En México no solo hay desplazados por violencia; ahora se multiplican los expulsados por la delincuencia organizada

Juana Pérez (su nombre real se omite por seguridad), hasta hace unos meses era vecina de San Juan Nuevo, Michoacán. Un grupo de la delincuencia organizada la despojó de su finca y huerta con 20 hectáreas de aguacate. Denunció a las autoridades y, como represalia, mataron a su esposo, su hermano y a su hijo, y luego la corrieron del pueblo.

Hoy está en la frontera norte del país, buscando asilo en Estados Unidos, hasta donde le han llegado recados de los delincuentes que le exigen les entregue los documentos de las propiedades que le arrebataron.

Las autoridades tienen la denuncia que dice que, el jefe de Plaza y varios sicarios viven en su casa y nadie ha ido por ellos.

En tanto, Juan Pérez (tampoco es su nombre real) es un terrateniente de Los Cuches, Tepalcatepec, Michoacán, que hasta hace unos meses tenía alrededor de 1,000 cabezas de ganado y más de 100 hectáreas de siembra con diversos cultivos. Hoy vive como indigente en las inmediaciones de uno de los albergues de Tijuana, Baja California, con la esperanza de que el gobierno de Estados Unidos le conceda asilo por cuestiones humanitarias.

El ahora exacaudalado terrateniente y la exempresaria agrícola aguacatera son dos de los más de 44,000 mexicanos que el año pasado salieron huyendo de sus comunidades, dejando sus pertenencias, debido a la violencia o, como dicen los reportes de los entendidos en la materia, son algunas de las víctimas del fenómeno del desplazamiento forzado interno, que avanza a pasos agigantados en extensas franjas del territorio con pueblos fantasmas donde la desolación y los malandros es lo único que queda.

De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), entre 2020 y 2021, se cuadruplicó el número de personas desplazadas por motivos de violencia en el país, al pasar de 9,740 a 44,869.

Esa cantidad se registró en 40 episodios de migración forzada interna ocurridos el año pasado, lo que significó un incremento de 66.66% si se compara con los 24 ocurridos en 2020.

Lígia de Aquino Barbosa Magalhães, investigadora del área de desplazamiento interno forzado de esa organización, explicó a El Economista que se trata de un incremento considerable, sobre todo si se toma en cuenta que en 2019 fueron 28 y en 2018, el último de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, 25.

La organización todavía no determina exactamente cuántos de esos corresponden a violencia generada por grupos de la delincuencia organizada y cuántos a violencia política, conflictividad social o por motivos territoriales; sin embargo, se prevé que la mayor parte de ellos se explique por esa primera razón, si se toman en cuenta las cifras de los años anteriores y el seguimiento de cada uno de los casos.

Óscar Rodríguez Chávez, profesor-investigador de El Colegio de la Frontera Norte, expuso que el desplazamiento forzado por violencia es una consecuencia de la llamada guerra contra el narcotráfico, que se ha propagado por diferentes regiones del país y en algunas ha ido escalando.

Dijo que ese tipo de hostilidad hacia la población civil que nada tiene que ver con sus actividades criminales es uno de los principales causantes de desplazamiento forzado en México.

Se trata de personas que, en principio buscan refugio en comunidades del mismo municipio, pero, en la medida en que no consiguen alojamiento y una forma de obtener recursos para sobrevivir y seguridad, migran fuera de sus estados, en función de las redes familiares o sociales de que dispongan.

El investigador expuso que ese tipo de violencia ha generado una espiral de desplazamiento hacia ciudades fronterizas, particularmente Tijuana y Ciudad Juárez, principalmente desde Guerrero, Michoacán y Zacatecas, protagonizada, sobre todo, por personas que tienen la intención de buscar asilo en Estados Unidos.

Dijo que ese fenómeno se intensificó en Ciudad Juárez desde mediados del año pasado, cuando los albergues comenzaron a registrar un incremento de migrantes mexicanos solicitando refugio.

Actualmente se calcula que entre 70 y 80% de las personas que ocupan esos lugares son mexicanos.

Comentó que se trata de desplazamientos reactivos, es decir no existe un periodo de planeación. Eso explica que salgan sin recursos o con muy pocos y que dejen en sus casas sus pertenencias y documentos. Eso los coloca en una situación de alta vulnerabilidad, sobre todo porque no tienen recursos para alojarse ni las pruebas que les permitan convencer a las autoridades estadounidenses que hay un temor fundado por su vida si regresan a sus comunidades.

Recordó que una encuesta realizada por El Colegio de la Frontera Norte, en 2019, reflejó que algunos desplazados decidieron quedarse a vivir en la ciudad al no poder regresar a sus comunidades.

Según la CMDPDH en 2020, se registraron más de 6,000 desplazados por violencia generada por grupos de la delincuencia organizada y más de 3,000 por otro tipo de violencia y en 2019 casi 7,000 por la violencia generada por los narcos y poco más de 1,600 por otros tipos de agresiones.

Durante noviembre y diciembre pasado, hubo al menos siete eventos de desplazamiento interno masivo causado por violencia en México, los cuales desplazaron a un estimado de 7,031 personas en los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Zacatecas.

Estas dos últimas entidades han sido de las principales en donde las expulsiones generadas por la presencia de organizaciones de narcotraficantes han sido más crueles.

Michoacán tiene su Tierra Caliente… y desolada

En diciembre pasado, la violencia de los cárteles y los enfrentamientos entre estos y las fuerzas de seguridad pública ocasionaron desplazamientos masivos en el municipio de Chinicuila, Michoacán, localizado en los límites con Jalisco y Colima.

Según los reportes de CMDPDH, en esa zona alrededor de 800 familias de Villa Victoria, que es la cabecera municipal de ese lugar, dejaron sus hogares, por la situación de violencia. Incluso autoridades locales y elementos de seguridad abandonaron el municipio, de modo que la alcaldía y la comandancia de Policía se encontraban vacías.

Para el fin del año pasado, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla calculaba que había más de 300 desplazados por la violencia.

En tanto, el sacerdote Gregorio López Gerónimo, mejor conocido como El Padre Goyo, quien encabeza la asociación civil El Buen Samaritano, dijo a este periódico que en Michoacán actualmente hay al menos 2,648 familias expulsadas de comunidades de 70 municipios (de 113) de esa entidad, principalmente de Aguililla (150), Apatzingán (125) La Ruana (120)  y Coalcomán (110). Algunos cálculos señalan que hay alrededor de 35,000 michoacanos expulsados

Dijo que la situación de vulnerabilidad de la población de los municipios con presencia del crimen organizado es tan delicada que, en 2021, lo que había era desplazados por la violencia y ahora lo que hay son expulsados, porque ahora reciben ultimátums de delincuentes para abandonar sus casas.

“Un desplazado tiene el libre albedrío de irse o no y llevarse tal o cual cosa; un expulsado no; solo tiene hora para desaparecer”, recalcó.

El religioso destacó que ahora no solo están siendo expulsados ganaderos o agricultores, sino que ya están siendo obligados a migrar profesionistas como enfermeras, médicos, profesores, entre otros.

Eso se debe a que, los grupos criminales que toman las comunidades consideran a los civiles que encuentran en las poblaciones (los que no salieron huyendo antes) simpatizantes del grupo de la delincuencia que ocupaba anteriormente ellos esos sitios.

Por eso, el activista dijo que es urgente que el Senado apruebe la Ley General para la Prevención y Atención de Personas Desplazadas que fue aprobada ya por la Cámara de Diputados el 29 de septiembre de 2020.

Recalcó que, de lo que se trata, es que, por ley, el gobierno tome cartas en el asunto y asuma su responsabilidad de atender a los miles de desplazados que, hoy por hoy, no tienen ningún tipo de auxilio de los gobiernos, tanto, municipales, estatales o federal.

Recalcó que muchas de las personas que han sido obligados a huir, ya ni siquiera quieren hablar del tema, por el temor a tener represalias, a pesar de que ya dejaron sus propiedades a los delincuentes.

Además, muchos tienen desconfianza de hablar con autoridades, por el miedo de que realmente sean enviados de quienes los corrieron de sus casas.

Recordó que la actual oleada de desplazamientos en Michoacán inició en 2019, en la comunidad de El Aguaje, cuando 5,000 personas salieron en un solo día. Luego le siguieron Parácuaro y Apatzingán, entre otros, a los que se le fueron añadiendo más y más. Actualmente el problema está desbordado en municipios como Tepalcatepec. Hay comunidades que fueron totalmente desalojadas como Chila, El Charapo, El Aguaje, Los Chuches, La Limonera.

Muchos de los desplazados han migrado a las cabeceras municipales, otros han salido hacia Colima, Querétaro o bien hacia Tijuana, donde hay más de 1,500 y Ciudad Juárez donde se cuentan por docenas.

El activista dijo que, si bien en los últimos días han bajado las expulsiones, no hay garantía de que no ocurran más.

La otra marcha de Zacatecas

Si bien no existen cifras oficiales sobre el fenómeno de desplazamiento forzado en Zacatecas, algunos cálculos señalan que en esa entidad alrededor de 30,000 personas de 15 municipios que fueron obligadas a salir de sus comunidades en esta ola de expulsiones.

Muchas de ellas se refugiaron en Durango, donde el gobierno de esa entidad anunció medidas para atenderlos. Otras se fueron para Estados Unidos y otras solo alcanzaron a llegar a Ciudad Juárez o Tijuana donde se toparon con la línea internacional y viven en condiciones precarias.

Tan solo en las primeras semanas del año, decenas de familias de al menos 22 comunidades de los municipios de Fresnillo, Valparaíso y Jerez salieron huyendo.

El boletín “situación del desplazamiento interno forzado en México” elaborado por la CMDPDH refiere que en noviembre pasado alrededor de 31 familias fueron desplazadas de comunidades rurales del municipio de Valparaíso, Zacatecas, ubicado en la región limítrofe con Jalisco y Durango.

La escalada de violencia que se vive en esa entidad inició a mediados de 2021, cuando la región se convirtió en escenario de enfrentamientos armados entre grupos criminales rivales, cuyos miembros amenazan, extorsionan y buscan apoderarse de los bienes de la población local.

Además de desplazamientos forzados, la situación de violencia ha ocasionado el cierre de escuelas y clínicas de salud en algunas localidades rurales.

En diciembre, ocurrió otro desplazamiento masivo en municipios serranos de Zacatecas. En esa ocasión, el secuestro y asesinato de tres hombres detonó el desplazamiento de unas 150 familias —alrededor de 700 personas— de diversas localidades de Valparaíso. Muchas de las familias desplazadas se trasladaron a la cabecera municipal, donde recibieron apoyo del gobierno local y de valparaisenses que residen en los Estados Unidos, mediante el préstamo de viviendas, el pago de rentas y la entrega de despensas, cobijas y recursos económicos.

En el municipio de Jerez, al menos 18 comunidades han sido abandonadas por sus habitantes. La segunda semana de febrero, algunas personas regresaron escoltadas por el Ejército, pero sólo para rescatar algunas pertenencias y después, salieron huyendo nuevamente. Lo único que cambió fue que en la huida los acompañó el Ejército.

Año y medio de expulsiones

En Zacatecas, la violencia escaló desde mediados de 2020, cuando inició una guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa, según se puede ver en las marcas que dejan en las paredes agujereadas por las balaceras en los pueblos abandonados.

De acuerdo con el “Análisis de Incidencia delictiva en 2021” del Observatorio Nacional Ciudadano, en Zacatecas se incrementó la criminalidad a finales de 2021: el homicidio doloso se incrementó 41.8%, la extorsión 33.4%, el robo con violencia 18.6% y el robo de vehículo 9.7%.

Destaca que, en los últimos meses, la violencia atribuida a la lucha entre grupos delictivos ha dejado como testimonio público: aproximadamente 40 cadáveres colgados en puentes y árboles en diferentes municipios.

En ese sentido recuerda que el gobernador, David Monreal, en noviembre de 2021, en medio de esta crisis declaró: “se les pasó la mano”, sin ser claro a quién se refería pidió al gobierno federal rescatar a Zacatecas.

El gobierno federal respondió con el Plan de Apoyo a Zacatecas a partir del cual se considera que, desde el 25 de noviembre de 2021, el Ejército y la Guardia Nacional cuenta con 3,848 elementos distribuidos en el centro, el norte y el sur del estado. Pese a la implementación del Plan, la madrugada del 5 de enero, presuntos miembros del CJNG abandonaron una camioneta frente a Palacio de Gobierno con 10 cadáveres en su interior como llamada de atención para el gobernador.

El gobernador David Monreal justificó que la violencia, señala el reporte, es una herencia de sus antecesores, y exclamó, “hay que encomendarnos a Dios”.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de seguridad y Protección Ciudadana del 21 de febrero pasado, Fresnillo zacatecano es el único municipio considerado dentro de los 50 prioritarios en materia de seguridad y si se compara agosto de 2020-enero de 2021 contra agosto de 2021 contra enero de 222 hubo un incremento en homicidios dolosos.

El gobierno ha quedado rebasado

Edgar Záyago Lau, director de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, explicó que las condiciones de violencia que se viven hoy en diferentes regiones de esa entidad se explican por diversos factores, entre los que destacan tres: uno, las condiciones históricas de pobreza y marginación; dos, la situación geográfica estratégica para el trasiego de drogas que tiene el estado, no solo porque comunica al norte con el sur y colinda con varias entidades, sino porque tiene poca presencia policiaca en sus caminos y, tres, la forma violenta en que dirimen sus diferencias los grupos criminales que actualmente se disputan franjas del territorio zacatecano.

Asimismo, llamó la atención en que la escalada de violencia ocurrió justo cuando el anterior gobierno estatal, priista, iba de salida y el actual, morenista, iba llegando. Eso es coadyuvante para que los grupos de delincuentes se reacomoden y su forma de hacerlo es mediante la violencia.

También destacó que la evolución de la violencia en el país va afectando diversos espacios geográficos, generalmente de sur a norte.

Lo preocupante es que ahora se ve una mayor afectación a la población civil producto de la escalada.

El académico recalcó que, mientras exista la demanda de drogas en Estados Unidos, van a existir los incentivos para traficar desde el sur del país hacia esa nación y, si a eso se le suma la permanencia de condiciones estructurales de marginación y pobreza, habrá in círculo perverso que permita que situaciones como la que se padece hoy se sigan presentando.

Záyago Lau remarcó que el desplazamiento forzado por violencia no solo implica privar a las personas afectadas de su modo de vida y paz, sino que implica despojarlas de su sentido de seguridad y resguardo que proveen sus comunidades.

A diferencia de la migración por razones económicas, aquí es una obligación salir porque si no los matan, los secuestran o reclutan.

El problema es que el gobierno ha quedado rebasado, no solo porque no ha sido capaz de generar condiciones de seguridad para que las personas no sean obligadas a salir, sino que no es capaz de garantizar su retorno. Por eso el Ejército y las policías mejor optan por acompañarlos en esa nueva modalidad de marcha que hay hoy en Zacatecas.

diego.badillo@eleconomista.mx