Comisión de Venecia advierte sobre riesgos de la reforma electoral de AMLO

Al hacer un análisis, a solicitud del INE, de la iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión de Venecia opinó que el sistema propuesto para nombrar a consejeros del nuevo INEC y magistrados del Tribunal Electoral, “no proporciona garantías suficientes de su independencia e imparcialidad” sobre las campañas y elecciones en México.

La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo Europeo, formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional.

En su estudio, traducido del inglés, la Comisión destacó que la iniciativa presidencial propone cambios encaminados a reducir algunas de las facultades del actual INE, siendo la más riesgosa la vinculación de los consejeros del nuevo INEC con los políticos.

“Las reformas constitucionales reducen las facultades del INEC para ejercer el control sobre partidos políticos. Además, la disposición establece explícitamente que el INEC no puede tomar ninguna decisión en relación con dirección de partidos políticos o candidatos. La limitación de las facultades del INEC para intervenir durante el proceso de establecimiento de listas de candidatos por partidos políticos podría ser problemático”, dijo.

La Comisión de Venecia advirtió que las funciones del INE son tan relevantes que es responsable de la expedición de documentos de identidad, tarea que en otros países suele ser realizada por otras instituciones, y también tiene la tarea de garantizar la neutralidad y el equilibrio de los medios de comunicación, por lo que retirarle esas funciones implicaría una problemática.

“La Comisión de Venecia desea subrayar que existe un riesgo inherente a la reducción de las tareas del INE porque las atribuciones actuales han probado su eficacia para asegurar elecciones democráticas en la década pasada. El objetivo de reducir los costes de administración es comprensible y legítimo; sin embargo, si las competencias del nuevo INEC son menos amplias en comparación con el actual órgano electoral, y algunas de sus tareas son realizadas por diferentes instituciones del Estado, es esencial que la independencia, imparcialidad, transparencia y eficiencia del proceso electoral debe mantenerse y garantizarse plenamente bajo el nuevo diseño constitucional”, sostuvo.

Asimismo, luego de los severos recortes presupuestales que ha asestado el partido Morena al INE desde la Cámara de Diputados, la Comisión de Venecia advirtió que la administración electoral independiente necesita una financiación adecuada, máxime de que la estructura existente del INE y sus subdivisiones han permitido hasta el momento planificar los gastos de la jornada electoral con buena administración.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, remitió hoy el documento de este análisis a diversas autoridades de la Cámara de Diputados, del Senado, del Poder Judicial, así como a las dirigencias nacionales de los partidos políticos.

El análisis a detalle

El estudio recordó que la iniciativa propone cambiar el sistema electoral en México al reducir el número de legisladores en el Congreso mediante una lista única por estado, a diferencia del actual modelo de elección de 500 diputados, 300 elegidos por voto de mayoría absoluta en 300 distritos electorales uninominales. “Parece que el sistema mixto ha servido bien a México hasta ahora”, planteó.

Respecto a que los 300 miembros de la Cámara de Diputados sean elegidos en listas partidarias ya sin los 200 escaños plurinominales, pero en 32 distritos electorales que corresponderían a las entidades federativas, alertó que eso tendería a favorecer a los partidos grandes y permitirá a los partidos políticos tener la ventaja en la selección de aquellos candidatos que tienen posibilidades de ser elegidos. “Esto da a los partidos, más que a los ciudadanos, más influencia sobre quién es elegido”, alertó.

Recordó que actualmente el Senado de la República está integrado por 96 curules, tres por cada entidad federativa, más 32 por lista nacional.  Indicó que no existe un estándar internacional sobre el cual se elija el sistema electoral, y depende del parlamento de un país para decidir sobre un sistema proporcional, mayoritario o mixto.

“El nuevo sistema electoral propuesto podría dar lugar a una representación excesiva de los partidos grandes y a una representación insuficiente o incluso nula de los partidos más pequeños. Es cierto que esto también era posible con el sistema actual en el que una serie de escaños se cubren mediante un sistema. No está claro cómo es que el objetivo declarado por los autores de la Iniciativa de reforzar la legitimidad de los legisladores se puede lograr mediante la reducción del número de miembros y su elección por medio de una lista única por estado. El impacto del cambio constitucional debe evaluarse y medirse más, y debe celebrarse un debate parlamentario y público exhaustivo sobre todas las consecuencias de la enmienda. Es adecuado proporcionar al público más aclaraciones sobre cómo los escaños parlamentarios se distribuirán en función de los resultados electorales recientes o las encuestas de opinión pública con el sistema electoral propuesto en comparación con el existente.

“Si se aprueba el proyecto de reforma constitucional del sistema electoral en México y se introduce el sistema proporcional para las elecciones, los nuevos órganos de gestión electoral tendrán que operar en condiciones en las que los principales partidos políticos jugarán de manera más activa en la selección de candidatos y la influencia partidista durante el período preelectoral. Un desafío adicional consistirá en garantizar la igualdad de trato de los partidos más pequeños y candidatos independientes que no tendrán la misma capacidad de movilización tanto material como de recursos humanos en ausencia de financiamiento público”, aseveró.

Respecto a la reforma que plantea al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la posibilidad de desaparecer al INE para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Referéndums (INEC), y que sus integrantes sean nombrados por voto popular con base en propuestas de Cámara de Diputados, el Senado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y titular del Ejecutivo Federal, la Comisión de Venecia señaló que el procedimiento propuesto “es inusual y genera riesgos para su condición de órgano imparcial”.

Advirtió que “la elección de los miembros del INEC y magistrados del Tribunal Electoral por voto popular no es consistente con los estándares y mejores prácticas electorales”.

“El texto de la iniciativa no incluye ningún requisito relativo a la preparación técnica y calidades de los consejeros. Además, no establece las reglas para las elecciones a los INEC y el TEPJF. Para la Comisión de Venecia la composición de los órganos de gestión electoral es un elemento esencial para la credibilidad de las elecciones”, refirió.

Calificó de gran preocupación el que se sugiera que los consejeros electorales hagan campaña. “Los integrantes del INEC no deben ser elegidos directamente, ya que la voluntad de los votantes es política (no técnica)”, dijo.

Dijo que el sistema propuesto no permitiría postular a quienes cumplan con los perfiles de estándares internacionales. “Una elección puramente política podría asegurar la representación equilibrada de partidos políticos en el INEC pero iría en contra del requisito de imparcialidad”, advirtió.

Mencionó que los mismos riesgos para la imparcialidad e independencia se sugieren para la elección de los magistrados del Tribunal Electoral. “En materia electoral como en otros campos, el poder judicial, incluyendo una jurisdicción electoral especializada, debe representar una garantía de imparcialidad de todo el proceso, por lo que debe ofrecer suficientes garantías de independencia”, abundó.

El estudio mencionó que el Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral de la Comisión de Venecia establece que las elecciones deben ser organizadas por un organismo imparcial, de carácter permanente y que los partidos políticos puedan observar su trabajo.

Indicó que durante la visita de los relatores de esa comisión a México del 21 al 23 de septiembre, una mayoría de la delegación consideró que las disposiciones constitucionales y legales vigentes en México en materia electoral consagran los principios de imparcialidad.

“Todos los interlocutores estuvieron de acuerdo que desde 2012 había habido un cambio de poder regular como resultado de elecciones democráticas”, planteó.

Llamó a que el proceso legislativo de la iniciativa de reforma electoral en el Congreso de la Unión esté marcado por los más altos niveles de transparencia e inclusión de opiniones.

“La Comisión de Venecia subraya que cualquier sistema electoral y administración puede ser mejorado. Sin embargo, cambiar un sistema y especialmente una administración electoral que ha tenido un buen desempeño requiere especial precaución. Si el sistema actual y la administración tienen independencia asegurada, gozan de la confianza de la mayoría de los actores electorales y han demostrado ser capaces de asegurar varios ciclos electorales exitosos consecutivos, es imperativo que en el nuevo sistema las autoridades de gestión electoral y las jurisdicciones especializadas deben proporcionar al menos la misma garantías de independencia y debe ser capaces de ofrecer al menos la misma calidad de proceso electoral como sus predecesores”, destacó.

Dijo que la nueva legislación debe ser clara y completa, además de cumplir con las obligaciones internacionales, y debe ser por amplio consenso después de extensas consultas públicas con todas las partes interesadas; y con el compromiso político de aplicar plenamente dicha legislación de buena fe, con garantías procesales y judiciales adecuadas y medios para evaluar oportunamente cualquier falla.

jorge.monroy@eleconomista.mx