Denunciarán ante FGR espionaje durante el sexenio de AMLO

Activistas y periodistas levantarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que fueron espiados, a través del malware Pegasus, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Durante la conferencia Ejército Espía, organizada por la R3D, Artículo 19 y SocialTIC se señaló que tres teléfonos, pertenecientes al periodista Ricardo Raphael; el activista Raymundo Ramos y un periodista de Animal Político, cuyo nombre no fue revelado, fueron intervenidos con el mencionado software durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Vamos a presentar la denuncia a la fiscalía. No creo en el fiscal, pero aún así vamos a presentarla porque creo en las instituciones”, dijo Ricardo Raphael.

“En México espiar es un delito impune (…) Absolutamente impune”, dijo el periodista Daniel Moreno, director de Animal Político.

De acuerdo con los implicados, desde el 2017, el malware fue mejorado; explicaron que el Ejército hace llegar un link a los teléfonos y que actualmente ya no es necesario darle click o abrir el enlace, por lo que el hackeo del dispositivo es más sencillo.

Raymundo Ramos, señaló que fue espiado por informar sobre  ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por parte del Ejército y la Marina.

“Una denuncia que hice de un ataque de los militares en el 2020 contra civiles, fue lo que motivó los intentos de infección hacia mi”, agregó Ramos.

Polo Maldonado, director de Artículo 19, argumentó que existe evidencia “concluyente” que demuestra que estos tres casos de espionaje fue realizado por Pegasus y por parte de la Sedena entre el 2019 y el 2021.

AMLO prometió cero espionaje

Edith Olivares, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, recordó que en agosto del 2021, el presidente Andrés Manuel negó que el Ejército mexicano utilizara el software de espionaje mencionado.

“Aquí sólo hay una de dos: o el presidente mintió cuando dijo que ya no se utiliza Pegasus o el Ejército toma decisiones al margen de la decisión del Ejecutivo. Ambas son muy graves”, dijo.

Agregó que desde las ONG se ha insistido en señalar que la militarización de la vida pública incrementa el índice de violaciones a los derechos humanos.

Esto lo mencionó bajo un contexto en el que la Guardia Nacional pasó a la tutela de la Sedena y que, además, se busca incrementar el tiempo de operación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública en México hasta el 2028.

Por su parte, Luis Fernando García, director de R3D, denunció que se reveló que la Sedena escondió en diferentes ocasiones un contrato que celebró en el 2019 con la empresa comercializadora Antsua S.A de C.V, compañía que cuenta con la empresa israelí NSO Group, quien comercializa el software a gobiernos de todo el mundo.

En el año 2017, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, fue cuando se dio a conocer por primera vez el uso de este software por parte del Ejército, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación de Seguridad Nacional (CISEN), institución que el propio presidente López Obrador desapareció y sustituyó con el Centro Nacional de Inteligencia.

diego.aguilar@eleconomista.mx