Caso EPN, en riesgo de no trascender a lo judicial

La Fiscalía General de la República (FGR) investigará al exmandatario Enrique Peña Nieto por recibir recursos posiblemente de procedencia ilícita, sin embargo, expertos consideraron que lo anterior tiene más tintes políticos que de justicia y advirtieron que el caso puede quedar en la impunidad.

Tanto José Fernández de Cevallos, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), como el director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, consideraron que el sistema de justicia en México cuenta con diversas herramientas para una investigación como la que pretenden la actual administración sobre el exmandatario.

“La Fiscalía Anticorrupción es parte de la FGR y tiene a su disposición todos los recursos materiales y técnicos de los que dispone la Fiscalía General. En un caso de esta relevancia cuenta también con todo el apoyo directo de las instituciones nacionales e internacionales encargadas de posibles delitos económicos y financieros. Además, el propio expediente entregado por la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) contiene información de dependencias como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, comentó Bohórquez.

Incluso, sostuvo, no existe ninguna duda de que puede colaborar con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) “o cualquier otra institución vinculada con la materia fiscal fuera de México”.

Para Eduardo Bohórquez, la investigación contra Peña Nieto radica en “si la motivación es más política que de justicia”.

“Ahí corremos el riesgo de que se alarguen los procesos para alinearlos al calendario político electoral y que nos termine con un resultado similar a la Estafa Maestra o el caso Lozoya”, refirió.

Debido proceso

Para Marco Antonio Fernández, investigador de México Evalúa lo que se ha visto en esta administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador en temas de corrupción es “mucho ruido y pocas nueces”.

Opinó que en diversos casos de investigación la fiscalía especializada está desdibujada, además de contar con un fiscal general involucrado en escándalos.

“Lo que preocupa es que la lucha contra la corrupción que ha emprendido el gobierno sea de forma democrática porque uno no observa, o se haga visible, investigaciones de casos de personajes cercanos al régimen; esa famosa escoba que iba a barrer de arriba a abajo, la cerdas no funcionan cuando se trata de personas cercanas al presidente”, indicó.

Por su parte, Fernández de Cevallos advirtió que existen diversos riesgos en la manera en la que fue “publicitado” el caso del que también fuera gobernador del Estado de México del 2005 al 2011.

“Al rato nos alegan que se violó el debido proceso; (se) contaminó tal prueba, se rompió la cadena de custodia en esto, se hizo esto, no se hizo aquello, etcétera y después lo cierto es que aquí no se sanciona a nadie, dígame si eso no es un nuevo acto de corrupción que se traduce en impunidad y ahí tenemos esa espiral criminal: impunidad y corrupción que siempre van de la mano”, refirió el investigador.

Lucha contra la corrupción

De acuerdo con solicitudes de información, la lucha contra la corrupción realizada por la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) es lenta, ya que en el documento con número de folio 330024622001805 se indicó que hasta el 13 de junio pasado, se tenía un registro con 2,749 carpetas de investigación iniciadas.

Mientras que en la solicitud seriada con 330024621000450 se detalló que la FEMCC apenas cuenta con tres órdenes de aprehensión otorgadas, tres órdenes de aprehensión cumplidas. “Asimismo, cuenta con 24 vinculaciones a proceso, dos sentencias condenatorias (...) Finalmente, respecto a la etapa procesal de cada proceso penal (juicio) se comunica que 14 se encuentran en investigación complementaria, cinco en investigación intermedia y una suspensión condicional”.

Entre los principales delitos denunciados y por los cuates fueron iniciadas las carpetas de investigación, resalta que 582 fue por peculado; 323 por uso ilícito de atribuciones y facultades, 285 por ejercicio ilícito de servicio público.

En cuarto lugar se encuentra el delito de enriquecimiento ilícito con 154 mientras que en quinto sitio está cohecho con 104.

“La estadística es la que siempre nos marca la pauta. Transparencia México analiza que sólo el delito de cohecho, es decir el soborno, en México se comente 200 millones de veces en un año. No estamos hablando de enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, todo el cúmulo de delito y hablamos que se han abierto más de 2,000 carpetas, no es absolutamente nada para la magnitud del problema”, refirió Fernández de Cevallos.

Otros casos pendientes

Han sido diversos los asuntos de presunta corrupción que se han presentado en la gestión de AMLO, sin embargo, pocos han llegado ante un juez y ninguno a una sentencia, hasta ahora.

Emilio Lozoya

Al exdirector de Pemex se le señala de recibir sobornos de Odebrecht para otorgarle contratos, así como de recibir dinero de la empresa que habría sido utilizado para la campaña de Enrique Peña Nieto. Hasta ahora sólo se sabe que siguen las negociaciones de Lozoya con la FGR para ser beneficiado con un criterio de oportunidad. El otro vinculado de manera formal al caso Odebrecht es el exsenador Jorge Luis Lavalle, a quien en mayo pasado un juez federal le dio tres meses para que pueda reunir pruebas que lo eximan.

Pío López Obrador

Hasta ahora el caso del hermano del presidente, a quien se le vincula con delitos electorales, no ha llegado ante un juez. La FGR se niega a entregar la investigación al INE; éste último la solicitó para realizar su propia indagatoria que involucra videos en los que se ve intercambiando un paquete, que tenía presuntamente en su interior dinero y cuyo destino presuntamente eran campañas de Morena.

Estafa Maestra

or la Estafa Maestra, como se le llamó al esquema por el que se desviaron más de 7,000 millones de pesos del gobierno federal, a través de contratos con universidades públicas locales y empresas fachada, no han quedado sentencias penales firmes de políticos de alto rango. La exfuncionaria de mayor peso que ha sido vinculada hasta ahora es Rosario Robles, quien fungió como titular de la Sedatu y Sedesol durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

ivan.rodriguez@eleconomista.mx