Combate a la corrupción, pero no selectivo, señalan

Durante su primer año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho gestos audaces y simbólicos que buscan demostrar un compromiso de crear un gobierno más honesto y austero, e incluso algunas investigaciones de casos emblemáticos de corrupción como Odebrecht y la Estafa Maestra han avanzado. Y, mientras su respaldo es cada vez más grande para organismos como la Secretaría de la Función Pública o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aún falta un compromiso más firme para implementar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y proporcionarle los recursos que necesita para prosperar.

Para Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana (TM), la estrategia para combatir la corrupción tiene dos grandes turbinas: el servicio de administración tributaria (SAT) y la UIF. “Tenemos un cambio importante de la estrategia. Es el eje de la lucha contra la corrupción y en particular ha sido novedoso e inesperado”.

Sin embargo, consideró que el apoyo otorgado al SNA es insuficiente, lo que evidencia que no es una prioridad para este gobierno generar una construcción institucional que combata la corrupción a largo plazo.

En términos de construcción institucional, que es el SNA, no se ve como una prioridad para esta administración. El que no se le den recursos es un indicador de que claramente lo que han priorizado es la eficacia, pero no la construcción institucional del SNA, puntualizó.

Por su parte, Edna Jaime, directora de México Evalúa, mostró preocupación por una posible persecución selectiva para los casos de corrupción durante este gobierno.

“El presidente ha descansado en la UIF un esquema que podría parecerse a lo usado en el pasado, la persecución selectiva (...) Lo usa como un brazo punitivo, con el que quiere mandar una señal de que va por los corruptos y así responder a la expectativa que generó de acabar con la corrupción”, sostuvo.

Reconoció que es un avance que el presidente de la República quiera combatir la corrupción, aunque los instrumentos no son los adecuados para hacerlo de una manera más estructural. “Para ello necesitamos el aparato del Estado que se ha construido con los años, y que tiene que ver con el SNA” .

Edna Jaime consideró que con el Sistema Nacional Anticorrupción el gobierno federal tendría un control de la corrupción más efectivo y perdurable, porque recurrir a los instrumentos de persuasión criminal selectiva es seguir la estrategia de gobiernos pasados, que usaron las acciones legales con fines políticos.

En este sentido se pronunció José Antonio Álvarez, profesor investigador de la UNAM, quien determinó que el control de la corrupción por parte de esta administración ha sido por dos frentes: desde la selectividad y la cacería específica de personajes importantes, y desde un mensaje político que tiene que ver con un impacto en la percepción ciudadana.

Mientras, en el caso del SNA se mantiene un letargo, ya que los marcos jurídicos existen, pero aún no funcionan como deberían, dijo.

En septiembre pasado, Transparencia Internacional publicó el Barómetro Global de la Corrupción para América Latina y el Caribe 2019. Lanzado 10 meses después de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la Presidencia de México, el informe dio a conocer que 61% de los mexicanos piensa que el gobierno está haciendo un buen trabajo en el combate a la corrupción, en comparación con 24% en el 2017, el último año en que se realizó dicha encuesta. Además, el informe demostró que desde el 2017 casi se ha cuadruplicado el porcentaje de mexicanos que creen que la corrupción ha bajado.

Estas cifras apuntan al entusiasmo con el que muchos mexicanos han respondido a la promesa de López Obrador de finalmente erradicar la corrupción, por lo que López Obrador podría utilizar su popularidad para reforzar el SNA y galvanizar el apoyo público para sus iniciativas. Sin embargo, a pesar de esta oportunidad histórica, aún no ha demostrado su compromiso de implementar el sistema y proporcionarle los recursos que necesita para prosperar, dicta un análisis de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Esta organización argumentó que el gobierno mexicano tiene una oportunidad histórica para adoptar una estrategia integral de combate a la corrupción, enfocada en las instituciones, dado que es el primer gobierno que ha llegado al poder desde que el Sistema Nacional Anticorrupción entró en vigor en julio del 2017, durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto.

“Una de las señales más preocupantes es que, si bien el espíritu del SNA se basa en gran parte en la premisa de que las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol importante en el monitoreo y la evaluación de las políticas anticorrupción, el presidente frecuentemente crítica a estos actores, descalificando su papel a la hora de actuar como contrapeso de las instituciones gubernamentales”.

No obstante, se añadió que el SNA no necesariamente se deteriorará sin el apoyo de López Obrador. Si bien el gobierno aún no ha brindado a todas las instituciones que forman parte del sistema el respaldo político que necesitan para alcanzar su máximo potencial, ya han logrado resultados importantes, y continuarán avanzando con su trabajo. Del mismo modo, si bien los sistemas anticorrupción a nivel estatal enfrentan obstáculos significativos, avanzan y cobran impulso.

Asimismo, algunas investigaciones de casos emblemáticos de corrupción también avanzan. Entre ellos se incluyen el caso de la Estafa Maestra y el de la constructora Odebrecht.

Casos emblemáticos

Emilio Lozoya y Odebrecht

El caso de las acusaciones derivadas de los sobornos millonarios realizados por la constructora brasileña Odebrecht vieron sus primeros avances en nuestro país con los señalamientos contra Emilio Lozoya Austin, excoordinador internacional de la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto, quien luego se convirtió en director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio pasado.

Desde mayo del 2019, el extitular de Pemex es buscado por la justicia acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude. Lozoya ha sido señalado por la FGR de recibir supuestamente sobornos por 10.5 millones de dólares de Odebrecht, a cambio de contratos para la constructora en México, y por presuntamente estar involucrado en la compra, a sobreprecio, de una planta de fertilizantes en Coatzacoalcos, Veracruz.

Lozoya Austin es el primer exfuncionario de alto nivel en México que es vinculado por las autoridades por el caso Odebrecht, una investigación por actos de corrupción que abarca a 12 países.

Rosario Robles y la Estafa Maestra

Las acusaciones derivadas de la investigación periodística “La Estafa Maestra” alcanzaron a una de las mujeres más cercanas al expresidente Enrique Peña Nieto, y pusieron en el foco el presunto desvío de recursos durante el sexenio pasado.

Desde agosto de este año, Rosario Robles Berlanga, quien fuera secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se encuentra detenida y enfrenta un proceso judicial por ejercicio indebido del servicio público derivado del presunto desvío de recursos de más de 5,000 millones de pesos durante su gestión.

La acusación contra Robles Berlanga deriva de una investigación periodística que evidenció el desvío de más de 7,000 millones de pesos de recursos públicos a través de contratos ilegales y empresas fantasma en el sexenio pasado, con la participación de 11 dependencias federales, ocho universidades y más de 50 funcionarios, entre ellos la exsecretaria de Estado.

Romero Deschamps y el Sindicato de Pemex

El pasado 16 de octubre, tras 26 años al frente, se anunció la salida de Carlos Romero Deschamps del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Contra el también exsenador priista existen dos denuncias, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, e incluso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha informado que investiga, con apoyo de otros países, las cuentas bancarias del exlíder petrolero en el extranjero.

Juan Collado y la Caja Libertad

Juan Ramón Collado Mocelo, quien fuera un afamado abogado cercano a personajes de la política priista como Carlos Salinas de Gortari, el expresidente Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el empresario argentino Carlos Ahumada, entre otros, fue detenido en julio del 2019 y vinculado a proceso por los delitos de presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por la simulación de actos jurídicos en la venta ilícita de un inmueble en Querétaro, relacionado con la sociedad financiera popular (sofipo) Caja Libertad, de la que Collado era socio.

General Trauwitz y el Huachicol

El combate al robo de hidrocarburos y la corrupción que enmarca a Petróleos Mexicanos fue de los primeros objetivos a combatir por la administración de Andrés Manuel López Obrador, tras implementar una estrategia de cierre y vigilancia de ductos para evitar su perforación. El actual gobierno inició la indagatoria de funcionarios involucrados en una red de corrupción al interior de Pemex. Entre los señalados se habló del general brigadier de Estado Mayor, Eduardo León Trauwitz, quien fungía como subdirector de Salvaguardia Estratégica de la empresa petrolera del Estado.

El general fue un personaje cercano al expresidente Enrique Peña Nieto, ya que entre sus cargos tuvo el de jefe de seguridad cuando aquel era gobernador del Estado de México, para luego convertirse en el titular del área encargada de monitorear y prevenir el robo de combustibles.