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Política

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Entre 68 y 75% ve la elección de ministros por voto como opción

Morena presentó una encuesta en donde cerca de la mitad de los sondeados dijo desconocer la propuesta de reforma judicial.

Cerca de la mitad de los entrevistados, a lo largo del pasado fin de semana, dijo desconocer la propuesta de reformar el PJF

Cerca de la mitad de los entrevistados, a lo largo del pasado fin de semana, dijo desconocer la propuesta de reformar el PJFRosario Servin

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, informó que, tras los resultados de las tres encuestas sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), la ciudadanía mostró un respaldo al plan del gobierno de modificar la Constitución.

La virtual triunfadora a la Presidencia en el pasado proceso electoral indicó que entre 68 y 75% de los encuestados respondió que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados y jueces deben ser elegidos por la ciudadanía y 81% que debe haber una reforma al Poder Judicial.

También, el ejercicio demoscópico, que estuvo a cargo de las empresas Enkoll y De las Heras, así como de la Comisión Nacional de Encuestas de Morena, mostró que entre 38 y 44% de las personas consultadas consideró que la mayoría de los ministros, magistrados o jueces son corruptos.

Sin embargo, los resultados, presentados en conferencia de prensa, expusieron que cerca de la mitad de los entrevistados, a lo largo del pasado fin de semana, dijo desconocer la propuesta de reformar el PJF.

Sheinbaum Pardo admitió que "hay algunos que, por interés, no quieren (la reforma al Poder Judicial de la Federación), habrá otros que legítimamente no están de acuerdo con una postura como es la democracia. Otros, legítimamente, tienen una postura diferente, lo cual es parte de la democracia”.

México es un país soberano y las decisiones se toman de manera democrática, con mayorías y minorías, y es positivo que se vea este proceso democrático en acción", explicó la morenista.

Encuesta limitada

Expertos consultados por El Economista expresaron preocupación por lo que consideraron como un ejercicio con limitado alcance y metodología, además de considerarla insuficiente para guiar el cambio significativo que plantea al Poder Judicial de la Federación.

Mariana Campos, directora general de México Evalúa, señaló que la encuesta no aborda la complejidad y diversidad de los 33 poderes judiciales en México, que incluyen 32 estatales y uno federal.

“(La encuesta) quiere resumir y simplemente pone dos escenarios: (elegir a miembros del PJF) por elección del pueblo de México y por el Poder Judicial cuando existen otros entes que pudieran participar en esa elección. Entonces tiene una falsa dicotomía (...) existen muchos escenarios (para elegir) y hay prácticas internacionales recomendadas de cómo funcionan en otros países”, afirmó.

También, en este tema, consideró que “es crucial que la población esté informada sobre los costos y beneficios de cada opción. La encuesta no presenta datos sobre el impacto económico de estas elecciones ni sobre prácticas internacionales que podrían ser más efectivas”.

Por su parte, Velda Galmez, profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, calificó de “interesante cómo se plantea que 3,000 personas pueden representar a toda la población mexicana, considerando las diversas áreas geográficas y diferencias ideológicas. Este número es insuficiente para afirmar que la población apoya tal o cual reforma”.

Además, señaló que existe una falta de representatividad de las minorías en los resultados de la encuesta.

(Se tiene que tomar) en cuenta a todos los que están atendiendo (el PJF), atienden minorías, atienden migrantes, atienden niños, entonces no nada más que tengas 18 años (de edad); de hecho, cuando vemos la cantidad de expedientes que se registran, los menos numéricamente pertenecen a esta población que parecería que podría decidir que puede votar, la mayoría pertenecen a minorías.”, detalló.

José Camacho Vargas, constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, cuestionó la idea de que la elección directa de jueces y magistrados resolvería problemas de corrupción.

"Preguntar a la gente si conoce casos de corrupción en el Poder Judicial no refleja la realidad del Poder Judicial Federal, que no maneja los asuntos cotidianos de la población, como divorcios o litigios entre particulares. La gente asocia la corrupción con los tribunales locales, no con los federales", dijo.

Ya hay fecha

Por su parte, el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dio a conocer que se prevé que la reforma al PJF sea votada en la segunda quincena de agosto, ello luego de que concluyan los foros de consulta en parlamento abierto agendados para el mes de julio.

“Conforme a lo que se apruebe en la Comisión Permanente, el exhorto será atendido por todos los partidos políticos en Diputados, tanto el PRI; PAN y PRD, están a favor de que se amplíe este diálogo y podamos hacer algo de manera civilizada, respetando nuestras diferencias para ir construyendo el diseño del dictamen”, dijo. (Con información de Maritza Pérez)

Admiten riesgo con elecciones de los jueces

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que existen riesgos en la propuesta, que forma parte de la reforma judicial que envió al Congreso de la Unión, que jueces sean elegidos por elección popular.

“Yo sostengo, por ejemplo, que va a ayudar mucho la elección, la pura elección. Se corren riesgos, como en todo, por eso no quieren tanta democracia algunos”, explicó en conferencia de prensa matutina.

Asimismo, señaló que una minoría quiere seguir conservando al Poder Judicial como un “instrumento para proteger sus intereses o para acrecentar sus privilegios”.

Por otro lado, criticó el análisis hecho por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Salen los de la UNAM, claro, con línea seguramente de los directivos a dar su opinión como expertos sobre las 20 reformas que estamos proponiendo (...) Pero yo les diría: ¿qué se tienen que meter”, dijo.

Ante las críticas del Ejecutivo Federal, la UNAM respondió e indicó que el documento elaborado por académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas no representa su posicionamiento.

“En todo caso, los textos reflejan exclusivamente la opinión de los autores. La UNAM convocará en su momento a diversos foros académicos donde se podrá darse una discusión abierta y pluralo”. 

politica@eleconomista.mx

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