Covid-19 agravó la situación de activistas y periodistas en México

Con al menos seis periodistas y 24 personas defensoras de derechos humanos asesinados durante 2020, la situación de activistas y comunicadores se ha agravado en el país a partir de la emergencia sanitaria, económica y social generada por el Covid-19, señalaron organizaciones sociales.

A través del informe Situación de la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México a partir de la pandemia por Covid-19, las organizaciones Espacio OSC, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHMX) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), advirtieron que en México, las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México continúan bajo un ataque sistemático.

El documento añade que, en el caso de mujeres defensoras, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHMX) registró una intensificación en las agresiones durante la pandemia, ya que entre enero y junio se registraron agresiones contra 266 defensoras y 42 colectivos, de las cuales 49% fueron contra defensoras y 37% contra periodistas y/o colectivas.

Siendo las calumnias, señalamientos y campañas de desprestigio; intimidación y hostigamiento psicológico; amenazas, advertencias y ultimátums; restricciones a la libertad de expresión; y criminalización, las agresiones más frecuentes.

Además de que se registraron 7 asesinatos de mujeres que laboraban como defensores o periodistas, con otros cinco intentos de homicidio.

Asimismo, en el caso de las y los periodistas, se indicó que la emergencia sanitaria internacional ha reflejado las crisis económica, social y política que agudizan las condiciones estructurales de la labor periodística en México.

Ya que de acuerdo con información documentada por Article 19 y CIMAC, se registraron 112 agresiones contra la prensa relacionadas con coberturas de la pandemia de Covid-19, 47 hombres, 42 mujeres y 23 medios; así como el asesinato de 6 periodistas, incluida una mujer, durante el 2020.

Mientras que las personas defensoras del territorio y del medio ambiente fueron de las más violentas en 2020, pues se registró el asesinato de al menos 17 de estos activistas. Se añadió que la pandemia por COVID-19 ha profundizado las desigualdades y vulnerabilidades en las que se encuentra este grupo de defensa, ya que además de las agresiones letales, se han registrado amenazas y campañas de desprestigio.

El estudio también buscó visibilizar la situación a la que se enfrentan personas defensoras de migrantes; defensoras de la población LGBTTTIQA+ y víctimas y familiares en labores de búsqueda, quienes su situación se ha ido agravando por acciones tales como criminalización, campañas de desprestigio, actos de hostigamiento e incluso, en algunos casos, agresiones físicas.

En el caso de las personas defensoras de la población LGBTTTIQA+, se informó que su condición en México, y particularmente de las mujeres trans, continúa marcada por la discriminación, precariedad, graves riesgos a la salud y violencia. En el marco de la pandemia se contabilizó el asesinato de 4 defensoras trans.

Finalmente, en el caso de las víctimas y familiares en labores de búsqueda, las organizaciones lamentaron que la emergencia sanitaria no detuvo la emergencia de desapariciones en México, ya que aunque entre enero y septiembre de 2020 se registraron menos casos que en el mismo periodo de 2019, las cifras oficiales apuntan que casi 5000 personas fueron reportadas como desaparecidas.

Por lo que, desde el inicio de la crisis sanitaria, las y los familiares de personas desaparecidas han señalado mayores obstáculos por parte de las autoridades para recibir información sobre la investigación y dar seguimiento a sus casos, así como para realizar acciones o participar en diligencias de búsqueda. Adicionalmente, han resentido directamente el impacto económico de la pandemia, dificultando aún más sus labores de búsqueda.

“El funcionamiento efectivo de una política de protección requiere que las autoridades garanticen espacios habilitantes para ejercer el derecho a defender derechos humanos y de la libre expresión.

“Las acciones para ello deben iniciar con la Presidencia de la República y el Poder Ejecutivo federal; y ser replicadas por los gobiernos estatales, organismos autónomos, así como por los Poderes legislativo y judicial bajo el ámbito de sus competencias” fue el llamado de los colectivos para las autoridades.

rrg