El agua es un tema de seguridad alimentaria: Rubén Muñoz Álvarez

En el proceso para construir la Ley General de Aguas, es necesario tener presente que el agua debe considerarse un tema de seguridad hídrica y alimentaria, donde nadie debe quedar al margen de la discusión de las soluciones a los problemas de abasto, tanto para el consumo humano, como para el uso agrícola e industrial, afirmó el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, Rubén Muñoz Álvarez.

Al participar en el foro Diálogos por el Agua, organizado por el Consejo Consultivo del Agua (CCA), dijo que el tema de los alimentos puede constituir el problema más importante de la humanidad en el futuro y México debe estar preparado para enfrentarlo, sobre todo si se toma en cuenta que cada año nacen 835,000 mexicanos más.

En franca referencia al proceso para construir la Ley General del Agua, pendiente de aprobar desde 2012, cuando se aprobó la reforma al artículo cuarto constitucional y por lo que, en enero de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la constitucionalidad de la omisión del Congreso de la Unión de emitir el ordenamiento para reglamentar el derecho humano a ese recurso, destacó que es relevante la opinión de los expertos, organismos empresariales y de la sociedad en general, para que se legisle en ese asunto, con base en conocimiento.

El legislador expuso que, actualmente, el mayor problema de abasto de agua en el país se tiene en el norte y propuso trabajar en soluciones con un enfoque regional.

Dijo que en esa zona de México hay una gran paradoja: ahí se produce más del 85% del Producto Interno Bruto nacional (PIB) y solamente dispone de 17% del agua.

En el caso concreto del noreste del país, dijo, la solución a la falta de agua pasa por tecnificar los distritos de riego de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila y revisar soluciones planteadas como desalinizar agua para abastecer a la zona metropolitana de Monterrey y proyectos como llevar agua del río Pánuco, así como intensificar el uso de agua residual.

Hay que poner en ley qué es el derecho humano al agua

El diputado morenista planteó analizar por qué no se utilizan las 3,960 plantas de aguas residuales que tenemos en México, de las cuales hoy 2,530 no funcionan.

También analizar la propuesta de dotar de agua al sector minero a cambio de que las empresas del sector entreguen las concesiones que tienen, para usarla para la población.

Vamos intercambiando las soluciones de agua para que los distritos de riego en México siembren con agua residual e identificar la mejor solución para tecnificar el campo, pues, si eso se logra, va a sobrar agua para la población y con ello resolvería una posible crisis de alimentos que pudiera presentarse en México, abundó.

El legislador destacó que en México más de 76% del agua se gasta en el sector agroalimentario. Por ello, mencionó, es relevante saber qué es lo que debemos hacer para modernizar los 86 distritos de riego con 10.4 millones de hectáreas con el fin de que nos sobre agua para las ciudades y para la industria.

Recalcó que hay expertos que tienen claro el mapa y la ruta de cómo hacer que se reglamente el derecho humano al agua; así como derecho humano y productividad. Eso implica, indicó, poner en ley qué es el derecho humano al agua (de cuántos litros estamos hablando), quiénes son los responsables de garantizarla y cuál es la inversión progresiva que debe hacer el país para que eso suceda.

Tenemos un problema constitucional de diseño en ley de agua

Explicó que en el Congreso van a trabajar en una Ley General de Agua que reglamente el artículo cuarto constitucional, que defina como eje de coincidencia, primero lo que ya estableció la Ley de Aguas Nacionales, que es la rectoría del Estado Mexicano en materia de agua, pues es quien debe regular y conciliar las diferencias entre particulares.

También comentó que se tendrá que resolver el problema que hay en el marco jurídico generado al reformar el artículo 115 constitucional, cuando se dio facultades al municipio para hacerlos administradores de la gestión del agua en pueblos y comunidades, pues hoy, de los 2,471 ayuntamientos que hay en México, solo 20 cuentan con organismos operadores de agua que funcionan en números negros.

En ese sentido, destacó que no hemos atendido este problema constitucional de diseño. Lo que se requiere, continuó, es que si el municipio no tiene capacidad en recursos para resolver el problema de agua de su población, entre la responsabilidad del gobierno estatal para que se resuelva la responsiva del derecho humano al agua. La solución a ese problema debe estar en la ley, recalcó.

El legislador dijo que el fin es que México vea en el agua una palanca de desarrollo y no un problema que lo limita social e institucionalmente.

Por otra parte, llamó la atención en que, actualmente, cada que se habla de problemas de abasto de agua potable, se voltea a ver a los empresarios, cuando no es ahí donde está el problema. “El problema es que no hemos dado soluciones concretas a problemas específicos”.

También mencionó que hay que analizar cómo se van a crear los incentivos para generar un nuevo mercado de las aguas residuales en México.

Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo del Agua, Raúl Rodríguez Márquez, planteó la necesidad de construir una hoja de ruta que terminen con este problema común.

Dijo que se avecina un problema fuerte de estrés hídrico para México y, si se quiere evitar, es necesario trabajar en cinco desafíos: inversión en infraestructura hídrica; legislar para hacer realidad el derecho humano al agua; hacer realidad la seguridad hídrica; sumar a México a la agenda internacional 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y promover una mejor cultura de cuidado sustentable del agua.

diego.badillo@eleconomista.mx

kg