Elección de jueces y magistrados podría costar hasta 3,500 millones de pesos

En el marco de diversas críticas por una falta de austeridad al interior del Poder Judicial, Morena dio a conocer que se prevé que la propuesta de elección popular de cerca de 1,600 jueces y magistrados podría llegar a costar entre 3,000 y 3,500 millones de pesos.

Durante el tercer día de los Diálogos Nacionales para la Reforma Judicial y bajo el tema “Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial”, el líder parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, detalló que luego de analizar la propuesta con actuarios y personal del Instituto Nacional Electoral (INE), se determinó que pudiera erogarse, “por única ocasión”, dicho gasto millonario para la lección de los nuevos juzgadores.

“Mucha gente se pregunta cuánto costará organizar la elección de los 1,600 ministros, jueces y magistrados. En un cálculo aproximado que hemos hecho con actuarios y con personal del INE, a quien se le faculta esta responsabilidad, pudiera erogarse entre 3,000 y 3,500 millones de pesos la elección, por única ocasión.

“Se podría destinar incluso por excepción a este propósito parte de los 23 mil millones de pesos que tienen los fideicomisos que van a ser entregados a la Tesorería”, aseveró el legislador desde el foro realizado en Toluca, Estado de México.

Monreal Ávila también advirtió que la propuesta de reforma al Poder Judicial plantea que los actuales ministros de la Suprema Corte que concluyen su encargo no serán beneficiados con el haber de retiro, que según sus cálculos, puede alcanzar los 300 mil pesos al mes. Y sostuvo que lo mismo pasará con las pensiones complementarias de magistrados y jueces.

Pese a lo anterior, el legislador de Morena afirmó “categóricamente” que los derechos laborales de las personas que trabajan en el Poder Judicial de la Federación serán respetados en su totalidad, en caso de que esta reforma sea aprobada.

“Los presupuestos de Egresos del ejercicio fiscal que correspondan considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones, apoyos médicos, seguros, aguinaldos, prestaciones y cualquier otra obligación de carácter laboral. Es decir, todos los derechos y las conquistas laborales de los trabajadores, por disposición constitucional estarán a salvo”, sostuvo.

Advierten que la justicia requiere recursos

Durante este evento, en el que también participaron representantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y trabajadores del Poder Judicial, el magistrado Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal de Justicia del Estado de México, advirtió que no se puede hablar de austeridad ante las carencias que tiene la impartición de justicia.

Además de que llamó a no soslayar los costos en dinero, en tiempo, en calidad profesional y en resultados que significaría la renovación de los cuadros de profesionales de la administración de justicia que actualmente son juzgadores.

“Una buena administración de justicia es costosa, una mala administración de justicia es más costosa todavía. Frente a tantas carencias en personal, instalaciones y equipo de los tribunales de justicia locales, no es posible hablar de austeridad. El debate debe ser en favor de la suficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto, además de su aplicación oportuna, transparente y eficiente. Eso permitirá acercarnos a los estándares internacionales con un mayor número de personas juzgadoras y mejores condiciones para su trabajo, y así alcanzar un efectivo acceso a la justicia”, subrayó.

Por otra parte, el secretario de Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Sergio Arturo López Servín, consideró que se debe reflexionar sobre el sistema de elección de juzgadores y juzgadoras que propone la reforma, ello al considerar que “así como no puede haber legisladores improvisados, tampoco puede ni debe haber impartidores de justicia improvisados”.

Magistrado que frenó reforma de AMLO pide por los derechos de 50,000 trabajadores

El magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, conocido por frenar la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que esta reforma no solo implica la modificación de los derechos laborales de más de 50,000 servidores públicos que integran al Poder Judicial, sino que lo más importante es poner en el centro a los justiciables y la efectiva protección de los derechos humanos.

Asimismo, recalcó que México necesita una justicia de calidad eficiente, completa e imparcial, por lo que esta función no puede ser llevada a cabo si no se cuenta con recursos estables y adecuados, además de advertir que México es el país que registra un menor gasto en el sistema de justicia, en comparación con los demás países miembros de OCDE.

“Considero que la austeridad puede conciliarse adecuadamente, sin poner en riesgo la estabilidad laboral, los derechos de los trabajadores y, particularmente, la legitimidad y la independencia judicial... También me rehúso a creer que estos 30 años, después de este sistema de selección, solo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias. Estoy convencido de que tiene muchas oportunidades de mejora”, subrayó.

En el Poder Judicial hay "titulares enfermos de poder"

Por su parte, Carolina Denysee Villagrán Salinas, visitadora judicial del Consejo de la Judicatura, defendió que aunque se le señala de tener un punto sesgado con relación a esta reforma, se debe reconocer que así como hay gente profesional, excelente, estudiosa y valiosa en el Poder Judicial, “también tenemos malos operadores jurídicos que han manchado nuestra institución”.

Y es que de acuerdo con la también académica, durante su labor ha logrado observar que hay “titulares enfermos de poder, de querer manipular, de controlar”, lo cual, agregó, ha dado como consecuencia que “el pueblo de México actualmente no confía en nosotros. Tenemos que ganarnos esa confianza nuevamente, cómo, dignificando nuestra labor. No es un tema de recursos, es un tema de vocación. Claro que se puede tener austeridad, siempre y cuando haya racionalidad”. 

maritza.perez@eleconomista.mx