En Guerrero, represiones sistemáticas: ONG

El asesinato de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, durante el repliegue de una protesta, es reflejo de la condición de criminalización que viven los defensores de derechos humanos y el modo en el que el que el gobierno de esta entidad enfrenta las muestras de inconformidad de la sociedad civil, denunció Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan.

De acuerdo con el Informe de actividades: Luchar para construir el amanecer de la justicia , de esta Organización No Gubernamental, hay un recrudecimiento en la criminalización de la protesta social y hacia los defensores de los derechos humanos.

Aguirre indicó que, con base en averiguaciones por parte de este organismo, durante el sexenio del reciente exgobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, se documentaron cerca de 300 acciones penales en contra de defensores y luchadores sociales en Guerrero.

Santiago Aguirre reiteró que cada vez que un grupo se manifiesta en esta entidad, se enfrenta tanto al uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades o a la criminalización de sus actos. Ello tiene registro histórico en casos como la masacre de Aguas Blancas o en la llamada Guerra Sucia.

Estos hechos demuestran también que Guerrero carece de una fuerza policial capaz de lidiar con este tipo de manifestaciones, tal que debió ser apoyada por elementos investigadores ministeriales, quienes a su vez son una corporación que se auto gobierna.

El asesinato de los estudiantes (...) habla de un cuerpo en absoluto carente de respeto a los derechos humanos, que ante menor exhibición de inconformidad usa armas de fuego .

En tanto, Amnistía Internacional pidió una investigación independiente sobre la muerte de dos estudiantes ocurrida en Guerrero.

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