El Seguro Popular murió; el Insabi enfrenta enfermedad catastrófica, y el IMSS-Bienestar no tiene claro su sustento

La historia del Seguro Popular (SP), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y el IMSS-Bienestar, refleja la realidad del sector de los mexicanos al que debieron o deben atender: el primero murió, el segundo enfrenta una enfermedad catastrófica y en, máximo seis meses, perderá su presupuesto y el tercero, acaba de nacer y todavía no tiene asegurada su mesada.

De aprobarse la Ley de Ingresos de la Federación para 2023 en los términos que la envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, a finales de junio próximo se habrá liquidado el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) y el gobierno habrá consumado la apropiación de 110,000 millones de pesos que tenía ese fondo a finales de 2018. Además, se eliminará el principal mecanismo para atender enfermedades de alto costo, como Cáncer y VIH/SIDA en personas sin seguridad social y desaparecerá el instrumento destinado a promover inversión física de municipios con alto grado de marginación.

Eso ocurrirá mientras se ejerce un presupuesto para el sector Salud, cuyas partidas para atender a la población sin seguridad social registra una caída de 2.1% en su gasto per cápita, el cual pasará de 3,733 pesos en 2022 a 3,694 en 2023, según lo destaca el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en su análisis “Implicaciones del Paquete Económico 2023”.

El proyecto de Ley de Ingresos que analiza el Congreso establece en sus décimo cuarto artículo que “el Instituto de Salud para el Bienestar, instruirá a la institución fiduciaria del Fondo de Salud para el Bienestar para que, durante el primer semestre de 2023, concentre en la Tesorería de la Federación el remanente del patrimonio de ese Fideicomiso (…) salvo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorice que el remanente referido permanezca para el cumplimiento de los fines de dicho fondo”.

El análisis sobre la propuesta de presupuesto “Gasto en salud en el PEF 2023: en el fondo, una triste historia” realizado por México Evalúa, llama la atención en que desaparecería el Fonsabi, sin que el gobierno ofrezca una alternativa a la atención de enfermedades catastróficas, que es como se les dice a aquellas que cuando atacan al integrante de una familia, su primer efecto es empobrecerlas.

Si bien en el decreto del 31 de agosto de 2022 mediante el cual se creó el IMSS-Bienestar (que es el instrumento que sustituirá al recientemente creado Insabi en la misión de atender a los mexicanos que no cuentan con seguro social, que es el trabajo que realizó hasta 2019 el Seguro Popular), establece que los recursos para operar esa nueva estructura “podrán recibirse a través del fideicomiso público de administración y pago que, en su caso, se constituya”. El problema es que hasta hoy no se ha aclarado si se constituirá o no y eso ha generado incertidumbre.

Contribuyen a incrementar esa falta de claridad, el hecho de que en 2020 y 2021 el gobierno ya había amagado con desaparecer al Fonsabi y no lo hizo.

A diciembre de 2019 el saldo neto del Fonsabi era de 122,000 millones de pesos; a junio de 2022 era de 37,800 millones de pesos, que es el saldo más bajo desde 2010.

El Fonsabi tuvo como antecedente el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS), creado en 2004 para apuntalar las acciones del Seguro Popular. Tenía tres objetivos: atender 66 intervenciones o enfermedades de alto costo o que provocan gastos catastróficos; impulsar el financiamiento de infraestructura en entidades federativas con mayor marginación social y cubrir imprevistos en la demanda de servicios de salud.

El FSPSS recibía cada año por lo menos el 11% del total de los recursos destinados al Seguro Popular, los cuales se dividían en dos fondos o subcuentas: el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), que recibía el 8% de los recursos del SP, y el Fondo de Previsión Presupuestal (FPP), que recibía el 2% para gasto en infraestructura y 1% para imprevistos.

Con la transición al Fonsabi se mantuvieron los dos primeros objetivos, es decir gastos catastróficos e infraestructura y se modificó el tercer objetivo, estableciendo que los recursos del fideicomiso servirían a partir de entonces para complementar al abasto y distribución de medicamentos y exámenes clínicos.

A finales de 2020 se determinó que cuando el fondo acumule recursos en un monto superior a dos veces la suma aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 (16,000 millones de pesos) como aportaciones al Fideicomiso del Fondo de Salud para el Bienestar, el remanente podrá destinarse a fortalecer acciones en materia de salud a través del reintegro de recursos correspondiente a la Tesorería de la Federación o mediante el Fondo de Salud para el Bienestar”.

Lo relevante es que el FSPSS se transformó en Fonsabi redujo su financiamiento para la atención de enfermedades y la construcción de infraestructura.

En 2020, el gasto total del Fonsabi destinado a atender gastos catastróficos fue de 5,900 millones de pesos, 32% (2,700 millones) menos que en 2018, o 44% (4,700 millones) menos que en 2016, el año de mayores erogaciones, relata México Evalúa en su análisis.

Para 2021 ya no se publicó este gasto. En el caso del financiamiento de infraestructura, en 2020 registró 4,000 millones de pesos, un recorte de 36% (2,500 millones) frente a 2015, y en 2021 sumó sólo 296 millones de pesos, un recorte de 93% (4,100 millones) frente a 2020.

A partir de 2020 ya no se informa sobre el número de pacientes que atiende y en 2021 ni siquiera se publicó el gasto dedicado a enfermedades de alto costo.

Si bien el Insabi ya no se encargará de atender a los mexicanos que atendía el seguro Popular, pues ahora será el IMSS-Bienestar, en 2023 contará con un presupuesto de 107,000 millones de pesos, 1.2% (1,200 millones) menos que en 2022 o 6.8% (7,800 millones) menos que el promedio de 2013 a 2018.

En tanto el IMSS-Bienestar tendrá, “irónicamente, en un contexto de transición”, como lo describe México Evalúa, 20,600 millones de pesos, 17% (4,200 millones) menos que en 2022, aunque 38.4% (5,700 millones) más que en el sexenio pasado.

México evalúa llama la atención en que el recorte de recursos del IMSS-Bienestar frente a 2022 no deja de ser un enigma, si tenemos en cuenta los cambios que se avecinan. Al 30 de junio de 2022 Nayarit, Tlaxcala y Colima han transferido 534 unidades médicas que antes formaban parte del esquema del Insabi para ser administradas por el IMSS-Bienestar, según el Cuarto Informe de Gobierno. Además, hay otros 13 estados que están próximos a unirse a este esquema el siguiente año.

Ambas instituciones (Insabi e IMSS-Bienestar) sumarán 127,800 millones de pesos, 4% (5,500 millones) menos que en 2022 y 1.5% (1,300millones) menos que en el sexenio anterior.

Si sólo se contabilizan los subsidios para la prestación de servicios de salud, aquéllos destinados a garantizar la gratuidad de dichos servicios. El presupuesto 2023 de ambas sumará 94,900 millones de pesos, 4% (3,800 millones) menos que este año y 6.2% (6,000 millones) menos que el promedio. Por ello la organización señala que hay pocas esperanzas de una transición exitosa.

diego.badillo@eleconomista.mx