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Dan 52 años de cárcel al general Moreno Aviña
Un juez federal resolvió que se comprobó la responsabilidad del general en los delitos de tortura, homicidio y destrucción de cadáver.
Por violaciones a los derechos humanos, un juzgado federal sentenció a 52 años y seis meses de prisión al general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Manuel de Jesús Moreno Aviña, al comprobarse su responsabilidad en los delitos de tortura, homicidio y destrucción de cadáver en agravio de una persona, en el 2008.
El general del Ejército Mexicano se desempeñaba como comandante de una Guarnición Militar en una ciudad de Chihuahua. El juzgador lo encontró culpable de los delitos de tortura, homicidio calificado y violación a las leyes de inhumación, en la modalidad de destrucción de cadáver, cometido en contra de una persona el 25 de julio del 2008, con lo que violó sus derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales.
Por lo anterior, el juez federal ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) brindar la atención médica y psicológica de los servicios sociales y de rehabilitación a quien acredite los derechos sucesorios de la víctima.
Asimismo, Sedena deberá efectuar la declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima. A su vez, las Fuerzas Armadas deberán ofrecer una disculpa pública, aceptar responsabilidad, así como otorgar garantía de no repetición, por virtud de que el delito fue cometido por un servidor público.
En su sentencia, la autoridad jurisdiccional indica que se acreditó que la víctima fue detenida viva durante las primeras horas del 25 de julio del 2008, por elementos en activo de la Tercera Compañía de Infantería no Encuadrada en una ciudad de Chihuahua.
Posteriormente, fue llevado a las instalaciones de esa unidad, en donde fue torturada. Con una ventaja numérica de activos, lo ataron y mojaron para aplicarle descargas eléctricas en el cuerpo, con el propósito de obtener información respecto de la muerte de un militar, esto en presencia de diversos elementos castrenses, quienes interrogaban a otros individuos, por orden del sentenciado.
Los actos de tortura provocaron la muerte de la víctima, pese a los primeros auxilios que le fueron proporcionados.
Después, por órdenes directas del general, el cadáver de la víctima fue subido a un vehículo y transportado a un rancho en el que fue incinerado de manera clandestina; ello sin hacerlo del conocimiento de la autoridad ministerial correspondiente, aun a sabiendas de que los actos eran constitutivos de varios ilícitos.
En la resolución se condena al inculpado y a la Sedena al pago de la reparación del daño por un monto de 250,470 pesos a favor de quien acredite los derechos sucesorios de la víctima.
