Diputados señalan la falta de acciones por parte de la ASF para interponer denuncias

Diputados integrantes la Comisión de Vigilancia advirtieron que a más de una año de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) otorgó la facultad a la Auditoría Especial de Seguimiento para interponer denuncias penales por las irregularidades en las fiscalizaciones, los resultados son insuficientes.

Durante una reunión de trabajo con Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre, auditor especial de Seguimiento de la ASF, la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) señaló que luego de realizarse un diagnóstico sobre datos del Sistema de Información Público de la ASF, la Auditoría Especial de Seguimiento mantiene un rezago de más de 9,131 asuntos, y que, al menos, 1,615 pertenecen a la cuenta Pública de 2016, los cuales corren el riesgo de prescribir.

“Lo que implica esto es fundamentalmente que los recursos observados no sean recuperados y peor aún, una falta de sanción a los servidores públicos o particulares responsables del daño a la Hacienda Pública ante la falta de acciones legales derivadas de las prescripciones”, subrayó la panista, quien agregó que según los datos, dicha área espacial tiene pendiente 343 solicitudes de aclaración de 2016 a 2019, por lo que también cuestionó que cómo es posible que se mantenga ese estatus cuando la ley establece un plazo de sólo 120 días para convertirse en un pliego de observación.

En respuesta, el auditor especial de Seguimiento, Informes e Investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre, expresó que el área a su cargo está consciente de las responsabilidades que conlleva que se dé algún proceso de prescripción, pero se dijo confiado de que ello no ha sucedido.

Asimismo, argumentó que  hace cinco años había 12,000 asuntos, se habían concluido 29, pero actualmente existen 4,600 acciones de seguimiento, aproximadamente.

El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (Morena) cuestionó al auditor sobre cómo fue posible que después de tanto tiempo de estar en trámite diversas acciones en seguimiento, en menos de tres meses se depuraron todas, previo a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas e inquirió sobre el compromiso a corto plazo para solventar las acciones de 2017 a 2021.

Mientras que el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) sostuvo que existen 549 pliegos de observación por un monto de 49,000 millones de pesos y 210 solicitudes de aclaración por un monto de 95 mil millones de presos, todas ellas derivadas de participaciones federales que transitaron hacia el área de seguimiento, por lo que llamó a conocer las acciones que realiza para darles celeridad y solventación, así como las recomendaciones que han emitido a los estados y entes.

En respuesta, el auditor espacial expresó que “sí hay resultados, pero no estamos conformes; requerimos fortalecer el área para ser más eficientes en todo este proceso”.

Y es que afirmó que muchas de las observaciones, son por falta de entrega de información de los entes auditados, lo que conlleva a que el área de fiscalización al no recibir esos datos determina una solicitud de información o una falta de documentación, pero no significa un daño patrimonial.

Asimismo, Ibáñez Aguirre puntualizó que en la facultad para atender dictámenes de denuncias de hechos, se ha avanzado; se han presentado 51 denuncias (19 son de las Cuentas 2013-2018 y 32 de las Cuentas 2019 en adelante), por un total de 8,425 millones de pesos.

“Estamos con el nuevo reglamento ocupados por construir las estructuras que fueron encomendadas y dar respuestas más ágiles a ese proceso; se necesita una estructura oportuna que dé respuesta, mejorar los insumos de la autoridad investigadora, lograr pesos y contrapesos en las áreas de seguimiento y solventación, así como experiencia por ramos”, añadió.

Finalmente, al hablar sobre el caso emblemático de los desvíos millonarios detectados en Segalmex, el auditor especial mencionó que es un tema importante; y recordó que se han presentado 11 denuncias por un importe total de 2,000 millones de pesos. “En casos como este, se ha usado la facultad otorgada a la ASF, hace un año, para integrar expedientes de dictamen para denuncias de hechos”, argumentó.