Estigmatización y persecución judicial, dos datos aberrantes en la investigación científica mexicana

La relación entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con la comunidad científica y académica está descompuesta. Se ha tornado en un escenario marcado por la confrontación, iniciada desde el discurso oficial; incertidumbre y caos debido a cambios en el marco legal, que todavía no terminan; intervenciones gubernamentales atropelladas; reducción y cambios relevantes en la manera de ejercer el presupuesto, así como una persecución judicial con sevicia.

Al triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018, parecía que el grupo que se aprestaba a asumir el poder en México construiría una buena relación con los hombres de ciencia.

El 22 de agosto de 2018, el entonces presidente electo, se reunió con integrantes de la comunidad científica mexicana. Ahí miembros de alrededor de 100 instituciones le entregaron el documento “Hacia la consolidación y desarrollo de las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024”.

El mandatario electo se comprometió a “garantizar que la aportación en el presupuesto para CTI (Ciencia, Tecnología e Innovación) aumente y que, en el peor de los casos, se mantenga (…), que nunca haya un presupuesto por debajo de la inflación. Ése es el compromiso”, dijo.

Asimismo, afirmó que los científicos y académicos “siempre van a tener en nosotros, aliados. Les vamos a apoyar. Sí, vamos a tomar en cuenta que se incrementen becas para los investigadores, que aumente el número de investigadores”.

Ese día todos aplaudieron entre los muros del Palacio de Minería, donde se encontraron. Sin embargo, ya en el gobierno, el presidente López Obrador etiquetó a los científicos y académicos como un grupo privilegiado y abusivo.

La narrativa escaló. El pasado viernes 24 de septiembre, al abordar el asunto de 31 científicos a los que la Fiscalía General de la República (FGR) quiere meter a una cárcel de máxima seguridad, acusados de delincuencia organizada, el presidente afirmó que parte de los recursos destinados a la ciencia se utilizaron para chóferes, servicio de telefonía celular, compra de bocadillos, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero.

“Era un grupo predilecto de régimen anterior y, entonces, como ya no se puede mantener estos privilegios, ahora se sienten perseguidos”, espetó.

Incluso, cuestionó: “Pregunto a la gente: ¿El combate a la corrupción va a ser selectivo o va a hacer parejo? ¿Vamos a excluir a grupos, a potentados, a las élites, ya sea de la academia, de la ciencia, de la intelectualidad, a las élites económicas, o aplicamos el combate a la corrupción por parejo?”.

En ese tenor va la narrativa. Los señalamientos no se han confirmado, como tampoco se ha procedido legalmente contra alguien que haya resultado responsable del mal manejo de recursos públicos destinados a la ciencia y tecnología vía los fideicomisos que desapareció el gobierno.

Hasta ahora sólo se sabe de los resultados de la auditoría 1/2021 clave 28100, realizada por la Secretaría de la Función Pública a la Unidad de Planeación, comunicación y cooperación internacional / Dirección adjunta de Desarrollo Científico de Conacyt, según la cual, de los apoyos otorgados en el ejercicio 2020, se identificó que 28 becas de la modalidad Becas de Formación, el inicio de vigencia es posterior a la fecha de término del plan y se realizó un “importante pago” fuera del periodo, determinando de tres millones, 183,179 pesos; se realizaron pagos por un monto global de cinco millones 944,208.33 pesos, con presupuesto de 2020 a 71 becas que vencieron en 2016, 2017, 2018 y 2019 y se detectó un pago en exceso de siete millones 440,408.46 pesos de 256 becas nacionales, sin que se acredite debidamente el movimiento de esos recursos.

Alma Maldonado, investigadora de educación superior en el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), expuso que, con la llegada del actual gobierno federal, lo que pasó principalmente fue que cambió la narrativa hacia la comunidad científica. “Es de mucha confrontación, descalificación sobre el trabajo científico”.

Destacó que, si bien en otros sexenios se venían registrando recortes al gasto científico y las actividades académicas, lo que ahora sobresale es un ataque muy fuerte al trabajo que realizan.

“Se nos ha dicho que somos privilegiados, que no tenemos sensibilidad para entender los problemas sociales, aunque, desde luego, también hay científicos sociales”.

Lo grave, señaló, es que “ha llegado a una persecución absurda”, por el tamaño de las acusaciones, que rebasan cualquier investigación sobre el manejo del presupuesto, la cual, recalcó, debe hacerse.

Por su parte, Alejandro Canales Sánchez, integrante del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, dijo que es lamentable que la imagen pública de los científicos y académicos, como de cualquier persona, sea estigmatizada, por lo que sea. “Crea un clima laboral adverso y de enfrentamiento que no contribuye a la producción científica”.

A su vez, Arcelia Martínez Bordón, coordinadora del observatorio de políticas públicas en materia de Educación El Faro Educativo, de la Universidad Iberoamericana, manifestó que es preocupante el discurso del gobierno hacia la comunidad académica y científica.

Destacó que, en el caso de los becarios, se trata de personas que se ganan con su esfuerzo el apoyo, además de que es importante preparar cuadros en diferentes áreas.

Asimismo, expuso que una de las principales problemáticas que enfrentan esas personas es que, al regresar de hacer sus estudios de posgrado en el extranjero, no tienen opciones de trabajo en México. La especialista dijo también que las intervenciones gubernamentales en materia educativa y científica deben hacerse con base en conocimiento, lo cual hoy no ocurre.

Genera caos e incertidumbre cambios en el marco legal

Algo de lo que más preocupa a la comunidad científica y académica del país, es el caos que se ha generado en el sector, a partir del inicio de una serie de cambios en el marco legal, la cual todavía no termina, así como algunas decisiones tomadas por las autoridades.

A la llegada de esta administración, el marco jurídico para esta área estaba basado en la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), publicadas el 5 de junio de 2002  y el Estatuto Orgánico del Conacyt publicado el 9 de diciembre de ese año.

Luego, el 1 de septiembre de 2004 se publicó un decreto mediante el cual se adicionó un artículo a la Ley de Ciencia y Tecnología, según el cual, el monto anual que el Estado-Federación, entidades federativas y municipios, destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley”.

Ya entrado el gobierno del presidente López Obrador, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo de 2019, un decreto que reforma el artículo tercero constitucional y establece que el Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual, deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia”.

El mismo decreto establece que el Congreso de la Unión deberá expedir las leyes generales en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar en el año 2020, lo cual todavía no ocurre.

En el Senado de la República está pendiente la discusión de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que sustituirá a la actual Ley de Ciencia y Tecnología.

El anteproyecto fue presentado por la directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla al presidente Manuel López Obrador en diciembre pasado. Posteriormente, en abril de 2021, se realizaron las llamadas “Jornadas de Reflexión sobre el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación”, en la que investigadores de la UNAM, UAM, ITESM, Ibero, UANL y de la UVM, entre otras, emitieron una declaración en la que se manifestaron por eliminar cualquier discriminación en contra de los investigadores que trabajen en instituciones privadas, incluyendo los estímulos como miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

También pidieron asegurar el financiamiento estable de la CTI, a partir de un porcentaje incremental del gasto público anual, fortalecido con la colaboración público-privada, la formación de redes internacionales y la protección de derechos de propiedad intelectual, poniendo un objetivo temporal a un mínimo del 1% del PIB que señala la ley.

Además, establecer la autonomía de decisión operativa, técnica, administrativa y de gestión presupuestaria de los Centros Públicos de Investigación (CPI) apoyados por Conacyt y garantizar su libertad de investigación, deseablemente mediante la creación de una ley propia que los rija.

El 17 de febrero de 2020 el DOF publicó el acuerdo por el que se expide el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Genera fuertes tensiones desaparición de fideicomisos para la ciencia

El 6 de noviembre de 2020, y luego de una larga discusión que generó fuertes tensiones entre el sector de la academia e investigación científica y el gobierno federal, se publicó en el decreto por el cual se eliminaron 109 fideicomisos entre ellos varios destinados a la ciencia y tecnología. Con ello el gobierno dispuso de 68,500 millones de pesos.

De acuerdo con información de Conacyt esa institución contaba con 91 fideicomisos de los cuales solo tres eran institucionales (Fordecyt, Foins y Foncicyt, 26 sectoriales, 35 mixtos y el denominado Cibiogem y 26 de los centros públicos de investigación (CPI). A todos ellos, entre 2000 y 2018 se canalizaron 63,335.10 millones de pesos.

De acuerdo con la directora de Conacyt, ahí se detectaron uso discrecional, opaco, del presupuesto y dijo que tan sólo de 2013 a 2018, se hicieron transferencias millonarias al sector privado por más de 15,000 millones de pesos, desde esos instrumentos. Conacyt solo se quedó con cuatro fideicomisos.

Sobre el particular, Canales Sánchez recalcó que la animadversión que hay en el sector se explica, en gran medida, por la inestabilidad e incertidumbre en el marco jurídico que rige al sector, así como a la ausencia de un plan que lo oriente. Lo que hemos visto son diferentes modificaciones en ordenamientos secundarios, como reglamentos y estatutos que han creado confusión en la comunidad porque no se sabe qué va a ocurrir con el marco que regula sus actividades profesionales, expuso.

Tal es el caso del reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, que fue modificado en este año, cuando su convocatoria para participar ya había sido emitida con base en las reglas anteriores.

Una situación similar ocurrió con el estatuto del Conacyt, que ha generado desencuentros y manifestaciones de inconformidad, porque se inician proyectos con unas reglas y luego se las cambian. “Vemos un marco inestable para regular las actividades”.

El especialista refirió que el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno federal solo contiene un párrafo sobre el sector científico tecnológico y de innovación. Textualmente dice: “El gobierno federal promoverá la investigación científica y tecnológica; apoyará a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. El CONACYT coordinará el Plan Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional con la participación de universidades, pueblos, científicos y empresas”. El investigador dijo que el problema es que el programa, que debería desprenderse de ese párrafo y que es el Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación, no existe, a pesar de que la ley de planeación lo prevé.

Baja inversión en investigación científica

De acuerdo con información del gobierno federal, durante 2013, el primero del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el gasto total ejercido en Ciencia y Tecnología, fue de 68,316.5 millones de pesos y para 2014 se incrementó a 83,550.0 millones de pesos y para 2018 llegó a 88,389.3 millones de pesos a precios corrientes.

El gobierno del presidente López Obrador ejerció un presupuesto de 88,688.3 millones en 2019 y, para el año siguiente, se elevó a 98,147.6 millones y en 2021 fue de 101,302.6 millones. En estas cifras se incluyen las partidas presupuestales de Conacyt, los Centros Públicos Conacyt, así como las de la SEP, Sener, Sader, SS, SE, Semarnat, SCT, Semar y otros sectores.

En el caso del gasto en investigación científica en 2018, el último del sexenio pasado fue de 72,246 millones de pesos, cifra que cayó a 69,410 en 2019. Para 2020, fue de 69,444 y este año es de 70,906.

Si se analiza el gasto con un poco más de detalle, se observa que, en 2021 se otorgaron 9,840 becas de posgrado menos que en 2020. En 2020 se otorgaron 73,937 y este año 64,097, es decir 13.31% menos. De hecho, si se compara con el número de becados de posgrado de 2018, se observa que en 2021 se concedieron 14,720 menos, un descenso de 19 por ciento.

En cuanto a los proyectos de investigación registrados se observa un descenso de 38%, si se comparan los 18,400 apoyados en 2021 con los 29,290 de 2018.

Incluso, se registra un descenso en el número de personas dedicadas a actividades científicas y tecnológicas apoyadas con presupuesto federal. En 2018, el último de la administración del presidente Peña Nieto había 38,635 y este año hay 33,349, es decir 5,289 menos.

Si se observa la cantidad de presupuesto dedicado a investigación científica y desarrollo experimental, a educación y enseñanza científica y técnica, servicios científicos y tecnológicos e innovación, se aprecia que en 2018 se destinaron 21,348.80 millones de pesos, en 2019 bajó a 19,582.80 millones, para el 2020 fue de 19,847.50 millones y este año subió a 20,189.80 millones, ya lejos de la cifra de 25,1800.5 millones que llegó a tener en 2016, con cifras corrientes.

Las becas para estudiar en el extranjero hoy son menos de la mitad de las que se otorgaban en 2015. Ese año se apoyaron a 5,406 alumnos que salieron del país para ir a estudiar; en 2016, la cifra bajó a 4,865 y para 2018, el último de Peña Nieto, sólo fueron 3,313.

La cifra fue bajando. En 2019, el primero de la administración de López Obrador bajó a 2,722, el año pasado continuó descendiendo a 2,168 y este año se apoyaron a 2,521.

En el caso de las becas para estudiar dentro del país las cifras se han mantenido con pocas variaciones. En 2015 se apoyaron a 51,195 estudiantes; para 2018 la cifra llegó a 52,659 y este año son 51,705.

Donde sí se ve una reducción importante, es en materia de apoyos a investigaciones. En 2013, el primer año del sexenio pasado, fueron 1,501, para 2018, bajó a 138, para 2019, el primero del sexenio actual 1,734, pero para 2020 fueron solo 758 y este año solo 108.

Algo similar ocurrió en materia de acuerdos y convenios de cooperación internacional. En 2013 se apoyaron 26, la cifra subió hasta 77 en 2015, pero, para 2018, bajó a 63 y actualmente solo uno.

En innovación, en 2013 Peña Nieto destinó 1,142.30 millones de pesos, pero para 2018 solo 435 y este año y el anterior no hubo dinero para eso, según el tercer informe del gobierno del presidente López Obrador.

Si se observan las estadísticas del gobierno federal en materia de recursos humanos de posgrados y los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, se aprecia que en el sexenio pasado el número de miembros del SIN pasó de 19,747 en 2013 a 28,633 en 2018, luego subió, a 30,548 en el primer año del sexenio del presidente López Obrador y actualmente hay 35,160.

En cuanto a proyectos de cooperación internacional científica, en 2013 se apoyaron 120, en 2018 bajó a 55 y actualmente sólo a seis.

En este sentido, Alma Maldonado comentó que, desde el inicio de la administración del presidente López Obrador, se notó la reducción en el apoyo presupuestal a los investigadores científicos y académicos, lo cual se reflejaron “desde el día uno” en sus ingresos. Lo preocupante, expuso, es que no está siendo sostenible la investigación, porque no hay apoyos o se redujeron para ciencia básica, por ejemplo, porque bajaron las becas y porque no hay apoyo para el desarrollo de infraestructura.

Es una situación que ha ido escalando: inició con la desaparición de los fideicomisos y luego se siguió con ajustes en los presupuestos de diferentes áreas, refirió.

Desde la perspectiva de la investigadora, la política de austeridad que ha querido utilizar como signo de distinción este gobierno, ha afectado al sector. “Se presume como un gran logro cuando hay sectores estratégicos para el país que no debieran ser afectados por ello como la educación, la salud y la investigación científica”.

Expuso que entre las afectaciones destaca el daño causado al programa de Cátedras Conacyt, que, si bien era un paliativo al problema de no tener plazas para los investigadores, ahora, al reducir el presupuesto, disminuyen las posibilidades de que personas se inserten en la vida laboral y el país aproveche su preparación. “Lo que se está haciendo es dinamitar el futuro de las actividades científicas y tecnológicas del país, que de por sí ya eran precarias”.

Llamó la atención de los becarios Conacyt-Sener, que al desaparecer el fideicomiso los han colocado en el limbo a estudiantes en el extranjero.

En tanto Canales Sánchez dijo que la desaparición de los fideicomisos de Conacyt complicó más la relación del gobierno federal con científicos y tecnólogos. El problema es que en el campo científico y tecnológico eran los instrumentos más importantes para acceder al presupuesto, tanto para centros de investigación, como para becarios de posgrados, indicó.

Para el especialista, el deterioro de la relación con el gobierno tiene su origen en que no se sabe con exactitud lo que quiere hacer el gobierno. Dijo que una prueba de ello es que hay muchos casos en que el proyecto científico no se cerró, pero no existe el fideicomiso que lo hacía posible. Eso ocurre también con el caso de los becarios de Conacyt-Sener que era para apoyar a alumnos mexicanos para que pudieran hacer posgrados en el Reino Unido.

Con la ley (y saña) en la mano

Hace unas semanas, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez orden de aprehensión en contra de 31 científicos y académicos y personal administrativo, con el fin de meterlos a la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Los acusó de lavado de dinero y asociación delictuosa, con base en una denuncia presentada por la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla.

Según la autoridad, el delito se habría configurado al incurrir en peculado y uso de atribuciones al, presuntamente, haber financiado ilegalmente Conacyt al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que es un órgano de consulta permanente de la junta de gobierno de Conacyt.

El problema se convirtió en un escándalo, no solo porque el gobierno tiene la intención de dar a los científicos el mismo trato que les da narcotraficantes o secuestradores (miembros de la delincuencia organizada), sino porque más de uno relacionó el asunto con un pleito entre algunos miembros de la comunidad científica, inconformes porque la actual administración de Conacyt autorizó el ingreso al Sistema Nacional de Investigadores, al fiscal Alejandro Gertz Manero y le dio el máximo nivel, de los tres que hay, cuando por años se le había negado el ingreso por falta de méritos. Incluso salió a relucir una acusación de presunto plagio académico en la que habría incurrido el ahora fiscal cuando escribió una biografía de Guillermo Prieto.

El asunto ha escalado más en el debate público, que en los tribunales, ya que en dos ocasiones un juez ha rechazado judicializar el caso contenido en la carpeta de investigación FEM/FEMDO/UEIORPJAM-CDMX/0000222/2021.

El asunto, con cariz de escándalo, ha generado todo tipo de comentarios y tensiones. El presidente López Obrador dice que “el que nada debe, nada teme”, los inculpados han mostrado su preocupación, académicos, estudiantes y científicos han cerrado filas y expertos en derecho han llamado la atención sobre lo delicado de usar herramientas de excepción con las que cuenta la autoridad para proceder contra la delincuencia organizada, pero para procesar a científicos que habrían hecho mal uso de recursos presupuestales o, como dicen los abogados que saben de estos delicados instrumentos, echar mano del derecho penal para el enemigo del Estado.

Al respecto, la investigadora Alma Maldonado destacó que habría que ver si la FGR está actuando con autonomía; qué tanto tiene que ver el tema del amplio rechazo de la comunidad científica a la inclusión de Gertz Manero como parte del SIN, por las dudas que se tienen a sus méritos por su producción académica.

El asunto no ha terminado, el encono menos, pero hay hechos que aparecen como puntos aberrantes en la investigación científica mexicana.

diego.badillo@eleconomista.mx