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En prisión por robar $72 en alimentos
Organizaciones plantean sanciones alternativas a la prisión, pues hasta 98% de las internas no tienen antecedentes penales, en su mayoría son pobres y son únicas responsables de mantener a sus hijos.
Casos como la cárcel de Ayutla, Guerrero, donde dos mujeres internas habitan en un espacio improvisado junto con 128 hombres y el de una madre que está en prisión por el robo de alimentos con costo de 72 pesos, además de estadísticas que precisan que 98% de las internas no tienen antecedentes penales y son las únicas responsables de la manutención de sus hijos provocaron que senadores y representantes de la sociedad civil se pronunciaran por un sistema de justicia penal con perspectiva de género y por penas alternativas a la prisión.
Durante el foro Mujeres en el sistema penitenciario: el reto de la justicia con perspectiva de género , realizado en el Senado de la República, Ana Pecova, directora ejecutiva de la asociación Equis Justicia para las Mujeres, dijo: El 98% (de las internas) no tienen antecedentes penales, son responsables de delitos no violentos, mayoritariamente son pobres, con niveles de estudios bajos, a menudo presentan problemas de salud o de salud mental o usan sustancias psicoactivas, cuentan casi siempre con historias de vida marcadas por la violencia y en muchos casos violencia sexual, casi todas son madres y son las únicas cuidadoras responsables de sus hijos .
Agregó que las mujeres encarceladas por los delitos de drogas ocupan los eslabones más bajos de la cadena delictiva, pues aparecen sólo como recolectoras, las que introducen drogas en centros de reclusión o son mulas, es decir, transportan la droga sin saber exactamente el valor de la droga que traen.
En otras palabras, son mano de obra que es fácilmente remplazable por las redes criminales y su encarcelamiento de ninguna manera afecta las dinámicas de narcotráfico , opinó.
Ante senadores, entre ellos el presidente de la Cámara Alta, Roberto Gil, María Sirvent, coordinadora institucional de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, dijo que en México poco más de 13,000 mujeres están privadas de su libertad, pero en condiciones críticas.
Destacó que sólo hay 14 centros penitenciarios para mujeres donde vive 37.17% de la población, el restante está en centros mixtos y existen casos críticos como el Centro de Ayutla en Guerrero, donde dos mujeres habitan en un espacio improvisado junto con 128 hombres .
En el foro organizado por las comisiones de Igualdad de Género y Justicia del Senado, Leticia Bonifaz, directora de general de estudios, promoción y desarrollo de los derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó que hay 7,000 casos de mujeres encarceladas por robar alimentos.
Los robos por hambre han llegado a casos extremos, como el de una mujer que robó cinco productos que sumaban 72 pesos y la fianza que se le pidió fue de 12,500 pesos, contó.
Roberto Gil dijo que las mujeres en muchas ocasiones son inducidas o amenazadas por sus parejas para cometer delitos, pues las utilizan como carne de cañón en las cadenas de delincuencia y especialmente en el narcotráfico .
Dice Luis Raúl González Pérez
Cárcel no es la respuesta contra el consumo de drogas
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, refirió que la cárcel o la estigmatización social no son las respuestas para resolver el problema del consumo de drogas.
Dijo que es momento de discutir el tema de las drogas con responsabilidad y de manera honesta, objetiva, informada, incluyente y con base en evidencia científica con altos niveles de exigibilidad.
Al participar en el simposio Drogas y Criminalidad, en la UNAM, el ombudsman refirió que las personas adictas a estas sustancias no deben verse como delincuentes, sino como un tema de salud pública y seguridad social.
González Pérez dijo que el conocimiento sobre las drogas genera la posibilidad de un mejor entendimiento sobre la problemática, además de generar elementos para la creación de políticas públicas aplicables.
Es un hecho reconocido que diversas drogas, por ejemplo la cannabis, tienen o pueden tener usos medicinales, con lo cual se podrían generar formas alternativas y efectivas a los tratamientos convencionales , expuso el ombudsman nacional. (L. Hernández)
