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Detecta ASF irregularidades en recursos para refugios
La ASF determinó una importante falta de supervisión por parte de la Conavim en la documentación que acredita las erogaciones realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
La ASF identificó irregularidades y deficiencias, por 3 millones 136,451 pesos, en el manejo de los recursos que la Conavim otorgó a los Refugios para mujeres víctimas de violencia durante 2022.
En la segunda entrega de la Cuenta Pública 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) actuó de manera deficiente al momento de entregar y dar seguimiento a los recursos que otorga como parte del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos.
La ASF identificó, entre otras cosas, que la Conavim no siguió las reglas necesarias para entregar estos recursos a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que brindan protección y atención integral y especializada mediante Refugios especializados y Centros Externos de Atención a mujeres víctimas de violencia de género y, en su caso, sus hijas e hijos, toda vez que no se efectuó, mediante un acta de entrega-recepción suscrita con la Secretaría del Bienestar, la transferencia de los recursos materiales, humanos, tecnológicos y de comunicación, así como de la información y documentación de la operación de dicho programa.
Lo anterior es acorde a lo denunciado desde hace meses por la Red Nacional de Refugios (RNR), quien acusó a la Conavim de retrasar o no entregar los recursos presupuestarios suficientes para los centros de atención.
Proyectos no autorizados
La ASF también reveló que de las 37 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que recibieron recursos en el ejercicio 2022 del “Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos”, la Conavim autorizó subsidios a 16 proyectos ejecutados por ocho organizaciones correspondientes a dos conceptos (elaboración del Plan de Trabajo y del Informe Final), los cuales no estaban autorizados en los Lineamientos de Operación del citado programa.
Además, en la documentación comprobatoria de 6 proyectos se identificó que ocho profesionistas no cumplieron con la profesión requerida, y en dos proyectos participaron dos profesionistas a los que se les efectuaron pagos por 31,000 pesos.
