 7 de febrero.
Su intención era presentar como prueba para acreditar la inocencia de sus representados testimoniales de los dos testigos protegidos, las cuales debieron ser desahogadas este martes 6 de febrero, pero la fiscalía no presentó a los dos testigos protegidos con el argumento de que uno está mal de salud y el otro no fue encontrado en su domicilio.
Para la defensa, dado que la jueza no podrá verificar la veracidad de los testimonios de los testigos protegidos y sí valorar las circunstancias antes expuestas, deberá declarar el auto de libertad.
