Defensores de derechos humanos piden a la ONU atender a desplazados en México

La exrelatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary, advirtió que tras visitar México logró identificar que el desplazamiento interno impacta de manera preocupante a los pueblos indígenas, así como a las mujeres y personas defensores y periodistas.

Lo anterior es parte del informe final sobre la visita que realizó a México la extitular de la Relatoría Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de ONU, Cecilia Jiménez-Damary, que fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Entre los principales hallazgos de la visita realizada entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre de 2022, por la entonces relatora especial a México, se observó que las causas del desplazamiento interno en la nación son diversas y multifactoriales, ya que incluyen diferentes tipos de violencia originada por el crimen organizado, proyectos de desarrollo, conflictos comunitarios por la tierra, cambio climático, desastres y, en algunos casos específicos, la creación de áreas naturales protegidas.

En especial, observó con gran preocupación que el fenómeno del desplazamiento interno afecta mayoritariamente a los pueblos indígenas, los cuales, pese a representar el 10% de la población total de México, se vieron afectados por el 40% de los episodios de desplazamiento registrados por la sociedad civil en 2020.

Asimismo, expresó que el desplazamiento interno impacta de forma diferenciada a mujeres y niñas, ya que se enfrentan a la violencia por razón del género, incluyendo la violencia sexual. Además de que observó los riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad de las mujeres indígenas y afrodescendientes, así como del temor de los hombres a ejercer actividades económicas en una zona controlada por el crimen organizado, obligando a las mujeres a convertirse en las únicas proveedoras.

En este sentido, también alertó sobre la presencia de niñas, niños y adolescentes en casi todos los episodios de desplazamiento en 2020 y resalta su impacto diferenciado debido a su condición particular de dependencia y vulnerabilidad, incluyendo el reclutamiento forzado, la ruptura de la unidad familiar, la pérdida de entornos protectores, el abandono de sus procesos académicos.

Mientras que subrayó que los riesgos enfrentados por las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como su desplazamiento a raíz de amenazas, agresiones, criminalización y otros ataques, han sido objeto de preocupaciones por distintos expertos de las Naciones Unidas.

“Esta violencia tendría un efecto inhibitorio para otras personas que ejercen el mismo rol. Las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas continúan con medidas de protección inadecuadas, e incluso conoció casos de periodistas que fueron asesinados en su nueva ubicación. Observa la falta de medidas diferenciadas para la protección de mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, así como la ausencia de planes integrales para la reubicación de la familia directa de las personas objeto de medidas de protección”, dicta el informe.

Durante la 53ª Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y ante la nueva relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria Betancur, la representación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos sostuvo que este informe genera esperanza para que sea una guía para el Estado mexicano, y así avanzar en la protección de las personas desplazadas internas.

Asimismo, sostuvo que aunque existe una necesidad de que se creen instrumentos normativos y programáticos, así como políticas públicas específicas para atender la situación de desplazamiento interno de México, la ausencia de estos no puede representar una excusa para que el Estado no cumpla con sus obligaciones.

Y es que lamentó que a pesar de que hay organismo que ya cuentan con atribuciones para reconocer y atender a las personas desplazadas internas, como por ejemplo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), no pueden seguir siendo omisas ante las necesidades de esta población.

En tanto, también ante este consejo de la ONU, Dora Lilia Roblero Garcia del Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), expresó que la violencia generalizada en México ha obligado a que miles de personas tengan que desplazarse forzadamente, siendo la población indígena de Chiapas una de las más afectadas.

Indicó que actualmente se registran desplazamientos forzados vinculados al actuar de grupos civiles armados, algunos sucesores del paramilitarismo y la estrategia contrainsurgente desplegada por el Estado mexicano desde los años noventa.

Por lo que este fenómeno se complejiza por la violencia ocasionada, por grupos de la delincuencia organizada, contra la población y por las características de este fenómeno lo llegan a considerar una forma de tortura, y entorno torturante, ya que, de manera permanente, se infunden sufrimientos físicos y mentales contra la población, con el fin de una apropiación del territorio.

“Frente a este fenómeno se identifica una ausencia de medidas de prevención, así como para la atención integral de las víctimas, por lo que urgimos se retomen las recomendaciones propuestas por la Relatora”, subrayó ante los representantes de diferentes países.

Por otro lado, Francisca Méndez, embajadora de México ante la ONU, reconoció que México aún enfrenta enormes desafíos para prevenir y brindar atención al desplazamiento interno, al tiempo que, dijo, el país está consciente de que debe garantizar los derechos de las personas desplazadas, brindarles protección y ofrecerles soluciones duraderas.

Por ello, aseguró que el Estado mexicano se compromete ante este Consejo a dar seguimiento y cabal atención a las recomendaciones planteadas en sinergia con todos los actores de la sociedad mexicana y con el apoyo técnico de los mecanismos internacionales especializados.

Y es que resaltó que México tiene la voluntad de fortalecer su marco normativo, robustecer los mecanismo de protección y asistencia, mejorar la cooperación interinstitucional y contar con registros de personas desplazadas y producción de estadísticas oficiales.