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Constituyente trabaja a marchas forzadas
Los diputados encargados de redactar la Constitución de la Ciudad de México tienen hasta mañana para entregar el proyecto.
Con menos de 48 horas para entregar el proyecto de la Constitución de la Ciudad de México, los diputados deben desahogar aún temas de coyuntura como el derecho de la vida, tema que el PAN lucha por incluir; el voto a partir de los 16 años, que, se prevé, sea desechado por el PRI y el PAN, al considerarlo anticonstitucional; la autonomía del fiscal general para que no sea nombrado por el jefe de Gobierno, y la renovación del mandato.
En los últimos tres días diputados han discutido los dictámenes y la redacción de éstos hasta altas horas de la noche, y recientemente aprobaron las facultades de los policías de proximidad, que se encuentran en el artículo 48, que detalla el uso proporcional de la fuerza cuando los cuerpos policiacos tengan que intervenir en una manifestación pública, protesta u otra situación de ese tipo.
Sobre la Renta Básica Universal, que estipulaba dar recursos a toda la población, se sustituyó, quedando dentro de las normas 14 y 22; solamente entregará apoyos económicos a los grupos vulnerables. Los diputados también aprobaron el mínimo vital para asegurar una vida digna en el que se dará prioridad a las personas en situación de pobreza además de los derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas.
Los diputados constituyentes también han aprobado los dictámenes de la Comisión de Alcaldías, las cuales contarán con personalidad jurídica, autonomía sobre su administración y el ejercicio de su presupuesto.
En los temas pendientes aún están los 34 artículos transitorios que conforman la Constitución así como el artículo 74, que trata sobre la reformalidad de la Constitución, y el 15, relativo al fondo de pensiones de los trabajadores no asalariados.
Al igual que los artículos 51, sobre el presupuesto de los órganos autónomos; 52, que analiza la elección del fiscal general. Además de la facultad de juicio político de la Comisión de Derechos Humanos, y 21 apartados sobre desarrollos inmobiliarios.
