Cesa la ASF al auditor Agustín Caso Raphael

El auditor especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Agustín Caso Raphael, quien en 2019 calculó que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) tendría un costo de casi 332,000 millones de pesos, fue cesado este martes de su cargo por órdenes del titular de la entidad fiscalizadora, David Colmenares Páramo, denunció el ahora exfuncionario a través de una carta dirigida a sus compañeros en la dependencia.

Caso Raphael calificó la decisión como arbitraria e ilegal, y anticipó que interpondrá recursos jurídicos, porque “la remoción se hace sin demostrar que se haya incurrido en alguna de las faltas establecidas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en sus artículos 93 y 94″. Agregó que su salida se da en un contexto donde “la autonomía e independencia de la ASF están en riesgo, por la falta de procuración de la división de poderes y el Estado de Derecho”.

Caso denunció que en la ASF se impide la incorporación de temas de relevancia nacional en el programa anual de auditorías y la desaparición de evaluaciones que incomoden a algún funcionario.

“Para nadie es un secreto que, de manera cada vez más grave, en la Auditoría Superior de la Federación se ha abdicado del cumplimiento de los principios constitucionales en detrimento de la autonomía e independencia de la función de la fiscalización, lo que se traduce en abandonar o hacer retroceder a los equipos auditores en su misión”, señala en su escrito.

El despido se da a un mes de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) bajó de la Cuenta Pública 2022 la evaluación de la política educativa, y extraoficialmente se maneja el nombre de la exprocuradora y extitular de la SFP Arely Gómez como la posible sustituta de Caso Raphael.

En la Cuenta Pública de 2019, Caso Raphael calculó en 331,996 millones de pesos el costo de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, pero ante las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, la auditoría afirmó que el auditor cometió un error y lo dio de baja y la Unidad de Evaluación y Control de la ASF le abrió una investigación, que no dio ningún resultado.

Caso Raphael fue reincorporado a su cargo el 7 de marzo, pero continúan abiertos en su contra cuatro procedimientos de responsabilidad administrativa por su auditoría a la obra en Texcoco.

La diputada panista María Elena Pérez Jaén y la morenista Inés Parra Juárez han acusado al titular de la ASF de obstruir la revisión del gasto público a nivel federal y de un “amañado uso de la información sobre los resultados de la cuenta pública y desde la planeación del programa anual de auditorías”.

Caso Raphael pidió a través de su misiva analizar los riesgos de la partidización de la ASF y pidió exigir que sus funcionarios tengan imparcialidad partidista.

“La separación de poderes, el estado de derecho y el fortalecimiento de las instituciones deben ser la prioridad de los funcionarios públicos de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno, pues estos principios constituyen el pilar de nuestra democracia y la única posibilidad para que el país crezca”, concluyó el exfuncionario.