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Política

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Evasión, por fallas en justicia

Plantean la necesidad de que se revise el tema del fuero que adquieren con el cargo quienes gobiernan en México.

El problema de impartición de justicia en México así como la segregación en la aplicación de la ley son factores que abonan a sumar políticos de alto perfil señalados de cometer delitos como prófugos de la justicia, coinciden politólogos y analistas nacionales y de Estados Unidos.

Este año Javier Duarte y Guillermo Padrés pasaron de ser gobernadores a sujetos buscados por la ley. Especialistas observan que ello se dio entre acusaciones antañas sobre un presunto mal uso de recursos por parte de ambos.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, relata que organizaciones de la sociedad civil, como la que encabeza, denunciaron desde hace más de cuatro años a Javier Duarte, sin respuesta de los gobiernos federal ni local.

Con dichos antecedentes la ausencia de Duarte tras pedir licencia como gobernador es, para Morera, un cinismo del sistema político mexicano .

La directora de Causa en Común lanzó una pregunta a la Procuraduría General de la República: ¿Por qué no puso un sistema de vigilancia al exgobernador Duarte para que no escapara? .

En tanto, Maureen Meyer, coordinadora del programa sobre México en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés), indica que en este mismo sentido, hasta el momento, no existe énfasis en el gobierno federal de asegurar que no escape un político cuando está bajo un proceso legal.

Señala la necesidad de examinar la figura del fuero, el cual si bien es necesario para evitar acusaciones con intereses políticos, podría explorar modelos para ampliar delitos que causen su cese, así como expandir las capacidades de investigación.

El analista político de la Universidad Nacional Autónoma de México Ulises Corona advierte que la fuga de presuntos delincuentes de alto perfil se debe a que la justicia en el país presenta altos niveles de corrupción e impunidad.

Cifras de impunidad

De acuerdo con el Índice de Impunidad México 2016 (IGI-MEX), elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), la impunidad es un problema generalizado en México, ya que sólo siete de cada 100 delitos son denunciados.

El politólogo del Tecnológico de Monterrey José Fernández Santillán advierte la necesidad de depurar el sistema de contrapesos para, en lugar de fortalecer a personajes políticos corruptos, desecharlos.

En términos políticos, agrega, los personajes corruptos son encumbrados por alguien, por ello agrega Fernández Santillán se requieren contrapesos, para evitar malas prácticas.

En tanto, el abogado Perseo Quiroz, de Amnistía Internacional México, advierte una falta de capacidad de investigación por parte de las fuerzas policiacas mexicanas, situación que permea en casos de altos perfiles prófugos de la justicia.

A lo anterior, indica, se suma la existencia de complicidades que se traducen en altos índices de impunidad.

Lastres para un país

Respecto del problema de malas prácticas en México, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y el ?Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) documentan a través de México: Anatomía de la Corrupción que el cohecho es un lastre por los enormes costos económicos, políticos y sociales que ocasiona en los países que lo padecen con mayor agudeza .

De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción 2013 de Transparencia Internacional, 88% de los mexicanos piensa que la corrupción es un problema frecuente o muy frecuente.

El trabajo del Imco expone que ningún estado se escapa de la corrupción. Las instituciones que se perciben como más corruptas son: partidos políticos (91%); policía (90%); funcionarios públicos (87%); Poder Legislativo (83%), y Poder Judicial (80 por ciento).

Finalmente, el estudio pormenoriza que sólo 2% de los delitos de malas prácticas es castigado, siempre los cometidos por mandos inferiores.

Además, de las 444 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación desde 1998 hasta el 2012, sólo siete fueron consignadas, es decir, 1.5 por ciento.

ana.langner@eleconomista.mx

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