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Política

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Chiapas, Guerrero y Oaxaca: el trío de estados con más barreras para acceder a la salud

Chiapas y Oaxaca tienen a 7 de cada 10 habitantes con carencia por acceso a la salud; Guerrero a 5 de cada 10. Estas entidades presentan niveles bajos de afiliación a instituciones médicas, de disponibilidad y accesibilidad en los servicios médicos y pocas intervenciones estatales enfocadas en la salud.

Centro histórico de Oaxaca. Foto: Shutterstock

Centro histórico de Oaxaca. Foto: Shutterstock

El pedazo de tierra que comprende los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca es uno de los que, históricamente, han sido olvidados por la iniciativa privada y también la pública.

Aunque en los años recientes se han realizado muchas intervenciones públicas de orden federal, la mayoría están enfocadas en infraestructura, conectividad, comunicaciones o trabajo. El ámbito de la salud, además, ha tenido casi nulas intervenciones de orden estatal.

En estas entidades, ubicadas al sureste de México, se concentran los más altos niveles de pobreza, informalidad laboral y desigualdad. Acceder a la salud es significativamente más difícil que en el resto del país. 

Chiapas y Oaxaca tienen a 7 de cada 10 habitantes con carencia por acceso a la salud; Guerrero a 5 de cada 10, de acuerdo con cifras del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social). 

Presentar carencia por acceso a la salud va más allá de tener o no seguro social, seguro médico privado o estar afiliado a una institución pública. En estas tres entidades, además, hay menor clínicas y hospitales, menos difusión preventiva de la salud, menos doctores y enfermeros, menos medicamentos y equipo.

En su estudio sobre indicadores de derecho a la salud por entidad federativa, el Coneval resalta que la salud es uno de los rubros con menor participación entre los programas sociales: sólo 11% del total están enfocados a garantizar el derecho a la salud. 

Trabajo informal y su relación con la salud 

Uno de los grandes obstáculos para el acceso a la salud en entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca es la informalidad laboral. En estos estados entre 75 y 80% de la población trabaja bajo esquemas informales, y como consecuencia, no están necesariamente afiliados a instituciones de salud como el IMSS o el ISSSTE. 

En Chiapas y Oaxaca 9 de cada 10 trabajadores no cuentan acceso directo a la salud, para Guerrero la cifra es de 8 de cada 10.

Para quienes no trabajan (los menores de edad, los adultos mayores o la población que no lorgra encontrar empleo) la situación no es tan distinta. En Chiapas y Oaxaca cerca del 65% de esta población tampoco tiene acceso directo a instituciones de salud. 

Las brechas regionales también se reflejan en el indicador que evalúa la gratuidad extendida de los servicios de salud públicos. Por ejemplo, en estados como Baja California o Nuevo Léon menos del 10% de los que recibieron atención en instituciones públicas tuvieron que gastar más dinero. Por su parte, en Chiapas y Oaxaca casi 25% tuvo que desembolsar un extra.

Poco, lejos y de calidad incierta

Además de las condiciones laborales que excluyen a miles de trabajadores y sus familias del acceso directo a la salud pública, otras barreras son la baja disponibilidad, la baja accesibilidad y la calidad incierta de los servicios médicos.

El monitoreo del Coneval encontró que las brechas regionales persisten en el acceso efectivo a la salud. En estados como Colima o Coahuila practicamente nadie tardaría más de dos horas en llegar a un hospital en caso de emergencia; pero en Oaxaca y Chiapas casi 20% de los habitantes no lograrían llegar en menos de dos horas.

En el caso de Guerrero sería el 15% de su población la que tardaría más de dos horas en llegar a un hospital en caso de emergencia.

Este es uno de los indicadores que refleja la necesidad de expandir la infraestructura médica en todos los niveles, desde prevención hasta especialidades.

En estas tres entidades, además, 6 de cada 10 personas que acudieron por servicios de salud a instituciones públicas tuvieron que esperar más de 30 minutos para ser atendidas.

Chiapas, Oaxaca y Guerrero registran las tasas más bajas de médicos generales, médicos especialistas, psicólogos y camas censables por cada 1,000 habitantes.

Aunque la calidad de los servicios médicos es difícil de medir, incluso en las unidades de primer nivel. Lo que sí se observa es que estos tres estados tienen las tasas más altas de mortalidad infantil del país: entre 20 y 23 niños menores de un año fallecen por cada 1,000 que nacen.

Las tasas de mortalidad materna están entre las más altas a escala nacional, mientras que las de atención prenatal permanecen entre las más bajas.

Otra de las barreras para el acceso efectivo a la salud en estos estados se deriva de la ausencia de profesionales de la salud enfocados en comunidades indígenas. Chiapas, Oaxaca y Guerrero —junto con Yucatán— dan hogar a la mitad de los hablantes de lenguas indígenas

Los usos, costumbres y el idioma también constituyen una barrera para que las personas puedan acceder a la salud.

Pocas intervenciones enfocadas en salud

El informe del Coneval, que evalúa las políticas sociales de México, muestra también que Chiapas, Oaxaca y Guerrero también están entre las entidades con menos programas públicos enfocados a la salud en comparación con algunas entidades del norte.

En Oaxaca se encontraron dos programas dirigidos a la salud, en Chiapas y Guerrero sólo uno. En contraste, en Coahuila hay 21 intervenciones enfocadas en este rubro, en la Ciudad de México hay 20 y en Guanajuato 16. 

Además de que las intervenciones estatales en entidades como la Ciudad de México tienen diversidad de objetivos: disponibilidad, accesibilidad, calidad y adaptabilidad. Mientras que en Chiapas, Oaxaca y Guerrero se enfocan sólo en disponibilidad o accesibilidad.

El documento del Coneval resalta la necesidad de que las políticas públicas se encaminen a cerrar estas brechas regionales considerando las necesidades particulares y las condiciones socioeconómicas de cada entidad.

Entre los derechos básicos, el de la salud es el más vulnerado en México: 4 de cada 10 personas presentan carencia por acceso a instituciones, servicios y productos médicos.

Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Periodista especializada en género, derechos humanos, justicia social y desarrollo económico.

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