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Elección de jueces podría incentivar decisiones judiciales “cargadas”
Adriana García, especialista del Laboratorio de impacto del Estado de derecho de la Universidad de Stanford e integrante del colectivo La justicia que queremos, presentó durante el “Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial: Reflexiones desde la Judicatura”, el informe titulado “Una amenaza a la independencia judicial.
Adriana García, especialista del Laboratorio de impacto del Estado de derecho de la Universidad de Stanford e integrante del colectivo La justicia que queremos, presentó durante el “Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial: Reflexiones desde la Judicatura”, el informe titulado “Una amenaza a la independencia judicial. Análisis de la iniciativa de reformas constitucionales en México”.
Participante en la “Mesa 1: La independencia judicial frente a las tendencias reformadoras a nivel mundial”, explicó que el reporte fue realizado a la luz de estándares internacionales y la experiencia comparada, sobre todo de Estados Unidos.
Se decidió analizar la elección popular de ministros y jueces; disminución del mandato; Tribunal de Disciplina y disminución de salarios.
El informe concluye, precisó, que entre los inconvenientes de la elección directa de juzgadores está la influencia monetaria por parte de grupos de interés y partidos políticos que gastarían grandes sumas para influir en quién será juez.
“En un contexto como el mexicano esto puede tener muchísimos problemas porque no estamos hablando nada más de que los ricos y poderosos van a nombrar jueces, sino del crimen organizado y ahí sí estaríamos en serios problemas”, dijo.
Sin evaluación
A su vez, en el marco de las “Jornadas nacionales: La reforma al Poder Judicial en voz de la Judicatura”, la magistrada María Molina afirmó que la propuesta presidencial “no responde a las necesidades de una reforma estructural al enfocarse en modificar sólo la forma de elección de personas juzgadoras, sin justificar bajo ningún parámetro que ello es la raíz de los problemas del sistema de justicia y mucho menos que eso sea la solución”.
Para Mariana Campos, de México Evalúa, participante de la “Mesa 1: El ABC de las reformas estructurales en un Estado democrático”, la reforma tiene una intención política y reduce “el contrapeso que ejerce el poder Judicial al Poder Ejecutivo y Legislativo”.
