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Denuncia la CNDH riesgos en cárceles
Cobros y privilegios para reos, sobrepoblación y hacinamiento, así como medios de coerción son acciones que se mencionan en el Mecanismo de Prevención de la Tortura.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura detectó el año pasado 2,560 situaciones de riesgo en los centros de detención y de internamiento a nivel estatal y municipal de cuatro entidades federativas.
De acuerdo con el informe 2015 del mecanismo nacional, publicado recientemente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las situaciones de riesgo que se detectaron en los centros de detención e internamiento en Sonora, Veracruz, Nuevo León y Quintana Roo se dieron a conocer a las autoridades competentes para que trate de erradicarlas.
Entre las irregularidades más frecuentes se encuentra: medios de coerción, instalaciones que no cumplen con estándares internacionales para garantizar una estancia digna, lugares donde no se proporciona alimentación debida a los internos, sobrepoblación y hacinamiento, carencia de áreas exclusivas para alojar a mujeres, internos con funciones de autoridad, cobros y privilegios para reos, así como denuncias sobre actos de tortura.
Luego de visitar estos lugares, el mecanismo detectó 422 situaciones de riesgo en los centros que dependen del gobierno de Sonora y 393 situaciones en los lugares que están bajo el resguardo de autoridades municipales en esta entidad.
Además, informó sobre 493 situaciones de riesgo en los lugares de detención e internamiento que dependen del gobierno y de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y 240 en los que dependen de ayuntamientos veracruzanos y que fueron informados a 17 presidentes municipales.
En Nuevo León detectó 221 situaciones de riesgo en los lugares que dependen del gobierno estatal y de la fiscalía local, y 395 en los centros que manejan 26 municipios y, en Quintana Roo, identificó 179 situaciones de riesgo en los centros que maneja el gobierno del estado y 217 en los que operan los municipios.
Los informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se enviaron a gobernadores, fiscales y alcaldes correspondientes entre junio y diciembre del 2015, documentos que además contienen las sugerencias a cada una de las irregularidades observadas.
Por ejemplo, ante la mala higiene en celdas, lugares sin condiciones de privacidad y drenaje obstruido que provoca insalubridad y favorece la presencia de fauna nociva, se recomendó la elaboración de una estrategia que dignifique las estancias.
También se sugirió impedir que los internos tengan funciones de autoridad, prohibir los cobros por privilegios y capacitar a los funcionarios encargados para evitar actos de tortura.
Cabe destacar que en los centros a nivel federal, la CNDH ha delatado situaciones similares. Ante esto, el pasado 14 de junio fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual pretende cambiar radicalmente el funcionamiento de los 418 centros penitenciarios del país.
Esta ley, por ejemplo, prohíbe que algún interno sea el responsable de las medidas disciplinarias impuestas a otro preso. Entre las faltas disciplinarias graves se encuentran los autogobiernos; el intentar evadirse; la posesión de instrumentos punzo cortantes, armas o cualquier otro objeto que ponga en riesgo la seguridad del centro penitenciario o la vida de otra persona, así como la posesión o el consumo de sustancias psicotrópicas, estupefacientes o bebidas alcohólicas.
