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Política

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Continúa violencia homicida en los estados prioritarios

Para Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano es momento de generar prevención del delito y combatir los niveles de impunidad, de lo contrario el sexenio de AMLO será el más violento.

Pese a que el gobierno federal implementó desde agosto del 2021 el plan de Fortalecimiento Integral de la Estrategia de Seguridad del Estado Mexicano en siete de nueve entidades catalogadas como “prioritarias”, la tasa de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes de éstas sigue por arriba del promedio nacional.

De acuerdo con los datos más actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la tasa nacional de homicidio doloso, hasta noviembre pasado, era de 23.8.

Por arriba de este indicador se ubican Zacatecas —estado que inició el año con 10 cuerpos abandonados frente a palacio de gobierno—, en donde los asesinatos por cada 100,000 habitantes llegan a 89.99, lo cual la posiciona en el primer lugar del país.

Baja California presenta una tasa de 75.88; le sigue Chihuahua con 58.28; Sonora con; 57.05; Guanajuato con 51.57; Michoacán con 50.95 y Jalisco con 25.86.

En sólo dos estados la cifra se encuentra por debajo del promedio nacional: el Edomex con 13.74 y Quintana Roo con 8.11.

Si se compara la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes del año pasado con la del 2020 el estado de Zacatecas tuvo un incremento de 40.8% al pasar de 63.91 a 89.99.

Otro de las entidades que tuvo un alza fue Sonora pasó de 51.52 en el 2020 a 57.05 en el 2021, es decir, un aumento de 10.7%, mientras que en el caso de Michoacán registró una ligera alza al pasar de 50.42 a 50.95.

Municipios más violentos

De acuerdo con el informe de seguridad más reciente, presentado el 20 de diciembre del 2021, de 50 localidades prioritarias que concentran el mayor número de homicidios dolosos del país (36 se ubican en los nueve estados mencionados), en 22 hubo un alza en homicidios al comparar las cifras de agosto a noviembre del 2021 con el mismo periodo del 2020.

Lo anterior se refleja en casos como el de Cajeme, Sonora, que registró 139 en el 2020 y 214 en el 2021, un aumento de 54%; o el de Fresnillo, Zacatecas, que pasó de 102 a 154, un alza de 51 por ciento.

También existen casos como el de Zamora, Michoacán con un incremento de 34% ya que en el 2020 la cifra se ubicó en 103 homicidios, mientras que para el año pasado fue de 138.

Mientras que Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo tuvo un alza, en los periodo mencionados, de 20%, entre otros casos.

“Inflexión no existe”

Los homicidios y la violencia que no se detienen en el país son consecuencia de una incorrecta estrategia de seguridad pública, del uso político de los operativos, de los recortes presupuestales a fiscalías y corporaciones de seguridad estatales, así como de la incapacidad de autoridades para terminar con la impunidad de los delitos, consideraron expertos.

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, afirmó que si bien el gobierno federal celebra un punto de inflexión y contención de los homicidios, esto se debe a que durante la pandemia de Covid-19 se redujeron los delitos cometidos por la delincuencia común mediante robos, y esta situación puede no ser sostenible en el 2022.

“Necesitamos, ahora sí, definir con claridad hacia dónde vamos y cómo le vamos a hacer. Es hora de que se trabaje específicamente para generar prevención del delito (...) Necesitamos que esto empiece a suceder, porque si no, cerramos este sexenio como el más violento para el país, que hasta el momento ya lo es, porque en los últimos 35 meses (del actual gobierno federal), respecto de los primeros 35 meses de gobierno de (Enrique) Peña hay un 66% más de homicidios y 110% más que de (Felipe) Calderón”, añadió.

Alfredo Lecona del colectivo Seguridad Sin Guerra consideró que el llamado “punto de inflexión” que celebran las autoridades de seguridad federales no existe si se ve la realidad de los estados. Indicó que la violencia creciente en el país revela que la militarización de la seguridad pública no funciona como estrategia, y resaltó que los recortes presupuestales a los fondos en materia de seguridad para estados y municipios tiene el propósito de debilitar a las corporaciones policiacas estatales.

Estimó que un elemento que no ayuda a cambiar la actual estrategia de seguridad del gobierno federal, es que los funcionarios del gabinete no tienen poder de decisión, incluidos los titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina.

Zacatecas, zona de guerra entre cárteles

Ante los actos de violencia en Zacatecas, la agencia de investigación, InSight Crime, advirtió que son resultado de una campaña emprendida por grandes organizaciones criminales, la cual podría replicarse en cualquier lugar del país.

En su análisis, la organización sostuvo que la violencia en Zacatecas, que antes fue vista en Guanajuato, Michoacán y Baja California, tiene que ver con la incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado.

“Zacatecas se ha convertido en la nueva víctima de la macabra guerra que libra el CJNG contra el Cártel de Sinaloa por la producción de drogas sintéticas. Antes de eso, el CJNG combatía al CSRL (Cártel de Santa Rosa de Lima) por el control de huachicoleo en Guanajuato. A los Carteles Unidos para exprimir a los productores de aguacate en Michoacán. Y otra vez al Cártel de Sinaloa para extorsionar al sector turístico en Quintana Roo. Y al Cartel del Noreste para asegurar los pasos fronterizos a Estados Unidos en Tamaulipas”, señaló el informe. (Maritza Pérez)

politica@eleconomista.mx

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