Desaparecer órganos autónomos traerá consecuencias significativas: académicos

La extinción de los órganos constitucionalmente autónomos y la transferencia de sus funciones a secretarías del gobierno federal tendrá implicaciones significativas en los sectores que hoy son su ámbito de acción, plantean académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Este viernes, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de simplificación orgánica, con lo que desaparecerían:

• La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
• El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
• El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)
• El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
• La Comisión Reguladora de Energía (CRE)
• La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
• La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)

En la sección titulada “Extinción de órganos constitucionales autónomos (reforma administrativa), del Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República (febrero 5, 2024)”, los investigadores Sergio López Ayllón, Lucía Ojeda, César Hernández y Guillermo M. Cejudo Ramírez, afirman que la racionalidad que subyace en la desaparición de esos organismos, tiene un carácter político, que busca concentrar en la persona del titular del Ejecutivo y en el aparato administrativo centralizado, las decisiones de política pública, sin interferencias de órganos que quedan, por su diseño, fuera de su control.

Indican que ese tipo de organismos se constituyen como un contrapeso a las decisiones de los Poderes electos popularmente, y por ello constituyen un factor que suma a una división de Poderes cada vez más compleja, lo cual entra directamente en conflicto con las visiones y valores de los diferentes populismos, que consideran que la voluntad popular no debe estar limitada por consideraciones técnicas y mucho menos por órganos que carecen de una legitimidad democrática propia.

Cofece

Para los especialistas, la reestructuración de la Cofece plantea la preocupación de que la independencia esencial para una autoridad de competencia efectiva podría verse socavada, permitiendo que consideraciones ajenas al bienestar del mercado y la competencia efectiva influyan en sus decisiones.

Además, el cambio en la dinámica de toma de decisiones podría tener implicaciones significativas, no sólo al fortalecer monopolios estatales en sectores estratégicos, como el energético y eléctrico, lo cual tendría repercusiones adversas en el desarrollo y la competitividad de otros sectores productivos del país, limitando la innovación y el crecimiento económico, sino también generando el uso de la política de competencia como medio de control público.

IFT

En su opinión, transferir todas las competencias del IFT a la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) no sería la medida más eficaz para consolidar funciones ni la más eficiente al diluir su independencia técnica y de gestión.

Mencionan que si se pretende preservar la independencia técnica y optimizar las funciones regulatorias, se podría considerar la reincorporación de las funciones de autoridad en competencia en un ente defensor de la competencia que abarque todos los sectores y estableciendo marcos de colaboración que superen los desafíos inherentes de coordinación institucional.

Hacen hincapié en que el capítulo 18 del T-MEC enfatiza la necesidad de que el organismo regulador en el sector de telecomunicaciones sea independiente y no esté subordinado a ningún proveedor de servicios de telecomunicaciones.

Inai

Los académicos destacan que la reforma no se limita a desaparecer al Inai, sino que alcanza también a los órganos garantes estatales, pues se reforma el artículo 116 para establecer que la competencia en materia de acceso a la información y protección de datos personales será ejercida por “los órganos encargados de la contraloría u homólogos de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y demás sujetos obligados”.

Llaman la atención en que la iniciativa no es explícita en dónde recaen las competencias del Inai.

Por otra parte, señalan que resulta problemático que la competencia en materia de acceso a la información y protección de datos personales de los partidos políticos se transfieren al “Instituto Nacional de Elecciones y Consultas” y en materia de sindicatos, a las autoridades laborales, y respecto de los recursos a los tribunales federales de conciliación y arbitraje.

Refieren que la competencia del Instituto en materia de protección de datos personales es básicamente desconocida en términos de la iniciativa.

Respecto a la dimensión de datos personales en materia de particulares, dicen que el silencio constitucional genera una enorme incertidumbre, pues se olvida que en esta materia el Inai es un regulador federal.

CRE-CNH

Los investigadores plantean que de aprobarse la reforma traería como consecuencia una mayor dificultad para que la administración pública lleve a cabo las tareas regulatorias, que por su alto grado de especialización y por el elevado número de participantes requieren la asignación de recursos presupuestales a los entes reguladores que les permitan cumplir adecuadamente con sus atribuciones.

Destacan que la seguridad jurídica de los particulares que participan en los mercados energéticos y en contratos de exploración y extracción de hidrocarburos se vería afectada por esa politización de las funciones regulatorias en materia energética.

Desde su perspectiva, llevarse a cabo, las reformas propuestas en la iniciativa tendrían dos implicaciones fundamentales para el sector energía.

Por una parte, se eliminarían las diferentes normas constitucionales que buscaban dar garantías de autonomía técnica y presupuestal a la función reguladora de la energía.

En segundo lugar, se fusionarían bajo la responsabilidad del mismo ente gubernamental (Sener) atribuciones de política energética y de regulación energética.

Coneval

Subrayan que la iniciativa propone desaparecer el Coneval, y que la medición de la pobreza sea realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El problema, indican, es que tareas que realiza no tiene empalme con el Inegi. Por ejemplo, en las siguientes:

No sólo se encarga de la medición de la pobreza, sino también de la evaluación de la política social y de los programas sociales de la administración pública federal.

Tiene la responsabilidad de revisar indicadores de los programas y realizar monitoreo de sus resultados.

diego.badillo@eleconomista.mx