El proceso electoral en Puebla está hecho camotes

A casi tres meses de que inicie la gestión del próximo gobernador de Puebla, la decisión de quién será el titular del Ejecutivo estatal está manos del Poder Judicial de la Federación. En el fondo, el rumbo que tome el actual conflicto poselectoral en esa entidad evidenciará si México cuenta con los elementos legales e institucionales para limpiar una elección o no.

Juan Luis Hernández Avendaño, académico de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla, expuso que las irregularidades ocurridas durante el proceso electoral demuestran que en esta entidad no sirvió la reforma política del 2014, mediante la cual la rectoría sobre la organización de la elección pasó del Instituto Estatal Electoral del Estado de Puebla (IEEP) al Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista, destacó que se suponía que ahora con la rectoría del INE se tendrían mínimos democráticos, pero con lo que sucedió en la pasada elección, lo que se demuestra es que el exgobernador Rafael Moreno Valle sigue teniendo el control sobre los órganos electorales a los que tiene completamente “capturados”.

En ese sentido, dijo que resulta saludable la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de ordenar el recuento de la elección voto por voto.

Desde su perspectiva, este proceso electoral ha faltado a la integridad democrática, es decir, se llevó en condiciones absolutamente antidemocráticas. Como elementos de prueba, indicó, está la documentación de que se violentarían 70 casillas el día de la elección, así como diversos comportamientos tanto del IEEP como del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) que desestimó la impugnación solicitada por Morena y que tuvo que venir el TEPJF a enmendarle la plana.

En su opinión, el problema estriba en que no hay la convicción de que ni el IEEP ni el TEEP son confiables de que van a actuar con imparcialidad. Por eso no se tiene certeza de que la cadena de custodia de los votos emitidos por los poblanos el pasado 1 de julio se haya respetado.

Procesos abiertos

Luego de la elección del 1 de julio pasado, Morena impugnó la elección por dos vías: la estatal y la federal. Cada una de las casillas en los 26 distritos electorales de la entidad por considerar que se cometieron irregularidades en el cómputo de los votos.

Sin embargo, el tribunal local rechazó la petición, al señalar que Morena no logró demostrar la existencia de errores e inconsistencias que afecten la certeza de la elección.

Posteriormente, ese partido recurrió al TEPJF, cuya Sala Superior revocó la sentencia del tribunal local y ordenó el recuento de los votos de todas las casillas.

Los ministros del tribunal federal consideraron que la actuación del IEEP fue deficiente y afectó los principios rectores en la materia, como son los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Señalaron que el actuar deficiente de la autoridad, las inconsistencias y falta de precisión y de claridad no garantizan certeza respecto de los resultados de la elección de gubernatura de Puebla. La segunda vía es una impugnación a todo el proceso ante el TEPJF, en la que Morena pide que se anule el proceso electoral. En este caso, el tribunal federal aún no resuelve.

Los argumentos expuestos por Morena en este caso es que rebasó el tope de gastos de campaña y que hay una serie de irregularidades en más de 20% de las casillas.

Al menos, tres escenarios posibles

Hernández Avendaño explicó que lo importante ahora es ver cuál será la decisión del TEPJF respecto a las pruebas que le presenten para documentar la denuncia de que se atentó contra la certeza de la elección.

En ese sentido, sostuvo que lo que resulte del recuento que se realiza ya por la autoridad puede generar elementos para apuntalar la demanda de nulidad de la elección, a pesar de que, destacó, el recuento se hace en condiciones de absoluta precariedad de la confianza.

Lo cierto es que, una vez contados los paquetes, se abren dos posibles escenarios. El primero, que el recuento confirmara que la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, Martha Érika Alonso, efectivamente ganó la elección y se ratificara su triunfo. El segundo es que Morena lograra sumar los votos suficientes para que se revocara la constancia de mayoría a la candidata panista y se la otorgaran al candidato del Morena, Luis Miguel Barbosa Huerta.

Ambas posibilidades no anulan el segundo recurso de impugnación (el que solicita la anulación de la elección) y sobre el que tendrá que pronunciarse el Tribunal Electoral en los próximos días. Ése es el tercer escenario.

Aclaró que, en el caso de que la autoridad local determinara que ganó el candidato de Morena, éste, que fue quien promovió la anulación de la elección de gobernador, podría desistirse.

Mientras la autoridad judicial resuelve quién será el próximo gobernador, inició ya el primer periodo de sesiones de la nueva legislatura del Congreso del estado con mayoría de Morena.

Documentan desaseo durante la elección

De acuerdo con un análisis elaborado por académicos de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla, existe evidencia de que el día de la elección y los posteriores hubo manipulación de los resultados de la contienda electoral para gobernador.

Con base en datos oficiales del INE y del IEEP, un grupo de académicos, encabezados por el investigador Miguel Reyes, tiene pruebas de que durante la elección de puebla se violentó la voluntad popular. 

Esto es “tras observar que, en la muestra de la investigación, de 12.1% del total de la elección, 92.1% de las actas presenta errores y, lo más grave, al compararlos contra la publicación del conteo distrital oficial, tampoco coincide”, plantea el documento, cuya copia tiene este diario.

Reyes Hernández afirmó que hubo fraude en el conteo oficial.

La primera irregularidad es que no existe listado nominal único, pues hay una diferencia entre el listado nominal del INE y el del IEEP de 10,808 personas.

La segunda irregularidad es que hubo una diferencia de 64,118 votos entre los sufragios totales, contabilizados en la elección de presidente y la de gobernador.

Lo que ocurrió es que se robaron de las urnas 104,772 votos y embarazaron urnas con 40,654 falsos sufragios.

De esa irregularidad, se desprende que 73.9% de las casillas no coincide con la votación total entre la elección de presidente y la de gobernador, ya que en 45.24% de las casillas hubo votos robados de la urna y 28.65% de las casillas fue de urnas embarazadas.

En 20.15 de las casillas revisadas para este análisis, había irregularidades como que el IEEP no publicó el acta, que era ilegible, que aparecía con los campos vacíos o que los votos exceden la lista nominal de la entidad.

El documento concluye que los resultados oficiales de la elección de gobernador carecen de certeza y que, aunado a las múltiples y graves inconsistencias, se pone en entredicho la existencia o no de una elección de Estado en esa entidad del centro del país.

diego@eleconomista.mx