Con López Obrador hay hiperpresidencialismo, pero no subordinación

Durante los primeros tres meses del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido posible apreciar rasgos de hiperpresidencialismo, pero donde el jefe del Ejecutivo tiene una relación complicada es con en el Congreso, pues, a pesar de que cuenta con una abultada mayoría legislativa, no hay una relación de subordinación; con los gobernadores mantiene un control político vía el presupuesto y con las organizaciones de la sociedad civil el trato es ríspido.

Para el director del Departamento de la Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla, Juan Luis Hernández Avendaño, se vive un hiperpresidencialismo donde el Ejecutivo federal concentra capacidades, en detrimento de otros poderes.

El politólogo explicó que esta nueva forma de concentración del poder se diferencia de situaciones similares del pasado en dos aspectos: por un lado, porque se trata de una Presidencia austera y, por otro, porque el presidente es vocero de sí mismo.

Llamó la atención en que las facultades metaconstitucionales del presidente (como las que en su momento aludía el jurista Jorge Carpizo) pueden estarse recuperando porque, tal como ocurrió con presidentes que gozaron de ese tipo de poderes, es jefe de su partido (Morena) como en su momento el mandatario en turno era el jefe nato del PRI.

Sin embargo, advirtió que hay que tomar en cuenta algunas circunstancias derivadas de las reformas institucionales de los últimos años, como que no tiene el control del Instituto Nacional Electoral.

También que la disciplina que tenían los priistas ante el presidente de la República no se aprecia hoy en los morenistas porque el partido del presidente actual fue producto de una coalición muy diversa.

Relación con el Congreso

Hernández Avendaño comentó que en el caso de la relación del jefe del Ejecutivo federal con el Congreso todavía no es posible verla clara y absolutamente en términos de subordinación.

Expuso que si bien no cabe duda que las mayorías son para usarse y la que representa Morena y sus aliados las han estado usando para hacer los cambios que ellos quieren y necesitan, también es cierto que el apoyo a las iniciativas que le interesan al presidente no ha sido tan automático.

Recordó que en el sexenio pasado el presidente Peña Nieto logró disciplinar a los partidos más grandes y, a su vez, los partidos más grandes disciplinaron a todas sus bancadas y finalmente eso dio origen a una suerte de legislación que poco conectó con la gente.

Ahora lo que estamos viendo es una suerte de uso de mayorías que es normal, pero dado lo que ocurrió con el Senado, donde Morena tuvo que negociar y ceder en algunos puntos de la reforma que dio pie a la Guardia Nacional con otras fuerzas políticas, se puede pensar que no va a ser una subordinación y que la oposición en el Senado encontró un camino muy interesante para expresarse cuando se trate de reformas constitucionales en términos de poder vehiculizar agendas de la sociedad civil como es lo que ocurrió ahora, expresó.

“No aprecio una subordinación total y absoluta, pero evidentemente hay condiciones para que el Congreso sea una suerte de alfil político que le permita alcanzar su agenda lo más pronto posible”, consideró.

Por su parte, el académico de la UNAM Edgar Ortiz Arellano consideró que a pesar de contar con la bancada más grande en el Congreso de la Unión, el presidente de México ha tenido una relación complicada con el Legislativo porque no tiene mayoría calificada, lo cual lo ha obligado a negociar y ceder para que sean aprobados ciertos temas de su agenda, destacó.

El analista político dijo que es evidente que hay deficiencias en la capacidad de negociar de sus legisladores de Morena, por lo que ha tenido que echar mano de colaboradores cercanos al poder ejecutivo para llevar a buen puerto ciertas negociaciones.

El catedrático de la UNAM indicó que seguramente el presidente tendrá que seguir lidiando con la falta de capacidad de su bancada para lograr los cambios que requiere en la legislación para concretar su proyecto de gobierno.

Enfatizó que la posibilidad de ser reelectos en sus cargos a partir del 2021 podría propiciar que los diputados y senadores realmente trabajen por dar buenos resultados a quienes representan.

“Mientras, no existe este sistema de contrapesos, es iluso creer que suceda por las características actuales del presidente de la República, quien ha demostrado ser un presidente con mano fuerte en el ámbito político”, manifestó.

Relación con los gobernadores

Para el politólogo Ortiz Arellano, la relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores ha transitado de la confrontación a la complicidad.

Explicó que la creación de la figura de delegados de programas integrales de desarrollo generó rispidez entre el mandatario federal y los titulares del ejecutivo en los estados, porque sus comisionados le hacen sombra a los gobernadores, además porque hay trasfondo político.

Sin embargo, expuso, los gobernadores tuvieron que alinearse porque la mayoría de los estados depende de las aportaciones que le otorga la federación, por lo que es difícil que puedan confrontarse de manera abierta al presidente de la República.

Destacó que el que se busque que la relación sea de ganar-ganar entre ambos actores es una tendencia de las élites políticas y económicas porque es más fácil arreglarse que confrontarse abiertamente.

Aunque, refirió, seguramente en esa relación de complicidad podrían quedarse fuera algunos gobernadores como el de Chihuahua, Javier Corral, quien más que buscar ser contrapeso tienen la intención de ser candidato a la presidencia de la República.

Por su parte, el politólogo Hernández Avendaño destacó que históricamente los estados dependen del presupuesto del gobierno federal.

El presidente de la República ha tenido la llave del dinero para el control de los gobernadores; siempre ha habido una relación de control político a través del control presupuestal federal que, incluso, puede aumentar o disminuir según sea la relación política entre los gobernadores y el presidente, explicó.

En ese tenor, refirió que una circunstancia que hay que tomar en cuenta es que la mayoría de los gobernadores, que en estos momentos son priistas y panistas, por encima de los morenistas, quiere tener la mejor relación posible con el presidente en beneficio justo del dinero que necesitan para sus estados.

La mayoría de los mandatarios estatales no querrá pelearse con el presidente y no querrá tener una relación ríspida y tarde o temprano van a tener que acomodarse con los superdelegados. En la vida práctica tendrán que acordar con esos funcionarios, indicó.

Empero, el politólogo llamó la atención en que los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral, y el Jalisco, Enrique Alfaro, cuentan con cierto margen político y de maniobra, por lo que disputarán algunas cosas al presidente.

Por razones estrictamente políticas, Corral querrá aprovechar el debilitamiento de su partido para el erigirse como uno de los líderes que le hacen falta a este partido. Lo mismo ocurre con Alfaro en Movimiento Ciudadano, aun cuando renunció a su militancia cuando asumió la gubernatura.

Por otro lado, mencionó que, a diferencia de lo que ocurrió en el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada, en que los gobernadores se convirtieron en virreyes, ahora esto no parece posible debido a que hay una suerte de control político hacia ellos.

En este momento, los gobernadores están completamente subordinados a la presidencia de la república porque no son populares, porque no son carismáticos y porque no tienen gran legitimidad política y porque necesitan los recursos económicos e institucionales del presidente.

Relación con las organizaciones de la sociedad civil

El académico Hernández Avendaño enfatizó que desde que era candidato presidencial, se vio que López Obrador tenía una suerte de prejuicio frente a la sociedad civil.

En su opinión, eso se debe a que se fijó en las organizaciones de la sociedad civil apoyadas por los grupos empresariales que básicamente criticaron a sus políticas y propuestas y metió en la misma bolsa a una heterogeneidad muy vasta de la sociedad civil que es muy diversa.

Lo que se aprecia, en todo caso, es una presidencia y un López Obrador que tiene una relación claramente ríspida con varios sectores de la sociedad civil y una relación caótica.

Dijo que claramente no ha entendido qué es la sociedad civil y cómo funciona. “Ése es el principal problema porque yo pensaría que hay un sector de la sociedad civil que sería aliado de muchos de los programas y agenda de López Obrador”.

Expresó que con eso el presidente de la República se está perdiendo una oportunidad de tejer vínculos con un sector social movilizado y eso no le permite tejer esas alianzas políticas con quien naturalmente, incluso desde hace muchos años, ha acompañado su propio proceso político.

Para el politólogo Edgar Ortiz Arellano, la relación entre el presidente con organizaciones de la sociedad civil está deteriorada debido a que para el titular del Ejecutivo federal todo aquel que lo crítica, lo cuestiona o no se suma a sus esfuerzos se vuelve parte de sus enemigos.

“Ni la prensa ni la sociedad civil organizada puede alinearse de manera sumisa al poder político público”.

Explicó que para llegar a la Presidencia, López Obrador echó mano de algunas organizaciones, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pero ahora que tiene el poder está siendo muy hábil para eliminar esfuerzos que no ve a favor de su causa.

El analista político indicó que una característica sustantiva de las democracias es que los ciudadanos se organizan en gremios, asociaciones, sindicatos, corrientes de opinión y otras formas, y una de sus funciones es ser críticos al gobierno.

Lo que provoca es una polarización social, por un lado, aquellos que creen en la sociedad organizada y que creen en la libre expresión de las ideas, y por otro lado, aquellos que defienden de manera radical al presidente de la República.

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