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Política

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Cuatro sicarios reconocen asesinato de 17 jóvenes

Tras el hallazgo de fosas con restos de al menos 28 personas, la PGR atrajo el caso de los estudiantes desaparecidos; en horas, la versión del gobierno estatal cambió: quien ordenó detener a los ahora desaparecidos fue el director de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares.

El Fiscal General de Guerrero, Iñaky Blanco, informó que hasta anoche habían localizado los cuerpos de 28 personas en las fosas descubiertas en Pueblo Viejo, La Parota y Loma del Coyote en el municipio de Iguala. Hasta que no se determine la identidad de los cuerpos no se puede saber si son de los normalistas , reiteró.

En conferencia de prensa este domingo en Acapulco, añadió que el reconocimiento de los 28 cuerpos tardará entre 15 días y dos meses, pues argumento que algunos cuerpos están desmembrados y en todos los casos fueron calcinados con diésel, gasolina.

Afirmó que cuatro sicarios detenidos, del cartel Guerreros Unidos, reconocieron haber ejecutado a 17 estudiantes normalistas, por orden de un sujeto identificado como El Chuky , integrante de Guerreros Unidos . Detalló que fue el director de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, quien dio la orden de detener a los normalistas, está en calidad de prófugo. Afirmó que sigue la búsqueda del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, para quien el gobernador Ángel Aguirre pidió juicio de procedencia, así como del exsecretario de Seguridad del municipio, Felipe Flores.

El hallazgo de fosas en una comunidad de Iguala con 28 cadáveres -contados hasta el momento-, cuya identidad analiza la PGR para determinar si corresponden a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, condujo al gobierno de Ángel Aguirre a establecer que el cártel Guerreros Unidos en complicidad con autoridades y policías municipales de Iguala, son los culpables del ataque ocurrido hace una semana.

Autoridades dijeron el domingo a la agencia Reuters que temen que los cuerpos encontrados en fosas clandestinas en la ciudad de Iguala sí sean los de los estudiantes que desaparecieron tras un enfrentamiento con policías el viernes 26 de septiembre durante una protesta.

De hecho, padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos acudieron a la Fiscalía General de Guerrero para proporcionar muestras sanguíneas, a fin de que sean comparadas con los cuerpos que se localizaron el sábado en las fosas.

El director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, anunció que la dependencia federal es la que realizará las pruebas médicas forenses y de ADN para determinar si los cuerpos hallados corresponden o no a algunos de los estudiantes desaparecidos.

Entregan el caso a la PGR

El gobernador Ángel Aguirre y el fiscal general de Guerrero, Iñaky Blanco, dijeron que ya pusieron a disposición de la Procuraduría General de la República a los 22 policías municipales de Iguala detenidos, y a otros ocho presuntos sicarios que habrían participado en la balacera contra los normalistas el 26 de septiembre.

Iñaky Blanco dijo que mientras la PGR realiza sus investigaciones por los delitos federales que localice, la Fiscalía de Guerrero continuará con la indagatoria por los hechos del fuero común, a efecto de recabar evidencias (...) que permitan ampliar el ejercicio de la acción penal, una vez que se ubique y detenga a otros probables responsables de la comisión de diversos ilícitos para que las autoridades judiciales resuelvan lo que a su derecho corresponda .

El argumento del gobierno de Guerrero para pasar las investigaciones a la PGR es que en ese ataque, en el murieron seis personas y 43 normalistas desaparecieron, hubo participación de la delincuencia organizada del cártel Guerreros Unidos. Además, previo al hallazgo de fosas ocurrido el sábado, la Fiscalía de Guerrero también localizó enterradas en el patio de un domicilio ocho cuernos de chivo, seis R-15, dos lanzagranadas, 56 cargadores, seis M16 y dos cartuchos.

Hoy podemos decir que existen elementos para establecer el involucramiento en los hechos de grupos de la delincuencia organizada, particularmente conocido como Guerreros Unidos, respecto del cual, varios elementos de la Policía Municipal (de Iguala) son parte , reconoció el fiscal.

El gobernador Aguirre destacó que por las características de los delitos cometidos, y las evidencias y pruebas recogidas durante la investigación de la Fiscalía del Estado, se trata de una serie de acciones delictivas cometidas por la delincuencia organizada.

El sábado, una vez halladas las fosas, el procurador general de la República, Jesús Murillo, ordenó la atracción de la investigación.

Por estos hechos, al momento siguen prófugo de la justicia el ex edil de Iguala, José Luis Abarca, y el secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores, que se encuentran ya en calidad de indiciados en diversos delitos federales y del fuero común.

jmonroy@eleconomista.com.mx

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