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Desafío de EPN en DH, castigo por ejecución sumaria
Para la OSC, de comprobarse la versión, es la peor masacre de civiles por parte de militares en este sexenio y debe aplicarse el nuevo código de justicia militar.
La aparente ejecución extrajudicial de 22 civiles por parte del Ejército Mexicano en Tlatlaya, Estado de México, pone a prueba la voluntad por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y de las autoridades para aplicar la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, aprobada por el Congreso este año, mediante el cual se limita el fuero militar cuando miembros de las Fuerzas Armadas cometan delitos en contra de civiles, según el director ejecutivo de Amnistía Internacional, Perseo Quiroz.
Tras demandar una investigación exhaustiva e imparcial de la muerte de 22 presuntos delincuentes en una bodega en el municipio de Tlatlaya, el director de Amnistía Internacional enfatizó que este caso es el primero en el que abiertamente se ventila la posibilidad que haya habido una violación muy grave al derecho a la vida por parte de militares; se va a demostrar la voluntad política de las autoridades civiles; la PGR tiene la oportunidad para en verdad ejercer el artículo .
Los cambios al Código establecen que los militares que cometan cualquier delito que afecte a los ciudadanos deberán ser procesados por la justicia civil y no por tribunales castrenses. Dicha modificación había sido ordenada en el 2002 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su fallo del caso Rosendo Radilla.
En el 2012, la Suprema Corte de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional una parte del artículo 57 del Código de Justicia Militar.
Por su parte, el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara, refirió que el incentivo para que no ocurran este tipo de atrocidades es llevar a cabo una investigación adecuada efectiva y, en caso de confirmarse, llevar los responsables a juicio. Tenemos un índice de impunidad con respecto a violaciones graves de derechos humanos, de más de 98% , afirmó.
De acuerdo con organizaciones consultadas por este medio, de confirmarse la aparente ejecución extrajudicial de los civiles por parte del Ejército en Tlatlaya, se estaría ante uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos documentados en los últimos años y sería el hecho más grave de toda la política de seguridad en materia al combate al crimen organizado, advirtieron organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales.
Quiroz manifestó que en caso de ser cierto el testimonio de una señora a la revista Esquire, que relata el asesinato de su hija a manos del Ejército, significaría que la política de seguridad pública no ha cambiado y carece de enfoque de derechos humanos.
Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) han exigido a las autoridades civiles realizar una investigación exhaustiva imparcial de la muerte de los 22 presuntos delincuentes.
Ello implica una verdadera protección a las víctimas y una investigación pronta sin que (...) se omita evidencia, dijo Perseo Quiroz.
Para Amnistía Internacional, la información publicada sobre el presunto tiroteo plantea interrogantes sobre la versión de los hechos presentada por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la investigación tanto por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) como la Procuraduría General de la República (PGR).
Según la testigo, todas las muertes de los jóvenes en una bodega del municipio de Tlatlaya, salvo uno, no resultaron durante el enfrentamiento con los miembros de las Fuerzas Armadas, sino después, cuando ya se habían rendido.
El director ejecutivo de la CMDPDH, José Antonio Guevara, recordó que en julio la agencia de noticias Associated Press (AP) difundió información sobre la ejecución de estos jóvenes; días después, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a través de su titular, Alejandro Gómez Sánchez, rechazó que su muerte haya sido resultado de un fusilamiento por parte del Ejército Mexicano, sino que se trató de un enfrentamiento entre presuntos integrantes de una banda delictiva originaria de Guerrero, llamada Guerreros del Sur e integrantes de la XXII Zona Militar.
En el reportaje de la AP observado por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se inspeccionó la bodega donde fueron halladas muertas 22 personas poco antes de que las autoridades estatales la cerraran. No hallaron indicios de balas perdidas que deberían haber dejado los soldados que dispararon armas automáticas a distancia.
A decir de Guevara, estos hechos se enmarcan en un patrón sistemático de violaciones graves a los derechos humanos perpetradas a partir de la militarización del país en el contexto de una batalla en contra de narcotráfico y del crimen organizado, que cerró el 2013 con 212,208 efectivos militares desplegados en todo el territorio mexicano.
El gobierno federal tiene la obligación de esclarecer los hechos , exigió el director Ejecutivo de la CMDPDH.
Por su parte, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, expresó que el testimonio de la testigo de lo ocurrido en Tlatlaya reflejaría que estamos ante la peor masacre de civiles por parte de militares de este sexenio .
