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Detienen a dos ministeriales secuestradores
Los agentes federales, junto con dos civiles, cometían secuestros exprés y extorsión contra los detenidos, en falsos operativos contra la trata.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó la detención de Misael Rojas Vargas y Antonio Javier Rivera Narváez, efectivos de la Policía Federal Ministerial, quienes en conjunto con dos civiles, realizaban presuntos operativos contra la trata de personas, aunque en realidad cometían secuestro exprés y extorsión contra las personas.
En un comunicado, la PGR informó que su Visitaduría General abrió una investigación por la probable participación de los dos efectivos de la Policía Federal Ministerial, quienes en coautoría con dos civiles (uno de ellos de nombre Víctor Manuel Carmona Cacelín), fueron detenidos en flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, por la probable comisión de delitos de secuestro exprés, extorsión y abuso de autoridad.
Al momento de su detención, los dos elementos federales manifestaron estar en funciones de investigación relacionada con el delito de trata de personas, durante la cual ubicaron una casa de alojamiento de presuntas víctimas de este delito, todas ellas de origen extranjero.
Sin embargo, las autoridad de la Ciudad de México recibió la denuncia de que los dos civiles ingresaron sin ninguna autoridad al domicilio de referencia, deteniendo sin justificación a las víctimas, maniatándolas, para luego exigirles dinero a cambio de no ponerlas a disposición del Instituto Nacional de Migración.
Una de las mujeres logró dar aviso a las autoridades de la Ciudad de México, quienes detuvieron en flagrancia a los dos agentes federales, Misael Rojas Vargas y Antonio Javier Rivera Narváez, y a sus dos cómplices.
Por estos hechos, la Visitaduría de la Procuraduría General de la República abrió proceso para darlos de baja de la institución.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, donde se inició la averiguación previa correspondiente. El Ministerio Público del fuero común se coordina con la Visitaduría General para determinar la declinación de competencia del caso, dada la participación en los hechos de servidores públicos de la Procuraduría General de la República.
